El pasado 12 de octubre, y como parte de una jornada continental contra el Alca y el TLC, un número sin precedentes de colombianos llenamos las calles y las plazas de Bogotá y de las capitales de departamento de Colombia. En el país la movilización también rechazó el proyecto de reelección de Álvaro Uribe Vélez y las reformas pensional y tributaria en trámite en el Congreso. Pero a pesar de este descontento, expresado en forma creciente desde tiempo atrás, o mejor, seguramente por ello, el ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, planteó un "Acuerdo político entre el gobierno nacional y los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso de la República sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio" con Estados Unidos. De la propuesta salen varias conclusiones. Por fin el gobierno reconoció de manera expresa que ha venido adelantando el más profundo cambio económico y político que se le haya planteado a esta nación desde 1819 sin respaldo de nadie distinto del propio uribismo representado en el poder Ejecutivo, aunque también es notorio que entre sus propias filas aumentan las voces que critican o se oponen al TLC. Aceptó también que ni siquiera la supuesta "participación" del Congreso en el proceso, de la que Botero ha alardeado tanto, ha ocurrido en realidad. Y, como se sabe, todavía menos se ha tenido en cuenta la opinión de las organizaciones de los trabajadores y de la inmensa mayoría de las agrarias. Que sólo hasta ahora se proponga un "acuerdo" en el Congreso sobre un tratado de tal calibre, cuando faltan apenas nueve días de negociaciones efectivas y ya sus principales lineamientos están definidos, muestra que lo que se intenta es burlar a los parlamentarios y a sus organizaciones políticas, aparentando que el tratado que tienen decidido sí fue discutido con toda la nación, y así amarrar desde ahora su ratificación en la Cámara y el Senado. Es bien probable que esa astucia de última hora tenga que ver con el crecimiento de la oposición al TLC y a las mayores concesiones del gobierno ante cada exigencia estadounidense durante la negociación. Fueron tan graves las declaraciones del presidente Uribe Vélez en el foro organizado por El Tiempo y Unión Fenosa, que la Federación Nacional de Cerealeros, Fenalce, le escribió al jefe del Estado solicitándole "una declaración pública que rectifique las determinaciones adoptadas". Y no es para menos. Porque ese día anunció que su gobierno había aceptado el mantenimiento de los subsidios agropecuarios de Estados Unidos, el desmonte del Sistema Andino de Franjas de Precios que protege al agro nacional de las importaciones subsidiadas y la importación sin arancel de dos y medio millones de toneladas de maíz y uno y medio millones de toneladas de trigo. En su reclamo, Fenalce también denunció cómo, mediante el más descarado dumping, arruinarán a las 18 mil familias sobrevivientes en el cultivo de trigo en Colombia, pues los estadounidenses lo exportan a 113 dólares la tonelada a pesar de que les cuesta 195 dólares producirlo, mientras el costo del nacional es de 160 dólares la tonelada. Tras su lenguaje melifluo, en el acuerdo propuesto se descubren dos tipos de párrafos. Unos, de simple demagogia, porque en los hechos se generarán efectos contrarios a los que se anuncian, como el que reza que el Tratado "tendrá repercusiones económicas y sociales importantes, especialmente en materia de desarrollo, generación de empleo y aumento del bienestar para el pueblo colombiano". Y otros, que ocultan lo que quieren decir, como el dedicado a santificar los tribunales internacionales de arbitraje que sustituirán la justicia nacional en favor de las transnacionales, y que dice así: "Con respecto a los temas de solución de controversias e instrumentación del TLC, Colombia deberá velar por la negociación de normas que no sean discriminatorias, que favorezcan las decisiones en derecho y que permitan la resolución de disputas de manera oportuna, transparente, equitativa y razonada, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo". ¡Qué tal la palabrería para ocultar lo que se pretende! Bogotá, 25 de octubre de 2004.