Por un agro sostenible

01/10/2013
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La empresa de planificación de la capital de Brasil, Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) realizó recientemente un ciclo de debates sobre Agricultura y Reforma Agraria, con la participación de expertos, técnicos y representantes de los movimientos sociales del campo (campesinos), dónde fueron discutidos temas como el desarrollo, sustentabilidad, la pobreza, políticas sociales, seguridad alimenticia, el agronegocio (agrobusiness), exportaciones, agricultura familiar y asentamientos.
 
A parte de las políticas sociales en curso, que referencian el país en relacióna la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales, el programa social brasileño “Brasil Sin Miseria” implementado por el gobierno federal, debería incluir entre sus prioridades la Reforma Agraria como herramienta estratégica de inclusión productiva, reducción de las desigualdades, garantía de la seguridad alimenticia y promoción del desarrollo sostenible en el medio rural brasileño.
 
Las acciones que llevarían a cabo la reforma agraria, que andan desaparecidas, no dispensan, sin embargo, el concurso de políticas públicas como educación, formación profesional, investigación, asistencia técnica, salud, habitación, asistencia social y el entretenimiento. En ese sentido, algunas acciones, entre otras, deberían ser priorizadas para el medio rural: manutención e implantación de Escuelas en el Campo, crear Centros de Referencia de Asistencia Social (Cras), direccionada a atender a las demandas de la populación rural en sus locales de residencia y trabajo, así como la organización de asistencia técnica pública para la agricultura campesina.
 
En Brasil, la concentración fundiaria es una de las más elevadas del mundo. Según la Constitución Brasileña (art. 5º, inciso XXIII), la propiedad – en su totalidad - debe cumplir una función social, siendo que en el medio rural no se restringe a su función productiva. La Carta Magna (art. 186) dispone sobre los requisitos de esa función social – económicos, sociales y ambientales - que deberán ser simultáneamente obedecidos por las propiedades rurales, bajo pena a susceptibles desapropiación para el interés social con fines de reforma agraria, con indemnización de la tierra paga en títulos de deuda agraria.
 
Por otro lado, quedan evidenciadas las contraindicaciones del modelo agrícola centrado en el agronegocio desde el punto de vista ambiental y social y de su agotamiento desde la perspectiva del agro económico a largo plazo. El uso de pesticidas y el aumento de la producción y exportación de las commodities en detrimento de la producción de alimentos comienzan a tener efectos nocivos para a la salud, a seguridad y a soberanía alimentaria de la población.
 
Condenar Brasil a un mero exportador de bienes primarios es seguir el viejo modelo colonial, concentrador de tierra y renta. Por el contrario y más allá del Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar), que se ha destinado a conceder crédito a los pequeños agricultores ya establecidos, deberíamos también apoyar y viabilizar los asentamientos, invirtiendo masivamente en la agroindustrialización de la agricultura familiar en reemplazo al agronegocio.
 
El perfil de la producción agrícola brasileña entre 1990 y el 2013, ha cambiado considerablemente: mientras que, durante este período, la producción de soja y maíz, juntos, aumentó aproximadamente un 86%, la producción de arroz, frijoles y trigo disminuyó, respectivamente, del 14% al 6%, 4% a 1,5% y 6% a 2,3%. El agronegocio y el mineral son responsables por el 68% de las exportaciones brasileñas, que deberían basarse en la agregación de valor y de conocimiento y no en la mercantilización de nuestros recursos naturales.
 
Según Gerson Teixeira, presidente de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria (Abra), eso puede explicarse por la elevación de precios de algunas commodities, la promesa de agrocombustibles, los riesgos de seguridad alimentaria y el cambio climático, los mercados de carbono y las cuotas de las reservas ambientales y el control de los recursos minerales. Afirma también, que la manutención de esa tendencia, frente a la demanda mundial y al calentamiento global, señala a un colapso del modelo agrícola dominante, que hace insostenible el modelo de agronegocio.
 
De acuerdo con el Censo Demográfico Brasileño (IBGE, 2010), la populación rural representa 16% de la populación brasileña, siendo que aproximadamente ¼ vive en la extrema pobreza. Los movimientos sociales resisten y luchan no sólo para tener acceso a la tierra y a las condiciones de producción, sino también para la conservación y preservación del medio ambiente, por una agricultura sostenible, por alimentos saludables, por una educación pública de calidad y elevación del bienestar social de la población – rural y urbana. Debemos, por tanto, llevar esta discusión a las universidades y a la sociedad civil como un todo, en el sentido de mostrar que otro modelo agrícola es posible – con democracia, desarrollo sostenible y equidad social.
 
- Osvaldo Russo, ex-presidente do Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria). Director de Estudios y Políticas Sociales de la Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), Brasil.
Traducción de Maria Nazaré Pereira, Pedagoga con especialización en Intervenciones Sociales y Educativas por la Universidad de Barcelona - ES.
https://www.alainet.org/pt/node/79752?language=en
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