La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) instó a garantizar y universalizar la conectividad y el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos provocados por la pandemia del coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe. Con este objetivo, propone cinco líneas de acción que incluyen construir una sociedad digital inclusiva, impulsar la transformación productiva, promover la confianza y seguridad digital, fortalecer la cooperación digital regional, y avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza para asegurar un ‘Estado de bienestar digital’ que promueva la igualdad, proteja los derechos económicos, sociales y laborales de la población, garantice el uso seguro de datos, y genere el cambio estructural progresivo.

Las soluciones digitales en los sectores de salud, educación, entretenimiento, comercio y trabajo tienen un papel preponderante en la lucha contra el COVID-19, facilitan el distanciamiento físico y viabilizan la desigualdad en el funcionamiento del sistema socioeconómico.

Los datos de desplazamientos de las personas en el período de cuarentena muestran que, en los países de la región, la concurrencia a locales de venta de alimentos y farmacias disminuyó un 51%, la llegada a establecimientos de comercio de productos no esenciales y esparcimiento, cerca de un 75% y la concurrencia a lugares de trabajo en un 45%. Gran parte de la población mantiene medidas de aislamiento como forma de prevención obligatoria o voluntaria.

En el contexto descripto, el tráfico en sitios web y el uso de aplicaciones de teletrabajo, educación en línea y compras en línea revelan un significativo aumento del uso de soluciones digitales, como muestra en el siguiente gráfico.

El uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324% y la educación en línea, más del 60% en el primer semestre de 2020. El desarrollo y la adopción de soluciones TIC, están condicionados por factores estructurales y la falta de una visión tecno política independiente: una heterogénea estructura productiva, un mercado laboral con una marcada informalidad y precariedad, una clase media vulnerable, un debilitado Estado de bienestar, una infraestructura digital deficiente y restricciones socioeconómicas al acceso y la conectividad. La característica central es el dominio de regulaciones y servicios a manos del mercado.

Los países de América Latina y el Caribe en ciertos períodos cortos, han adoptado medidas para impulsar el uso de esas soluciones tecnológicas y cuidar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. El alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías, las velocidades de conexión y la discontinuidad política en la gestión de los estados.

El citado informe ⁱ, propone a los países de la región garantizar una canasta básica de tecnologías de la información y las comunicaciones integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares no conectados, con un costo anual inferior al 1% del PIB. Se subraya que las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia provocada por la enfermedad del coronavirus.

Fuente: bnamericas

El contexto definido por la pandemia, ha producido que avances que se preveían que demorarían años en concretarse, se han producido en pocos meses. Sin embargo, las brechas de acceso digitales, condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que profundizan las desigualdades socioeconómicas.

Según el documento citado, en 2019, el 66,7% de los habitantes de la región tenían conexión a Internet. El tercio restante tiene un acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales debido a su condición económica y social, que se evidencian en la edad y localización de las personas. Las diferencias en la conectividad entre la zona urbana y la rural son significativas. En la región, el 67% de los hogares urbanos está conectado a Internet, en tanto que en las zonas rurales solo lo está el 23%. En términos de grupos etarios, los jóvenes y adultos mayores son los que tienen menor conectividad: el 42% de los menores de 25 años y el 54% de las personas mayores de 66 años no tienen conexión a Internet.

La limitación en el acceso consolida la exclusión de los hogares de menores ingresos. El costo del servicio de banda ancha móvil y fija para este sector llega al 14% y el 12% de su ingreso, respectivamente. Esto es alrededor de 6 veces el umbral de referencia, 2% del ingreso, recomendado por la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidasⁱⁱ.

El estudio revela que los datos de movilidad durante los primeros meses de las cuarentenas muestran un mundo paralizado en lo físico presencial, pero no en el territorio digital. El tráfico en sitios web y el uso de aplicaciones de teletrabajo, educación en línea o aprendizaje a distancia y compras en línea revelan un significativo aumento en el uso de soluciones digitales. Entre el primer y segundo trimestre de 2020, el teletrabajo aumentó un 324% y la educación a distancia más del 60%.

Sin embargo, el uso de soluciones de educación en línea (sincrónicas mediante aplicaciones de video conferencia) solo es posible para quienes cuentan con conexión a Internet y dispositivos de acceso. En América Latina el 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 años vive en hogares que no están conectados. El acceso de los hogares a los dispositivos digitales es también desigual en la región: mientras entre el 70% y el 80% de los estudiantes en los niveles socioeconómicos más altos tiene computadoras portátiles en sus hogares, solo entre el 10% y el 20% de los estudiantes pertenecientes a sectores de menores ingresos cuentan con estos dispositivos.

La diferencia entre los estratos económicos más altos y más bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas. Para garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el ciclo educativo, se debe aumentar no solo la conectividad y la infraestructura digital sino también las habilidades digitales de maestros y profesores, así como la adecuación de los contenidos educativos al ámbito digital. Es central que las plataformas de softwares sean independientes y no provistas por las conocidas GAFAM.

En relación al porcentaje de puestos de trabajo que pueden migrar al teletrabajo, el informe precisa que está positivamente vinculado al nivel del PIB per cápita y a menores grados de informalidad. En Europa y los Estados Unidos, casi el 40% de los trabajadores puede trabajar desde su hogar, mientras que, en el caso de América Latina, estima que alrededor del 21,3% de los ocupados podría realizarlo.

Los servicios comerciales en Internet mitigan el impacto de la crisis en las empresas que lo proveen. Entre marzo y abril de 2020, el número de páginas web empresariales aumentó 800% en Colombia y México y alrededor del 360% en Brasil y Chile. En junio de 2020, la presencia en línea de empresas de comercio minorista aumentó el 431% con respecto a junio de 2019, según se evidencia en el informe de CEPAL.

El COVID-19 aceleró de la discusión sobre la protección de los datos y la privacidad
 

La pandemia agrega una tensión adicional a la discusión sobre la gobernanza de Internet, ya que ha hecho necesario un despliegue total y coordinado de las TIC a cargo de los gobiernos, lo que genera grandes cantidades de datos a partir de las acciones coordinadas entre autoridades gubernamentales, los centros de salud e investigación y la población. Este contexto, representa una amenaza para la seguridad y el despliegue masivo de datos sensibles. Las autoridades gubernamentales son responsables de garantizar la privacidad y el buen uso de los datos a cargo de las empresas administradoras de esta información. El estado de emergencia provocado por la pandemia ha encendido alarmas sobre el uso y procesamiento de datos y la necesidad de proteger la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

El desarrollo de aplicaciones se ha dado en el sector público (concentradas en la evolución de la pandemia y la seguridad) y en el sector privado. Los esfuerzos de éste se dirigen en su mayoría al sector financiero y el teletrabajo, donde la amenaza a la ciberseguridad aumenta con las interacciones.

Los datos también son un desafío para la seguridad cibernética. Las normativas de ciberseguridad en la región se centran en la protección de datos, fundamentalmente para evitar robos y manipulaciones indebidas de datos, trabas en el funcionamiento de los sistemas informáticos y acciones para borrar, suprimir o bloquear el acceso a los datos. Las normas de ciberseguridad no han considerado la protección de la infraestructura crítica, donde las amenazas pueden perjudicar el suministro de servicios públicos (agua, energía eléctrica, transporte, entre otros).

La participación de las aplicaciones digitales en la economía ha adquirido preponderancia en los últimos años y se aceleró de manera significativa durante la crisis provocada por el COVID-19. En esta situación, la política de competencia enfrenta cambios importantes, muchos de los cuales pueden perdurar y requerir una revisión de los marcos normativos e institucionales. Los principales retos regulatorios de las plataformas digitales que se muestra en el siguiente gráfico, están pendientes de implementación en la región.

El uso masivo de algoritmos de gestión para el teletrabajo, para la generación de aplicaciones de rastreo de contactos y contener los contagios, la inteligencia artificial, la gestión electrónica de la salud y el comercio electrónico, ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer estándares que contemplen los marcos regulatorios antimonopolio, la publicación de la conducta algorítmica del software y el acceso de auditorías independientes a las plataformas de servicios basadas en software.

En el centro de las disrupciones TIC, se encuentran las estrategias de negocio de las grandes empresas tecnológicas y plataformas Big Tech de las GAFAM, basadas en un mayor acceso a datos. Esto exige un debate regulatorio y de políticas, que abarque tanto la protección y la privacidad de los datos, como la interoperabilidad de los mismos. El desarrollo, las políticas de datos abiertos, la propiedad intelectual y las políticas de competencia.

Otra digitalización es posible para un estado de bienestar digital
 

El mundo posterior al COVID-19 necesita del bienestar social que será posible si logramos una transformación del modelo digital actual. Necesitamos migrar del extractivista a un modelo comunitario que promueva el desarrollo del bien común.

La evolución de los Servicios de Banda Ancha, con índices de crecimiento exponenciales en las velocidades de conexión fijas y móviles, con aplicaciones convergentes de gran impacto social, cultural y económico, requieren la adecuación y modernización tecnológica de la infraestructura de redes de telecomunicaciones, incorporando tecnologías de nueva generación.

El actual modelo de explotación de Operadores que compiten con superposición de infraestructura, ha puesto en evidencia en el último cuarto de siglo, su profunda incompatibilidad con los objetivos de garantizar el acceso y la calidad de estos servicios esenciales. El principal problema es la denominada planta externa o última milla, conformada por la red de cables que conectan las centrales de conmutación y datos con los dispositivos de los usuarios del servicio. El significativo deterioro en la calidad de las redes y la profunda desigualdad en la cobertura, configura un contexto que requiere una renovación de políticas tecnológicas que demanda esta etapa histórica.

Los procesos de privatización de las empresas telefónicas desarrolladas a comienzo de la década del 90, se mantuvo en una primera etapa la explotación monopólica, que en el caso argentino fue por un período de diez años. En el año 2000, en Argentina se pasó a un régimen de Operadores en Competencia, estableciendo una apertura al ingreso de nuevos operadores mediante el decreto 764. La apertura a la competencia involucró principalmente a los servicios de telefonía fija, y se dio en forma contemporánea en la mayoría de los países de la región.

Lo que se desarrolló como redes paralelas a las telefónicas en esta etapa, fueron las redes de televisión por cable, y el surgimiento de una competencia a las empresas telefónicas en los servicios de banda Ancha, pero a costa de una profunda degradación de las condiciones de despliegue. Los operadores de televisión por cable, iniciaron su actividad en localidades con baja cobertura de señales de televisión, allí desplegaron con redes de tendido aéreo (no soterradas) de cable coaxil para distribuir este servicio en los domicilios. El tendido aéreo soportado en postes en plena ciudad, en áreas donde el servicio eléctrico y el telefónico cumplían con la norma de estar soterradas.

Propuestas generales para un modelo alternativo de gobernanza digital
 

Promover la igualdad, considerando los procesos de transformación digital o digitalización inclusivos. Facilitando la interacción a través de múltiples canales con el Estado y su gobierno. Poniendo foco en la población sin acceso adecuado a las tecnologías digitales, desarrollando las habilidades necesarias para usarlas y disminuyendo las barreras socioeconómicas que restringen su aprovechamiento.

Proteger los derechos económicos, sociales y laborales de la población, garantizando que los sistemas de protección social y sus beneficios sean provistos mediante tecnologías digitales según criterios de accesibilidad y facilidad de acuerdo a las comunidades afines.

Rechazar la recolección no autorizada y el uso indebido o no autorizado de datos personales, brindar altos estándares de seguridad de la información y evitar cualquier tipo de vulneración de la privacidad y la dignidad de las personas, fortalecer el acceso a la información pública y promover la lucha contra la corrupción. Rechazar los procesos de acumulación de patentes sobre recursos naturales de las comunidades. Garantizar la memoria agrícola de la producción familiar y el cuidado del medio ambiente.

Promover un modelo de gobernanza digital desde una perspectiva estratégica productiva de respeto y cuidado del medio ambiente. Que genere un cambio estructural mediante la innovación y la difusión de las TIC en el aparato productivo, la creación de nuevos modelos de negocio centrados en el “buen vivir”, la inserción en cadenas de valor locales y globales, la generación de capacidades y habilidades digitales, y mecanismos de financiamiento que impulsen la economía digital para el bienestar humano.

Promover Normas Regulatorias que garanticen la cobertura universal, las mejores normas de calidad Técnica y Laboral y la mayor eficiencia económica de los cuantiosos recursos de inversión involucrados. Que modifiquen las condiciones de despliegue y explotación de las Redes de Acceso de Fibra Óptica.

Promover un modelo planificado de operación de la red, que posibilite unificar las redes de acceso para que sean actualizadas, construidas y operadas en forma abierta y neutral, con las mejores normas técnicas y de seguridad laboral. Esta iniciativa se fundamenta en que las empresas operadoras de los servicios actuales están admitiendo en los hechos que esta infraestructura de comunicación hay excluirla como factor de competencia.

El ciclo virtuoso
 

El ciclo virtuoso del Bien Común de la Humanidad, está dado por la producción y la reproducción de la vida. Este modelo, sirve de referencia o de parámetro para la organización social, humana y para la relación con la naturaleza. Se trata, entonces, de un sentido más amplio, los bienes comunes en manos de pocos son indispensables para satisfacer las necesidades de la vida colectiva y personal, bienes que están siendo desmantelados por el neoliberalismo tecno científico.

La encrucijada entre las TIC y la humanidad es una mirada crítica que construya colectivamente decisiones políticas que sostengan políticas públicas para el desarrollo de comunidades donde el Estado garantice el equilibro vital de la vida orgánica. Necesitamos un cambio de vía.

- Alfredo Moreno, Profesor Tic en Universidad Nacional de Moreno.

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