Colombia

Córdoba ¿Qué tan grave es la situación?

Víctor Negrete Barrera

18/08/2013

Opinión

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El día 25 de enero pasado en un artículo con el mismo nombre de la pregunta ¿Qué está pasando en Córdoba? señalé una serie de hechos y señales evidentes pero al parecer desapercibidas para la fuerza pública y la institucionalidad en general. Entre otras mencioné el incremento de incursiones o actividades de grupos armados ilegales, desplazamiento de campesinos e indígenas, amenazas a periodistas y docentes, aumento en el número de homicidios, constante peligro en que se encontraban los líderes de la restitución de tierras por amenazas de actores diversos, falta de garantías a la Unidad de Restitución de Tierras para cumplir sus funciones, inconformidad manifiesta de grupos muy sensibles a la situación social como los mototaxistas, victimas, desplazados y desmovilizados.

Hoy, seis meses y medio después, una revisión rápida de lo sucedido nos presenta el siguiente panorama:

Desplazamientos

Siguen sucediendo por causas y actores conocidos o no sin tener en cuenta tiempo, lugar ni número de afectados. Muchos de ellos salen silenciosos como sombras, con pocas cosas encima porque el miedo les pesa demasiado y la falta de algún miembro de la familia les debilita la voluntad y la razón. De estos casos uno llamó la atención en particular pero, como casi siempre sucede, rápidamente fue olvidado: el de Ever Cordero Oviedo. El líder de desplazados y victimas del municipio de Valencia asesinado el 9 de abril, día de las marchas por las víctimas, víspera de la llegada del presidente Juan Manuel Santos a la ceremonia de entrega de las primeras escrituras a campesinos despojados por la Casa Castaño del predio Santa Paula en el corregimiento Leticia de Montería.

Antes de cumplir el segundo mes de la muerte de Ever, su familia fue notificada con una advertencia de muerte: debían salir de inmediato de la vereda Fabra y el municipio donde habían vivido siempre. El tiempo apenas les alcanzó para llorar, rezar, amontonarlos a todos y pedir ayuda a instituciones oficiales y organismos internacionales. En total salieron 34 personas, entre ellas 22 menores de edad. Este hecho nos recuerda otro, el de la familia Salavarría, a la que mataron y desaparecieron miembros y a los vivos los despojaron y desplazaron de la vereda Mundo Nuevo entre los municipios de Montería y Planeta Rica hace 22 años. Desde entonces deambulan por varios departamentos huyendo de las amenazas que nunca cesan, sin lograr que les devuelvan sus tierras, les hagan justicia y por fin encuentren algo de sosiego, si es que algún día pueden lograrlo los 47 miembros que hoy componen la familia. Hace pocos años, en un acto inconcebible, el gobierno los puso como ejemplo de restitución de tierras. De aquí surge la duda ¿qué sucederá con los familiares de Ever?

Homicidios y toque de queda

Hace años en Córdoba no hablaban de caravana de la muerte para expresar un número elevado de muertos sucedido en corto tiempo. Ocurrió el martes 9 de julio en la noche y la mañana del jueves 11. En 36 horas aproximadamente mataron a 11 personas: Montería 7, Cereté 1, Lorica 1, Chinú 1 y Valencia 1. Aún no hay informes si fue planeada o coincidencia. En Montería cayeron jóvenes de asentamientos subnormales con antecedentes penales según la Policía. Los sepultaron con recursos de la administración municipal para estos casos. Del resto es poco lo que se logra saber.

Al día siguiente de la ola de asesinatos en Montería la Alcaldía expidió el decreto donde “prohíbe la permanencia y circulación en sitios públicos y establecimientos comerciales entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana a los adolescentes menores de 18 años, aún en compañía de sus padres o de un adulto responsable por el término de seis meses”. En total son 13 los asentamientos populares donde están aplicando la restricción. De acuerdo con la administración municipal y la Policía en estos sitios “los adolescentes permanecen hasta altas horas de la noche, consumen drogas en los parques, participan en actividades ilícitas, frecuentan bares y sitios públicos de expendio de licores”.

En los primeros siete meses, enero a julio, en el departamento han ocurrido 193 homicidios, más que en el mismo lapso del año pasado, sin incluir los fallecidos después de los atentados ni los caídos en enfrentamientos entre la fuerza pública con grupos delincuenciales y armados ilegales. En la lista figuran tenderos, prestamistas, líderes de acciones comunales y organizaciones de víctimas comprometidos con la restitución de tierras, docentes, trabajadores informales y mototaxistas, entre otros. Los municipios con más homicidios son Montería, Tierralta, Sahagún, Cereté, Montelíbano, Lorica y Valencia.

El cuadro a continuación nos ilustra sobre el número de homicidios ocurrido en Córdoba en los últimos 12 años. Recuerden que en el 2002 llegó al poder Álvaro Uribe Vélez y empezaron los acercamientos entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia. El período 2003-2006 fue de negociación en Santafé Ralito, Tierralta. Obsérvese que en el último año del proceso de desarme y desmovilización empezó a ascender el índice de homicidios hasta alcanzar cifras escandalosas en los años 2010-2011. En el 2012 hubo una baja sorpresiva ocasionada por dos razones principales:

1. Acuerdos pactados entre Urabeños, Paisas y Rastrojos, entonces distanciados por rutas, control de poblaciones, producción y comercialización de estupefacientes y las alianzas de estos con las FARC.

2. Las operaciones llevadas a cabo por la fuerza pública.

Restitución de tierras

En Montería empezó a funcionar la única oficina de la Unidad de Restitución de Tierras en mayo del año pasado. Desde entonces los despojados acuden a ella en busca de reconocimientos a sus derechos con algo de temor, incredulidad y esperanza. Faltan muchos todavía, entre estos los que no cuentan con la información, viven en zonas lejanas, carecen de recursos para el viaje, tienen miedo o resignados dejaron perder la tierra para no buscar nuevos problemas.

El proceso durante este lapso ha pasado por varios momentos, reflejados en las declaraciones del director de la Unidad, Rodrigo Torres Velásquez al Meridiano de Córdoba. El día 20 de julio reconoció que “hay hechos que están obstruyendo los procesos de restitución y las investigaciones que adelantan las autoridades respectivas avanzan muy poco”. Agregó que en Montería y Valencia “han sido intimidadas 15 personas a quienes les han ofrecido dinero para desistir de los procesos de restitución”. El 3 de agosto manifestó que “el proceso de restitución en Tierralta está fracasando pese a que hay 312 solicitudes de restitución para la devolución de más de 23 mil hectáreas de tierra debido a que no hay garantías de seguridad para que las victimas retornen a sus tierras y los funcionarios de la Unidad cumplan con su trabajo”. Identificó a la seguridad y la imposibilidad de entrar a las tierras solicitadas por encontrarse en zonas de difícil acceso como situaciones adversas. El 10 de agosto expresó que en Tierralta “estamos analizando la situación de seguridad para hacer una intervención lo más cercana posible. Las autoridades están en esa zona y tienen enfrentamientos permanentes con los grupos armados que hacen presencia allí”. El mismo 10 de agosto EL TIEMPO citando palabras de Oscar Zuluaga, líder de víctimas del conflicto, aseguró “que ser reclamantes de tierra en este departamento es someterse a la pena de muerte”. Como ejemplo puso “el panfleto firmado por las Águilas Negras donde decían que darían de baja a todo el que intentara recuperar las tierras y vemos que lo están cumpliendo porque han ido matando a nuestros compañeros”.

Hasta el momento la labor de la Unidad la han focalizado en el corregimiento Leticia del municipio de Montería, en el predio Santa Paula; vereda El Tronco del mismo corregimiento, en el predio Cedro Cocido y todo el municipio de Valencia. En total son 175 familias beneficiadas y 860 hectáreas restituidas. En el predio Santa Paula, el más avanzado, están preparando las condiciones y garantías para el retorno familiar en lo que tiene que ver con seguridad, articulación con las instituciones, arreglo de vías, educación, salud y pequeños proyectos productivos. Para mayor información el cuadro que sigue nos indica los municipios con más solicitudes de restitución.

Inseguridad

La inseguridad se convirtió en un hecho cotidiano: basta con hojear los periódicos y escuchar las emisoras locales, prestar atención a los comentarios en cualquier lugar y a veces ser víctima de alguna de sus múltiples modalidades. Un repaso breve a la situación nos muestra:

Asesinatos de líderes. En lo que va corrido del año son cinco los líderes asesinados, todos del alto Sinú. Eran líderes comunales, indígenas y de restitución de tierras. El indígena muerto, DomicóMajoré, lideraba la Asociación de Cabildos Mayores EmberasKatíos del alto Sinú.

Secuestros y asesinato de ganadero. Dos casos se registran hasta el momento: los secuestros de María Amelia Rodríguez y JoaquinGhisays, este último encontrado muerto en un paraje rural del municipio de San Carlos, vecino a Montería.

Acoso a los indígenas.

Un representante de los indígenas le contó al Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Otálora, el acoso en que viven sus comunidades por parte de la guerrilla, las llamadas bandas criminales y la fuerza pública. Contó que la guerrilla y las Águilas Negras los matan y desplazan, minan los campos con un saldo de cerca 20 indígenas mutilados en los últimos años, les prohíben que demoren más de dos días fuera del territorio y las autoridades maltratan y decomisan a quienes suben al Paramillo con más de cien mil pesos en mercado.

“Los gremios pedimos seguridad”. Así lo expresó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes durante su visita a Montería. “El boleteo en zonas como Ayapel, La Apartada y otros municipios es sumamente grave pero no nos vayamos allá quedémonos en Montería donde la situación es compleja”. Contó de las dificultades que afrontan los comerciantes: “No quieren salir después de cierta hora a visitar clientes, les da miedo que los coja la noche en ciertos sitios, quieren salir rápido de las oficinas para llegar a sus casas temprano”.

Asaltos y atracos. Suceden a diario en todos los estratos. En barrios de sectores populares son frecuentes los atracos y la presencia de drogadictos. En estratos altos los robos y atracos con características cinematográficas son reiterados. En Lorica las trabajadoras sexuales de diferentes bares se quejaron de la inseguridad a la que están expuestas “puesto que ya hubo una muerta y hay otras amenazadas”.

Panfletos

Contrario a la opinión de las autoridades los panfletos en el departamento son eficaces, sobre todo si están firmados por grupos que cumplen las amenazas y advertencias que anuncian. Pueden ser suplantaciones o mensajes de grupos delincuenciales. En todo caso la mayoría de las personas que los reciben no están dispuestas a correr el riesgo. Por ejemplo:

1. Los que “invitan a una misa por su novenario el día 24 de diciembre de 2012, a las 8 de la mañana en la iglesia de Cantaclaro”.

2. Los que solicitan “un aporte de conformidad con su alcance o gestión colaborativa entre los $300.000 y $500.000 mensuales para la organización, la cual hace presencia permanente prestando vigilancia de seguridad y confianza a todos los que habitan en la región ya sea de manera permanente o temporal”.

3. Los que exigen a los “señores, taxistas, comerciantes, mototaxistas, buses y busetas que a partir del día 6 de agosto a partir de las 6 de la mañana todo deberá permanecer cerrado y el transporte paralizado, nadie podrá salir, el que desobedezca esta orden que se atenga a las consecuencias, no respondemos, eso es hasta nueva orden”.

4. Los que “declaran objetivo militar a los líderes de las organizaciones defensoras de los derechos de los desplazados y a todos aquellos que los acompañan y asesoran, a los que vienen desplazándose por todo el país, ya sabemos dónde han estado informando y motivando para que los desplazados reclamen sus tierras y exijan una verdadera restitución de tierras difamando la ley y al gobierno nacional, ustedes son los responsables que a nuestro país estén regresando los guerrilleros y colaboradores que en tiempos atrás acabaron con nuestra Colombia. No nos importa si están protegidos, esto no les servirá de nada ya que los tenemos ubicados con sus familias, en varias ocasiones han sido advertidos para que cesen sus actividades y abandonen su proselitismo. No estamos jugando, a partir de la fecha procederemos a ejecutar rápidamente nuestra advertencia a través de nuestros bloques en cualquier parte donde se encuentren guerrilleros disfrazados de defensores de derechos humanos”.

Paro minero y protestas

El paro minero del bajo Cauca y parte del sur de Córdoba mostró la debilidad del Gobierno Nacional para negociar en medio de la protesta popular, la imposibilidad de los gobiernos locales de mediar en las negociaciones, la indiferencia de los grupos políticos, el poder de convocatoria de los organizadores y la capacidad de “fuerzas ilegales” de paralizar una zona extensa e importante durante varias semanas con hombres en motocicletas portando armas de corto alcance, anunciando medidas o dando órdenes verbales o escritas a través de panfletos.

Nunca antes los municipios de Ayapel, La Apartada, Montelíbano y Puerto Libertador en mayor grado han permanecido con tanta zozobra durante tanto tiempo: vías y puente bloqueados, transporte y comercio suspendidos, toques de queda diurnos y nocturnos, asonadas, restricciones de movilidad al interior y exterior de los municipios, suspensiones de actividades laborales y educativas y desabastecimiento de alimentos.

En medio de esta compleja y explosiva realidad los dirigentes de las Juntas de acciones comunales de Tierralta anunciaron la preparación y realización de una marcha en repudio a los asesinatos sucedidos y la solicitud de atención del gobierno a sus necesidades.

Mientras tanto en el medio y bajo Sinú, los algodoneros y maiceros decidieron participar en el paro agrario previsto para el 19 de agosto. Estiman que “han agotado todas las instancias para encontrar salidas a la difícil situación económica que afrontan por el mal comportamiento de las semillas transgénicas, por el invierno de los años 2010-2011, el alto costo de los insumos y por la apertura del mercado colombiano con los tratados de libre comercio”. Consideran que “en las reuniones con el gobierno solo se habla y no se llega a soluciones”.

Víctor Negrete Barrera

Centro de Estudios Sociales y Políticos – Universidad del Sinú

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 364

Semana del 16 al 22 de agosto de 2013

Corporación Viva la Ciudadanía

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