A modo de Introducción Este documento pretende sintetizar las ideas fundamentales del trabajo "La nueva ratio productiva", elaborado por Roland Denis, quien recientemente fue encargado por el ministro de Planificación y Desarrollo, Felipe Pérez, para encabezar el equipo de la Coordinación de Economía Social del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Tal como señala el autor, las propuestas aquí establecidas buscan introducir el tema de la Economía Social o Solidaria al debate con todos los actores sociales interesados en participar en la construcción de un campo de desarrollo alternativo que nos permita llevar hasta la esfera económica los ideales sobre los cuales ha avanzado la revolución bolivariana. Denis señala que si queremos ayudar a construir un mundo distinto, es fundamental que se generen propuestas teóricas y experiencias reales en el plano material y productivo de la vida, que involucren a un inmenso contingente de la población excluida, y tal es la misión en la cual pretende colaborar la Coordinación de Economía Social del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Sobre la Economía Social como nuevo modelo de desarrollo "desde abajo" Dada la dificultad inicial de establecer un concepto unívoco de "economía social", empezaremos por señalar qué no es la economía social: no constituye un modelo acabado que podría encerrarse dentro de lo que tradicionalmente se ha definido como economía solidarias o sociales, cuyas formas institucionales más conocidas son las cooperativas, microempresas, empresas mutuales, etc. La noción de economía social va más allá de esto, ampliándose a todas aquellas prácticas sociales reales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que en la práctica ya configuran un universo productivo de distintas formas de economía de subsistencia, hasta lugares de asociación y solidaridad entre individuos. Así, en un primer intento de aproximación conceptual, podemos decir que la economía social es una economía alternativa, en la que privan las prácticas democráticas y autogestionarias, de trabajo asociado y no asalariado, donde la propiedad sobre los medios de producción es fundamentalmente colectiva, centrada en el reparto igualitario del excedente, solidaria con el entorno social en que se desarrolla, y aferrada a su propia autonomía frente a los centro monopólicos de poder. El problema planteado es cómo viabilizar las potencialidades de este esquema económico alternativo -hasta ahora excluido, marginado o apropiado por los agentes estatales y privados gobernantes-, con la finalidad de efectuar un profundo proceso de transformación de la realidad económica nacional –cuyas consignas actuales son el individualismo y la ganancia especulativa-, hasta lograr hacer de ella un espacio para el desarrollo material y cultural de la democracia participativa. Ante el fracaso del esquema neoliberal de desarrollo, que no ha podido ni podrá resolver problemas como la pobreza extrema y la marginalidad, se impone la apertura de nuevos espacios y niveles de articulación, en los cuales la economía social puede jugar un papel socialmente equilibrante. Se trata de abrir paso a un modelo económico asociativo y autogestionario de desarrollo "desde abajo", en el que la economía social adoptaría un lugar prioritario, posibilitando la superación de la pobreza a través de la creación de condiciones para que las grandes mayorías excluídas se conviertan en agentes soberanos y protagónicos del proceso productivo de la vida social. La tensión entre el rol del Estado y la autonomía en la economía social Por mandato constitucional (artículos 70, 112, 118, 184 y 308 de la Carta Magna), el Estado tiene la obligación de impulsar la economía social mediante varios mecanismos, entre ellos los siguientes: la facilitación de recursos de financiación, estableciendo puentes con otros organismos de financiamiento nacional y mundial, estimulando la utilización de la demanda del Estado y promoviendo nuevos mercados nacionales e internacionales cónsonos a la naturaleza de la economía social, con apoyo a nivel pedagógico, comunicacional e investigativo, y definiendo el lugar estratégico que pueda jugar la economía social dentro de los planes de desarrollo de la nación. A pesar de ello, debe aclararse que la economía social es un sistema autorreferencial y autónomo del Estado en tanto instancia de gobierno. No hay aquí una contradicción, sino que en la nueva República Bolivariana el Estado está emplazado a desconcentrar sus propias funciones y delegarlas hacia los espacios de organización del poder popular o ciudadano. Se trata de un proceso complejo –enmarcado en lo que se ha caracterizado como proceso popular constituyente- en el cual se van conformando, tanto en la sociedad como en el Estado, instancias a través de las cuales el poder gubernamental es delegado y convertido en una dimensión dinámica de cogobernabilidad o gobernabilidad social. Ejemplos concretos de este proceso son las nacientes redes pedagógicas, comités de tierra, asambleas populares, comités locales de desarrollo, contralorías sociales, consejos de trabajadores y campesinos, y un largo etcétera, al cual toca ahora agregar la economía social y todas sus posibilidades. En este sentido, se hace necesario construir instancias ligadas directamente a la economía social que puedan jugar ese papel dual como instancias de articulación entre sociedad y poder gubernamental delegado, siendo al mismo tiempo espacios de poder ciudadano y popular. Nuestra propuesta es que este papel, superior al de las empresas de carácter asociativo que constituyen el tejido mismo de la economía social, sea asumido por instancias de síntesis que denominamos Comunidades Autogestionarias de Base (CAB), y que tienen la posibilidad de masificar el espacio de la economía social, articulándose en redes sociales de producción, distribución y consumo. Comunidades Autogestionarias de Base y Redes de Economía Social y Alternativa Tentativamente, definimos en principio una Comunidad Autogestionaria de Base (CAB) como una suma de experiencias e intereses colectivos que tienen la posibilidad de desarrollar una realidad productiva, distributiva y de consumo basada en la propiedad colectiva, la acción económica solidaria y el interés social. Son comunidades de libre participación cuya función de partida puede ser la de incentivar en forma planificada y consensuada la pequeña iniciativa microempresarial, asociativa o cooperativa, o la articulación de la experiencia ya acumulada en cualquiera de estos campos que es necesario potenciar, así como la reapropiación colectiva de medios de producción ociosos en manos del gran capital. Sin embargo, esto sólo se hará después de un debate respecto a las necesidades y potencialidades de conjunto que existen dentro de la realidad social de la cual nace una determinada CAB, pues de lo que se trata es que exista un poder social participativo con capacidad de indicar el camino para la multiplicación de experiencias solidarias estrechamente articuladas. Una CAB no debe confundirse con una suma de empresas asociativas, sino que es una promotora de ellas, que cumple funciones de estímulo, formación, investigación, comunicación, planificación y de intermediación para la consecución y dotación de los recursos físicos y financieros necesarios para el desarrollo de un espacio determinado de economía social. Además, en tanto formada también por agentes de consumo, ejerce la indelegable y fundamental función de control social sobre esas empresas, cuyo ejercicio debe responder a las necesidades y criterios establecidos colectivamente. Las CAB se organizan fundamentalmente desde cuatro espacios: 1) territorios locales, de los cuales se derivan tareas propias de toda comunidad; 2) territorios transversales a distintas realidades locales que las involucran a todas (economías de género, de jóvenes y niños, de buhoneros, comunicacionales, etc.); 3) aquellas que se organizan para facilitar la movilización de contingentes sociales hacia otros territorios donde podrán desarrollar una experiencia de trabajo solidario (saraos, etc.); 4) aquellas que se establecen sobre territorios virtuales, destinadas a gestionar el uso de los bienes y servicios inmateriales que hoy son fundamentales a toda economía, principalmente conocimientos, sistemas informáticos e instrumentos de comunicación. Para que esta iniciativa pueda convertirse en postulado central del proceso de transformación socio-económica del país, tenemos que forzar la mirada hacia una realidad ampliada, en la que se articulen extensas zonas de producción, distribución-mercadeo y consumo, que en suma constituyan la base para la construcción de un amplio sistema de economía social. Estaríamos hablando de un flujo de capital y mercado estructurado en redes sociales de interacción y solidaridad, que conceptualmente denominamos Redes de Economía Social y Alternativa (RESA). Estas redes no están atadas a la sola racionalidad de mercado, sino que constituyen el principio de una economía soberana y con posibilidades de autogobernarse, generando las bases para el desarrollo de un mercadeo asociativo y cooperante que ayudará a derrotar la especulación y a promover una economía transparente. La economía social y los nuevos criterios de rentabilidad Para la evaluación de los éxitos o fracasos de este proyecto, no podemos caer en la trampa de aceptar los parámetros de medición de eficiencia y rentabilidad que impone el orden imperante actual. Las estructuras globales de dominio han venido transformando el tema de la eficiencia en nuevo principio inquisidor de la experiencia humana, convirtiéndolo en un filtro por medio del cual se revientan millones de iniciativas que guardan un extraordinario potencial transformador. Es este un mundo en el cual sólo la gran empresa corporativa cumple con estos parámetros, diseñados a su gusto y medida, pero en el cual no se puede explicar, entonces, por qué esta reglamentación dominante no ha conseguido aproximarnos aunque sea un poco a los ideales de felicidad humana. Entonces, desde el espacio de la economía social deben establecerse nuevos parámetros frente a la racionalidad tecnológica, mediante los cuales la relación entre recursos y esfuerzos invertidos y los frutos concretos de determinada experiencia, puedan ser evaluados bajo criterios universales de rentabilidad que permitan establecer un equilibrio general de resultados que trascienda el conservadurismo político, el productivismo ciego y la no-responsabilidad ante el interés social, es decir, debe ser la rentabilidad la que se someta a los máximos fines de bienestar humano y no al revés. Como un primer intento de sistematización, se propone la adopción de los siguientes criterios para evaluar la rentabilidad de una determinada experiencia de economía social: 1) Productiva: su capacidad de competir en el mercado y dejar un saldo de redistribución, aceptando que tenemos que incentivar dentro de la economía social modelos de eficiencia; 2) Societaria: su capacidad para responder a las necesidades sociales reales de una comunidad o el conjunto nacional, integrando el mayor número posible de ciudadanos a su proceso y abriendo las compuertas para reproducir su experiencia participativa. Este criterio remite a las posibilidades de ofrecer nuevos índices de convivencia, de goce colectivo, de relación entre el hombre y la naturaleza, de relaciones que indiquen nuevos caminos societarios por dónde construir nuestro destino. Estrategia y Constituyente Autogestionaria Porque es necesario generar un espacio integrador de todos los agentes interesados en promover este modelo alternativo de desarrollo, se requiere un proceso constituyente organizado federalmente que pueda dar cuenta de la magnitud de la tarea, debatiendo la pertinencia de estas ideas y poniéndolas a prueba. Tal estrategia, como proceso popular y en manos fundamentalmente de todas las organizaciones de base y espacios cooperativos existentes y abiertos a estas ideas, necesita de un esquema común de etapas constitutivas que podrían ser evaluadas y procesadas en conjunto. Entonces, proponemos las siguientes etapas para el Proceso Constituyente Autogestionario: 1. Encuentro y diagnóstico concreto participativo: ¿Qué hacemos? ¿Qué sabemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué buscamos? 2. Visualización del proyecto posible y apertura de nuevos horizontes que fortalezcan y multipliquen los potenciales económicos existentes. 3. Diseño de estrategias de desarrollo, solucionando los aspectos socio-organizativos, de producción y mercadeo, institucionales, financieros, etc. 4. Activación de la experiencia existente, potenciada dentro del encuentro de comunidad. 5. Balance de primeros escalones alcanzados. 6. Paso a la integración de redes (RESA), clarificación de modelos comunicacional y formativo, coordinación de experiencias, diseño del flujo de financiamiento, investigación de mercados, etc. (Venezuela - 28 Aug 2002)