Nuevamente el gobierno de Iván Duque Márquez echa mano de la emergencia social, económica y ecológica para enfrentar la pandemia ocasionada por el Covid-19 como se lo permite el artículo 215 de la Constitución Política, es la segunda emergencia decretada este 6 de mayo, de tres que legalmente puede hacer en el lapso de un año. Como hemos dicho y lo ratificamos de nuevo, este gobierno inexperto, improvisa y trata de demorar medidas que desde el comienzo debió de haber aprobado.

En buena medida la primera emergencia fue desaprovechada y se perdió tiempo precioso que se sigue dilapidando cuando no se enfrentan los problemas reales que se están presentando tanto en materia de asistencia social como en materia de actualización, reestructuración y reforma del sistema de salud, por ejemplo, para ponerlo a tono con las necesidades que el país reclama. Aún en materia de salud, siendo esta la razón de las cuarentenas, el gobierno ni ha garantizado los elementos de protección personal, EPP, para el personal sanitario como lo demostró palmariamente la II encuesta realizada por la Federación Médica Colombiana con el Colegio Médico de Bogotá cuyos resultados fueron entregados a la opinión pública el martes 5 de mayo. Más del 80% del personal sanitario aún no cuenta con elementos de bioseguridad requeridos para atender la emergencia sanitaria. Hoy son más de 600 personas de los servicios sanitarios contagiados por el virus con un saldo de 7 médicos muertos.    

Tampoco ha hecho nada por garantizar que se paguen los salarios atrasados de ese personal sanitario y mucho menos ha avanzado en dos frentes que son esenciales para hacer frente al momento en que se presente el pico de la pandemia, que, según los expertos, deberá presentarse entre la primera y la segunda semana de junio. Nos referimos a sanear la situación financiera de clínicas y hospitales. Nadie sabe a ciencia cierta a cuánto ascienden las deudas de las Empresas promotoras de Salud, EPS, con estas entidades. Se habla por parte de ellas de una deuda en todo caso superior a los 10 billones de pesos. ¿Y qué ha hecho el gobierno?  Pues según dijo el ministro en sesión virtual de control político este miércoles 13 de mayo se han girado $5.7 billones a las EPS, que son intermediarias financieras que no aportan nada al sistema de atención a los pacientes y usuarios del sistema, mientras que mediante el mecanismo de giro directo se han entregado $2 billones de pesos a las clínicas y hospitales.

Contra toda lógica el gobierno sigue privilegiando a unos intermediarios financieros que no aportan nada al sistema de prestación de servicios, o bueno, si han aportado corrupción, negación de servicios, sobre precios en la facturación, opacidad en el sistema de información, esos han sido sus grandes aportes en sus 27 años de existencia. Insistimos, el gobierno debe girar directamente a las clínicas y a los hospitales para que estos a su vez paguen a los trabajadores de la salud. Hay que anotar además que como resultado de la emergencia sanitaria estas clínicas y hospitales han dejado de facturar y sus ingresos han disminuido en aproximadamente un 50% que se han “ahorrado” las EPS, que engordan sus cuentas en medio de la pandemia. Urge que esos recursos vayan directamente a las clínicas y hospitales. Mientras dure la pandemia hay que ofrecer un subsidio a las clínicas y hospitales para que puedan mantenerse y puedan compensar las pérdidas derivadas de la obligación que tienen de restringir servicios como cirugías, consulta externa, ayudas diagnósticas, etc.  De eso debería ocuparse la legislación de emergencia, pero, no lo ha hecho hasta ahora. Una parte de los recursos ordinarios de la salud se deben girar como subsidio a la oferta a clínicas y hospitales.

Y una segunda medida urgente para hacer frente al pico de la pandemia debería ser la conformación de plantas temporales con personal misional de la salud (médicos, enfermeras y auxiliares de salud) puestas a disposición de las secretarias de salud municipales para atender a los enfermos por el coronavirus. No puede ser que se siga improvisando como en el caso del Amazonas en donde a las carreras y por las denuncias de la grave situación que se ha presentado se tenga que improvisar en la conformación de esos equipos de atención, que llegan tarde y que no cuentan con mínimas condiciones laborales.

Precarizar aún más las condiciones laborales usando la emergencia

Como hemos señalado y lo ratificamos aquí. El modelo puesto en marcha por el gobierno para hacer frente a la pandemia consiste en gastar lo menos posible, respuestas miserabilistas, minimalistas. Como lo ha señalado en esta misma dirección Salomón Kalmanovitz recientemente. El anuncio del gobierno el pasado 7 de mayo de asumir parte de las nóminas de todas las empresas por tres meses ($5,7 billones), aumentar las ayudas a Familias en Acción ($0,7 billones), Jóvenes en Acción (0,2 billones) y hacer una devolución adicional del IVA a familias pobres (0,05 billones) pareció magnánimo. Sin embargo, el total alcanza el 0,67% del PIB. Algo menos de lo que dijo gastar en su primer paquete de emergencia. Son sumas irrisorias que ayudan un tris a subsanar la destrucción del empleo, la pérdida de ingreso de lo de los trabajadores informales y la quiebra de empresas causadas por la crisis que nos azota. Hay que anotarle al gobierno que dejo de insistir en otorgar créditos para apoyar el empleo de empresas que no estaban produciendo ni podían endeudarse y los sustituyó por subsidios directos al empleo, desafortunadamente insuficientes. (Kalmanovitz, Salomón. Mezquindad fiscal y monetaria. El Espectador 11, 05,2020).

Agrega Kalmanovitz que en el terreno monetario la situación es parecida. El Banco de la República redujo su tasa de referencia al 3,25%, a pesar de que la inflación va a estar por debajo de su meta y la pérdida de producto podrá alcanzar hasta el 7% este año, según el gerente del banco. No les importa que las tasas de interés de los créditos a los consumidores estén por las nubes, no existe el microcrédito institucional (más sí la usura) y solo esta baja la tasa del crédito preferencial para las grandes empresas. Claro que ayudaría mucho reducir su tasa de referencia tres puntos. Y recuerda que las tasas de interés de los bancos centrales de Chile y Perú están en 0,5% y 0,25% respectivamente. Y en EEUU la tasa de referencia de la Reserva Federal es de 0 % y remata Kalmanovitz señalando que el gobierno le regaló al sector financiero 360.000 millones de pesos al reducirles el encaje bancario con lo cual liberó $9 billones que luego el mismo gobierno les obligó a invertir en títulos de solidaridad reconociéndoles esos recursos como intereses.

Pero la fresa del pastel la señala al remate de su artículo. Algo igualmente perturbador es que el préstamo del FMI contraído por el Gobierno por $44 billones debe mantenerse en las reservas internacionales, para supuestamente generarle más confianza al país, en vez de gastarse en las necesidades urgentes que enfrenta la sociedad. Con todo, hay que abonar las altas tasas de interés que surgen del “riesgo país”.

El manejo de la crisis desde la ortodoxia neoliberal no ha dado tregua. Nada de imaginación, nada de creatividad, Carrasquilla repite la cartilla neoliberal. Hoy las reservas internacionales de Colombia invertidas principalmente en EEUU con muy bajos rendimientos financieros, asciende a $US 53 mil millones de dólares y a eso agrega ahora 10.800 millones de dólares para mantener la calificación de menor riesgo como si eso resolviera los problemas del país. Se requiere un gran movimiento hacia el Congreso de la República, primero para que sesione presencialmente con todas las medidas de bioseguridad y en segundo lugar para que se cuestione de fondo el manejo neoliberal que se le ha dado a la crisis.

Se requiere enfrentar de manera decidida el manejo miserabilista, minimalista, de la crisis. Hay que abogar y respaldar la propuesta que han firmado 50 senadores para establecer una renta mínima o mínimo vital por tres meses. Colombia puede hacerlo, tiene los recursos para ello. Puede tomar unos 15 mil o 20 mil millones de dólares de las reservas internacionales. Puede el gobierno acudir a un crédito directo del Banco de la República y puede además incrementar los impuestos al patrimonio de los super ricos como lo han mostrado detalladamente Garay & Espitia. Con todas estas medidas o una combinatoria de las mismas se puede enfrentar la crisis y la miseria y el hambre que está padeciendo buena parte de nuestro pueblo. Hay que reinventar la protesta, la movilización y rechazar contundentemente que utilizando mecanismos excepcionales se vaya a precarizar aún más las condiciones laborales y los ingresos de loa trabajadores como pretenden los neoliberales que solo cuidan de sus intereses y que ahora si acuden al Estado del cual han denigrado durante decenas de años. No es la hora del silencio, es la hora de reinventar la movilización con los debidos cuidados para la protección de los manifestantes. Es la hora de presionar a los congresistas. Sesiones presenciales y debate a las políticas neoliberales que condenan al hambre y la miseria a nuestro pueblo. A la carga como dijo Gaitán hace ya más de 70 años.

Bogotá 14 de mayo de 2020

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)