La decisión del presidente Andrés Manuel de remitir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su ratificación, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por ese delito en casos cometidos a partir de diciembre de 2010, es de suma importancia para impulsar y fortalecer la vigencia de los derechos humanos en México.

Tanto es así que durante una década de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-12) y Enrique Peña Nieto (2012-18) la decisión fue pospuesta y los gobiernos del entonces vigoroso PRIAN mantuvieron en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del CED por sus siglas en inglés. El organismo forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006.

La Convención es el primer instrumento global que contempla de forma integral la atención a las víctimas, pues establece el derecho a la reparación del daño en varias modalidades. También reconoce la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de los afectados. Igualmente el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades para que examinen pronta e imparcialmente la queja, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la víctima y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación.

En la propuesta de ratificación enviada a la Comisión Permanente, a la que se dio entrada el miércoles 26 y se turnó a comisiones de la Cámara de Senadores, López Obrador subraya que hasta el 31 de diciembre del año pasado el número de desaparecidos en México fue de 61 637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones al derecho humanitario. Sin embargo, datos más recientes establecen que el reto actual consiste en esclarecer el paradero de 74 998 personas e identificar un número no determinado de cadáveres.

Organismos como la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, estima que “la cifra negra es más del doble” sin revelar en qué respalda su categórica afirmación, mas no desestima la importante decisión presidencial, pero considera que “no es suficiente y debemos seguir presionando”, como corresponde al modo de vida y de operación de las ONG auténticas, no como las que en la actualidad tienen un gran protagonismo y son subsidiadas por el gran capital.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es preciso que el gobierno de la Cuarta Transformación, bombardeado mediáticamente por la AMLO-fobia que no repara en hechos y razones, exhortó al Ejecutivo a iniciar el proceso legal para retirar la reserva al artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que a su juicio permitiría reconocer plenamente la competencia del CED.

Lo cierto es que la trascendente iniciativa de Obrador, como fue destacado en el texto del presidente de México enviado a la Comisión Permanente, la declaración de reconocimiento contribuirá al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada.

- Eduardo Aguirre Ibarra

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