Con infundadas acusaciones, Trump sabotea una eventual transición en Venezuela
- Opinión
William Barr, fiscal general de Estados Unidos anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otras autoridades y, al mejor estilo del lejano oeste, le puso precio a sus cabezas, bombardeando las negociaciones que se suceden en Venezuela entre gobierno y oposición.
Washington redobla el asalto en plena pandemia y conmoción global, cuando la Unión Europea y Naciones Unidas, por ejemplo, pide flexibilizar las sanciones contra Venezuela.
Los analistas estadounidenses señalan que las acusaciones equivalen a que el gobierno de Trump finalmente renuncia a cualquier estrategia que pueda conducir a negociaciones entre gobierno y oposición. Por razones puramente políticas y electorales, está abrazando la esperanza ilusa de la oposición extrema: que, si simplemente sacuden lo suficiente, el régimen de Maduro colapsará bajo su propio peso.
Geoff Ramsey, director de WOLA, señala que este optimismo sin fundamento parece venderse en Washington, pero le ha fallado al pueblo venezolano. A menos que la Casa Blanca se comprometa a una solución negociada en Venezuela, el país no verá un “retorno a la democracia” en el corto plazo.
Los cargos de Barr incluyen al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ministro de Interior, Justicia y paz, Néstor Reverol, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros.
El motivo: acusan a Venezuela de emprender junto a las Farc (organización guerrillera colombiana convertida hoy en partido político tras el proceso de paz en ese país) de emprender una conspiración narcoterrorista para inundar a EEUU de cocaína. Colombia, mayor productor y principal distribuidor de esa droga en el mundo, no tiene ningún señalamiento de este tipo. Venezuela no es productora de coca.
«No reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela, pero esto ya pasó con (Manuel Antonio) Noriega (Panamá 1989), a quien tampoco reconocíamos», señaló el gobierno estadounidense. Tres décadas atrás, el no reconocimiento a Noriega derivó en la invasión a Panamá en 1989, el bombardeo al barrio El Chorrillo y un número aún indeterminado de muertes en el país centroamericano.
Las propias agencias estadounidense saben que la teoría del "narco-Estado" es pura ficción. Es simplemente algo más para justificar la agresión contra Venezuela. EEUU dice que Maduro es personalmente responsable por 250 toneladas de cocaína que salen anualmente de Venezuela.
Venezuela no es un país de tránsito importante para las drogas con destino a Estados Unidos. Un informe reciente de la dirección de Venezuela de The Washington Office on Latin America (WOLA), señala que datos del gobierno de EEUU no publicados anteriormente muestran que, si bien la cantidad de cocaína traficada desde Colombia a través de Venezuela es significativa, es solo una fracción de la cocaína que llega a través de otros países de tránsito.
De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB), 210 toneladas métricas de cocaína pasaron por Venezuela en 2018. Para comparar, en el mismo año pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.
¿Por qué la administración Trump está ahora dando la alarma de que Venezuela “inunda” a este país de cocaína, especialmente cuando la Casa Blanca permitió que los esfuerzos anticorrupción murieran en países de tránsito más importantes como Honduras y Guatemala?, pegunta Geoff Ramsey, director de WOLA.
Señala que la respuesta está en la historia de la Guerra Fría. El Departamento de Justicia se ha visto sometido a una fuerte presión por parte de los duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados para revelar estas acusaciones, usando el mismo libro de jugadas que el gobierno de George H.W. Bush usó en Panamá.
Pero en Venezuela, pese a lo que diga Trump y repitan los medios hegemónicos, no hay apoyo para una intervención militar. Incluso los más tradicionalistas saben que la acción militar podría conducir a una insurgencia de décadas que podría desestabilizar la región. En cambio, la Casa Blanca cree que esta es una táctica de presión útil, la última en los intentos fallidos de la administración de crear fracturas dentro del régimen de Maduro.
Judicialización
La nueva dirección que tomó Washington desplazó la política de cambio de gobierno hacia las instancias judiciales estadounidenses. La vía judicial de cambio de gobierno de EEUU utiliza los cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, y posteriormente puede encontrar sostén en unidades militares, indica James Chicos en “Estudios de conflicto y terrorismo”, así como legaliza en EEUU la utilización de los llamados “contratistas privados de seguridad”.
El Fiscal General de EEUU, William Barr, está al frente de la nueva iniciativa. Cabe recordar que a Barr le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que “el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión”. Además, Barr fue quien gestionó el indulto de Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.
Por otra parte, el exmayor general Clíver Alcalá organizó un grupo armado en Colombia con el plan de eliminar los vicios y la corrupción en Venezuela, a través de un convenio en el que participaron el autoproclamo (y hoy muy devaluado) presidente interino Juan Guaidó, el publicista J.J.Rendón, una empresa contratista privada de seguridad y asesores estadounidenses. Alcalá se entregó a la DEA, pese a que no había orden de captura en su contra.
Junto a otro exgeneral, Hugo Carvajal (exjefe de inteligencia, asilado en España), que desde hace varios años confrontan con Nicolás Maduro y la cúpula castrense, pasarán a ser piezas clave en la iniciativa judicial de cambio de gobierno. Al igual que Cristopher Figuera, mantienen lazos de cooperación con los servicios de inteligencia estadounidenses, luego de que les fueron detectadas actividades ilícitas.
Pandemonium
En Venezuela, para atender la pandemia, diversos sectores han propuesto un entendimiento entre Gobierno y oposición a lo que se opuso el sector de Juan Guaidó, quien afirmó que mientras Maduro siga en el poder no se conseguirá auxilio internacional.
Unicef anunció millones de mascarillas, trajes, termómetros y otros suministros para repartirlos en países necesitados. Venezuela acordó con Unicef y los otros órganos del sistema de la ONU el ingreso de la ayuda para contener la pandemia.
Sin embargo, señala el analista Leopoldo Puchi, la ayuda y las donaciones de las organizaciones internacionales es insuficiente para responder al problema y sostener la actividad productiva y se requiere de otras fuentes para atender la situación económica y las dotaciones médicas.
Las principales opciones disponibles son la venta de materias primas y el uso de los fondos bloqueados en el exterior, pero todo esto está sujeto a las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. La otra fuente es la de préstamos como el del FMI, pero Estados Unidos, con derecho a veto, está en desacuerdo.
Obviamente, las sanciones son un grave escollo para que Venezuela pueda proteger a la población frente a la crisis epidemiológica mundial. Rusia “calificó las sanciones de EEUU contra Venezuela como una 'herramienta de genocidio' en medio de una epidemia”.
Mientras, el sábado aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía un avión proveniente de China con 50 toneladas de insumos médicos para combatir el Covid-19, y en las próximas horas llegará un grupo de expertos médicos y más insumos. Maduro señaló que en los próximos días también recibirán ayuda de Rusia, colaboración que llegará en un avión militar. Pese al bloqueo estadounidense, claro.
Marcos Salgado
Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTv en Venezuela. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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