El Salvador

Asamblea dará 'tiro de gracia' a ley de lavado

David Ernesto Pérez

17/10/2013

Opinión

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Diputados rechazan incluir literalmente como sujetos de control a partidos políticos

Aunque no fueron aprobadas en la sesión plenaria de ayer de la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Funes y ARENA han coincido en un tema: que en las reformas a la ley contra el lavado de dineros y activos sean incluidos como sujetos de investigación los partidos políticos. El principal partido opositor cree que si no entran se desatenderán las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el cuerpo normativo quedará prácticamente anulado; el Frente Farabundo Martí (FMLN) y Gran Alianza por la Unidad (GANA) creen que un articulado generalizado es suficiente para combatir dicho delito que suele estar vinculado al narcotráfico y a la corrupción.

Según el diputado Sigifredo Ochoa Pérez las menciones directas en la ley obligarían a una lista interminable que, en un caso hipotético puede servir de escape legal a favor de una profesión u oficio que no sea mencionada. “Cualquier abogado puede alegar que su cliente no está en el listado”. La solución a los nombres y apellidos es “todas las personas naturales y jurídicas”. “Podíamos hacer un listado infinito”.

Actualmente el artículo 2 de la ley establece como sujetos de aplicación a los bancos nacionales y extranjeros; financieros; casas de cambio y corredoras de bolsa; importaciones y exportaciones de productos; insumos agropecuarios y vehículos nuevos; sociedades e intermediarios de seguros; casinos y casas de juegos; comercio de metales preciosos; transacciones de bienes raíces; agencias de viajes, transporte aéreo, terrestre y marítimo; agencias de envío y encomiendas; constructoras, agencias privadas de seguridad y hoteles.

La nueva redacción reduce la lista de trece instituciones obligadas a una figura general: toda persona natural o jurídica legalmente inscrita bajo las leyes de la República de El Salvador o que posean registros legales de otros países, tengan o no relaciones diplomáticas con el país; quedan además sujetos a la ley las organizaciones que desarrollen actividades legales o formales ya sea en las áreas comercial, financiera, inversión, desarrollo, política, deportiva, de asistencia social o socorro.

“Complican la situación. La ley pierde los dientes y vamos a quedar expuestos al lavado de dinero. Puede ser que un fiscal diga que lo va a tomar en cuenta o no, queremos que queden establecidos en la ley (partidos). Es justo cuando un montón de países están lavando dinero. Se le está dando un tiro de gracia a la lucha contra el lavado”, criticó el diputado Ernesto Angulo Milla, de ARENA.

Son quince las reformas que el Poder Legislativo están planteando, entre estas también destaca la del artículo 9 el cual actualmente manda a informar por escrito o medio electrónico a las entidades obligadas que hagan cualquier transacción financiera que exceda los 500 mil colones ($57.mil142) siempre que hubiere los elementos de juicio para considerarlas sospechosas; la nueva redacción ordena que se reporten las operaciones sin importar si sos sospechosas. El plazo máximo es de cinco días y deberá notificar a la Unidad de Investigación Financiera (IUF) de la Fiscalía General. Agrega, además el literal B que manda a que los sujetos de control financiero establezcan políticas internas de identificación de las personas naturales o jurídicas que realizan transacciones públicas y privadas.

Sobre este punto, el diputado derechista ha señalado que las personas que lavan dinero no lo hacen a través del sistema financiero porque “deja huella”, por lo que la nueva obligación únicamente engrosaría el trabajo de la UIF.

El parlamentario oficialista Benito Lara explicó que el no incluir a personas ni entidades especificas es para no criminalizar: “No es posible que nosotros estemos criminalizando profesiones. Una persona que estudie cinco años para ser abogado y cuando obtiene su título va a ser igual a delincuente pues no puede ser, eso no es correcto. No es una reforma simple y sencilla. No podemos criminalizar organizaciones ni personas jurídicas”.

Viernes, 18 Octubre 2013

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