Análisis desde una perspectiva de género
Las propuestas estadounidenses para el ALCA
23/02/2001
- Opinión
(La sociedad civil de las Américas ha exigido repetidas veces que las
negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) deben ser
públicas, no clandestinas. En los hechos, la información accesible sobre las
mismas es casi nula, pese a que faltan pocas semanas para la Cumbre de Québec
(20-22 de abril), donde los gobiernos del hemisferio posiblemente concretarán
los acuerdos al respecto. Ante las presiones ciudadanas y de miembros del
Congreso, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR, por sus
siglas en inglés) publicó un resumen de las posiciones estadounidenses frente al
ALCA. El texto que reproducimos aquí es parte de un análisis de este resumen,
difundido por la "Alliance for Responsible Trade" de EE.UU., una coalición
nacional de instancias que promueven el comercio justo y sustentable.)
Si bien la liberalización del comercio tendría un potencial para sacar a las
mujeres y sus familias de la pobreza, no tendrá este efecto a menos que los
acuerdos se dirijan específicamente al impacto de sus políticas en las mujeres
pobres e incorporen los cambios necesarios para asegurar que el comercio actúe
como herramienta para lograr el desarrollo sustentable, y no como un fin en sí
mismo.
Las propuestas estadounidenses de negociación para el ALCA desconocen el impacto
de la liberalización del comercio en las mujeres que viven en condiciones de
pobreza en la región. Las propuestas que EE.UU. ha presentado son susceptibles
de incrementar la carga de trabajo de las mujeres y empeorar su nivel de vida.
Pese a que un documento recientemente aprobado por el gobierno de EE.UU. convoca
a las agencias a "promover la amplia recolección y uso de estadísticas del
mercado laboral, desglosadas por sexo, y que todas las agencias que hacen o
influyen en las políticas hagan análisis de género de los impactos" (1), la
política comercial estadounidense descuida los asuntos que conciernen a las
mujeres, aún cuando la industrialización global "está orientada tanto por las
mujeres, como por las exportaciones"(2).
Las siguientes secciones destacan las posibles consecuencias de las propuestas
de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., (USTR por sus siglas en
inglés), para la condición de las mujeres y la problemática del desarrollo en la
región.
Agricultura
La propuesta sobre agricultura se destaca, más que nada, por lo que omite: eso
es, el tema de la seguridad alimentaria. A pesar de haber liberalizado el
comercio de productos agrícolas en el marco de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), muchos países han visto un incremento de la pobreza rural. El
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) publicó un informe que
demostró que, pese al crecimiento macroeconómico positivo, la pobreza rural ha
crecido del 10 al 20% en los últimos tres años en diversos países
latinoamericanos (3).
De acuerdo al estudio, más de 90 millones de agricultores latinoamericanos y
caribeños viven por debajo del nivel de pobreza, mientras que 47 millones viven
en la miseria. El informe nota que de 8 a 10 millones de hogares de la región
tienen como jefa a una mujer; de dos a tres millones de mujeres están empleadas
como jornaleras estacionales, y de 30 a 40 millones de mujeres son responsables
ante su familia de las actividades agrícolas o de pequeñas industrias rurales.
Las jornaleras estacionales son susceptibles de ser más pobres que otras, y
compiten entre ellas por el empleo, lo que redunda en una rebaja de los
salarios. Es más, el trabajo eventual o estacional de los pobres significa que
ellos pasan más tiempo buscando trabajo que los no pobres; si bien se encuentran
mucho menos tiempo en desempleo prolongado.
El documento "Alternativas para las Américas" (4) recomendó que "en las
negociaciones de los acuerdos internacionales de comercio, ellos (los países)
deberían tener el derecho de proteger o excluir alimentos, como el maíz, que
conforman la dieta básica de su población". Tanto los organismos de la sociedad
civil como los negociadores comerciales (con referencia al acuerdo de la OMC
sobre agricultura) han propuesto un componente de desarrollo/seguridad
alimentaria que "protegería y mejoraría la producción de alimentos de los países
en desarrollo; incrementaría la seguridad y accesibilidad alimentaria,
especialmente para los más pobres; protegería a los agricultores... de la
ofensiva de importaciones baratas; y daría flexibilidad para otorgar los apoyos
necesarios al pequeño agricultor". (5) Sin embargo, las posiciones
estadounidenses no incluyen ninguna medida de apoyo para mejorar la seguridad
alimentaria ni para un componente de desarrollo. Es improbable que EE.UU. hará
concesión alguna en cuanto a su apoyo a sus propios agricultores. Los
negociadores de la USTR deberían permitir que otros países extiendan un apoyo
similar a sus agricultores.
Adquisiciones gubernamentales
La propuesta de la USTR sobre las adquisiciones gubernamentales no prevé
excepciones para las empresas cuyas dueñas son mujeres, como lo recomendó un
grupo diverso de organizaciones de mujeres. En EE.UU., muchas pequeñas empresas
de mujeres han podido beneficiarse de medidas de excepción e incentivos
gubernamentales. Estas reglas internas alentaron a las agencias del gobierno
federal a comprar un cierto porcentaje de sus productos y servicios a empresas
de mujeres, las cuales han tenido menor acceso a tales contratos que las
empresas cuyos dueños son hombres. En 1998, más del 50% de los contratos
gubernamentales otorgados a empresas de mujeres fueron a empresas pequeñas en
manos de mujeres de color. Todavía existe la posibilidad de que una cláusula
especial, para las empresas cuyas dueñas son mujeres, sea añadida durante las
discusiones sobre la contratación y acceso al mercado. No obstante, en una
reciente conversación, el negociador del ALCA dijo que EE.UU. no tiene prevista
tal cláusula en este momento. En EE.UU. y otros países, las mujeres dueñas de
empresas tendrán mayores dificultades en competir en los negocios.
Adicionalmente, en la sección de Calificaciones, EE.UU. propone que los
gobiernos consideren "las actividades globales y experiencia del proveedor".
Esta frase indica que los gobiernos deberían otorgar contratos a las
corporaciones multinacionales y globales antes que a los proveedores locales (o
por lo menos dar preferencia a las empresas globales sobre las locales). Esta
frase discrimina a los proveedores nacionales y locales y específicamente a las
empresas de mujeres, porque muy pocas mujeres tienen acceso al crédito,
tecnología e información necesarias para desarrollar compañías globales. EE.UU.
ha dicho que quiere que el proceso sea abierto y competitivo, sin embargo esta
inclusión sugiere que las grandes empresas deberían tener consideraciones
especiales.
Propiedad intelectual
La propuesta estadounidense no trata el tema del conocimiento
tradicional/indígena. Las organizaciones de la sociedad civil han sugerido que
la USTR debería defender la primacía de la Convención sobre Biodiversidad (CB)
por encima de otros regímenes de los derechos de propiedad intelectual (DPI).
La CB reconoce que los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos
biológicos y permite la protección de los conocimientos y derechos indígenas.
En septiembre pasado, los negociadores de la USTR anunciaron su intención de
considerar que las patentes puedan proteger el conocimiento
tradicional/indígena. Al excluir este tema del resumen de la propuesta, la USTR
señala que el ALCA no va a otorgar a las comunidades locales la protección legal
para prevenir que las corporaciones obtengan patentes mundiales, y por lo mismo
derechos exclusivos de mercadeo, sobre técnicas artesanales tradicionales,
conocimientos de plantas u otros haberes comunitarios. En "Alternativas para
las Américas", se formularon recomendaciones para extender la protección legal a
artistas, escritores, artesanos y otros trabajadores/as culturales. La
propuesta estadounidense no hace ninguna mención del apoyo a tales esfuerzos.
Las artesanas que confeccionan y venden sus textiles, joyas y cerámicas, local y
globalmente constituyen el 70% de los artesanos en América Latina (6). En los
EE.UU., los artesanos y curanderos nativos, como también los artesanos
folclóricos tradicionales, podrían ser afectados, por lo que sus diseños y
métodos no puedan ser protegidos.
Servicios
La propuesta estadounidense sobre servicios parece promover una agenda pro-
privatización, pese a la afirmación contraria en el resumen. Los organismos de
la sociedad civil recomendaron que los negociadores excluyan la salud,
educación, energía y agua del acuerdo de servicios. No obstante, EE.UU. no
propuso una cláusula especial sobre los servicios sociales básicos. Más bien se
apoyó en la exención para servicios gubernamentales incluida en el GATS, de por
sí bastante defectuosa, la cual, en una lectura llana, parece excluir los
cuidados de salud y la educación.
El sector de servicios públicos ha sido asociado con empleos más calificados y
mejor remunerados para las mujeres. Las mujeres han trabajado como enfermeras,
médicas, administradoras, profesoras y trabajadoras sociales. La privatización
de los servicios sociales ya ha sido impuesta en muchos países endeudados, a
través del FMI y del Banco Mundial. Estos planes de privatización han afectado
desproporcionadamente a las mujeres. Las trabajadoras han sido las primeras en
ser despedidas bajo la privatización. En 1991, después de que Nicaragua aceptó
un plan de privatización del FMI, fueron despedidos trabajadores estatales,
particularmente en los sectores de salud y educación. Más del 70% eran mujeres
(7). Los nuevos empleos en el sector de salud y educación tienden a implicar
salarios más bajos y condiciones de trabajo cada vez más eventuales, temporales
o contractuales, con pocos beneficios (8).
La propuesta estadounidense de servicios podría profundizar y ampliar los
efectos negativos para las mujeres. Es más, privatizar los servicios básicos
afectará a las consumidoras, que tienen que recortar las visitas al médico, la
enseñanza u otras necesidades básicas, si los costos suben demasiado. El agua
podría ser privatizada como parte del ALCA, lo cual tendrá serias implicaciones
para las mujeres y los niños. En muchos países, las mujeres y niñas pasan un
estimado de 40 mil millones de horas cada año cargando agua desde fuentes
distantes y frecuentemente contaminadas. Si el precio del agua es demasiado
alto para las familias pobres, como resultado de las privatizaciones, las
mujeres bien podrían terminar racionando el agua para sus familias, o sino
sustituyendo el agua limpia por agua insalubre cuando sea necesario. El agua
impura es una de las principales causas de la mortalidad infantil y las
enfermedades en los países en desarrollo. La reciente privatización del agua en
Cochabamba, Bolivia, impulsada por el FMI, obligó a una madre de cinco niños a
escoger entre el agua y la comida, cuando su factura mensual de agua se elevó de
US$5 a US$20 (9). Ese incremento de US$15 equivalía al costo para alimentar a
su familia durante una semana y media. Para pagar su factura de agua, tuvo que
reducir los gastos de comida y vestimenta para su familia.
* Marceline White es integrante de Women's Edge
Notas:
1 El Consejo Interagencia sobre Mujeres del Presidente "Women in the Global
Economy: Framework for USG Participation in International Fora," Septiembre 21,
2000.
2 Oloka-Onyango, J. y Deepika Udagama "The Realization of Economic, Social, and
Cultural Rights: Globalization and Its Impact on the Full Enjoyment of Human
Rights," informe preliminario entregado a la Sub-Comisión sobre la Promoción y
Protección de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social de la ONU, junio 15,
2000, pag. 13.
3 International Food and Agriculture Development (IFAD), http://www.ifad.org
4 Alternativas para las Américas: Hacia la construcción de un acuerdo
hemosférico de los pueblos, documento de trabajo de la Alianza Social
Continental.
5 Agreement on Agriculture: Special and Differential Treatment and a
Development Box, Proposal to the June 2000 Special Session of the Committee on
Agriculture by Cuba, Dominican Republic, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua,
Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka, and El Salvador, World Trade Organization,
G/AG/NG/W/13, 23 June 2000.
6 "The Craft of Sustainable Development," Americas, Washington: Organización de
Estados Americanos, 1999.
7 Wiegersma, Nan "State policy and the restructuring of women's industries in
Nicaragua," in Aslanbeigui, Nahid, Steven Pressman, y Gale Summerfield, Women in
the Age of Economic Transformation, Routledge Press; New York, 1994.
8 Public Services International, "The WTO and the General Agreement on Trade in
Services: What is at stake for public health?," junio 1999.
9 Schultz, Jim "Bolivia's War on Water" The Democracy Center
http://www.democracyctr.org
(Traducción libre del inglés a cargo del Área Mujeres de ALAI)
https://www.alainet.org/de/node/105098?language=en
Del mismo autor
- El ALCA desde una perspectiva de género 01/03/2001
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