En Guatemala, la corrupción es un mal endémico arraigado en sectores público y privado, por tal razón es pertinente afirmar que, es igual de corrupto el político o servidor público que se roba los fondos públicos, como el empresario que evade pagar impuestos. Entonces, ese fenómeno sitúa al país y a su población ante un dilema ético social que además por estar tan extendido y normalizado, vulnera derechos humanos y por supuesto, perjudica el bien común.

Cuando un funcionario o servidor público es corrupto, está cometiendo un delito penal, pero también incumple e irrespeta los derechos humanos de la población, debido a que al robar los fondos públicos o sea el dinero que administra el Estado, se impide la ejecución de obra pública como escuelas u hospitales o de programas y proyectos que favorecen el bien común.

Nadie ignora que en este país centroamericano, los índices de pobreza y pobreza extrema han aumentado y son los más elevados de la región, que la desnutrición crónica infantil alcanza al cincuenta por ciento del total de niños menores de cinco años y que es uno de los países más desiguales de América Latina. Guatemala mantiene un saldo negativo, en términos de indicadores sociales y económicos de su población. Estas condiciones críticas de atraso, se agravan aún más con la actual emergencia sanitaria por la Covid.19.

Las cifras millonarias que se roban los funcionarios corruptos, evitan la inversión social que debería destinarse a reducir la pobreza, construir infraestructura, optimizar la cobertura educativa o ampliar la seguridad social. Además, la corrupción en el sector público retrae la inversión privada nacional y extranjera.

De nada sirve que desde el 2001 el Estado de Guatemala ratificara la Convención Interamericana contra la Corrupción, sobretodo, porque la corrupción sigue subyugando a la sociedad y los corruptos siguen haciendo de las suyas con absoluta impunidad. Es decir, este país continúa siendo el reino de la corrupción y la impunidad.

Es también de conocimiento público, que la corrupción es abuso de poder, de funciones o de medios para alcanzar una utilidad económica o beneficios personales ilegítimos. Es necesario insistir en que, la corrupción es una conducta humana negativa que afecta a la condición fundamental de subsistencia moral y ética de la sociedad.

Las definiciones clásicas de corrupción, se orientan hacia la actuación del sector público y la comisión de actos ilícitos en beneficio personal al servicio de intereses privados. Por ejemplo, Samuel Huntington (1968) señala: “La corrupción es una desviación de los funcionarios públicos, que se apartan de las normas establecidas para ponerse al servicio de los intereses privados”.

Hay que insistir en que la corrupción es ilegal e ilegítima, porque viola normas y valores. En especial cuando ocurre en los cargos públicos, porque origina sorpresivas fortunas privadas, genera enriquecimiento ilícito. En ese sentido, debe ser definida no sólo como violación de normas (ilegalidad) sino fundamentalmente como violación de valores (ilegitimidad).

Para enfrentar la emergencia sanitaria en tiempo de pandemia, el Gobierno guatemalteco recibió miles de millones de quetzales (moneda nacional) y otros tantos millones donados por grandes empresas nacionales y transnacionales, pero al día de hoy extraña que no hayan rendido cuentas, que mantengan opacidad. ¿Cómo y en qué han invertido esos millones? Reitero lo que he afirmado antes, es tiempo de detener las acciones corruptas, de volver a tomar las calles y expulsar a los corruptos e impunes.

Guatemala, 05/06/2020

-Factor Méndez Doninelli es maestro e investigador, consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.