Mientras la policía trasladaba a José Delgado Heredia, alcalde de Punta Negra, detenido por presuntamente encabezar la banda criminal “La Jauría del Sur”, la excongresista aprista Luciana León reaparecía ante las cámaras en la sesión de la Comisión Permanente días después que el Poder Judicial aprobara el impedimento de salida del país en su contra por el proceso que se le sigue en el marco del caso “Los Intocables Ediles”, organización criminal que actuaba en el distrito de La Victoria y que según la tesis fiscal habría contado con los favores de la parlamentaria y su despacho congresal.

El día anterior, la empresa Graña y Montero demostró haber gastado una importante cantidad de dinero en pauta publicitaria para difundir un video y un aviso en los diarios más importantes para decirle al país que “ya no son Graña y Montero” y que “pedían perdón” por los “errores” que se habían cometido y por la viveza de algunos directivos que se aprovecharon de la maquinaria de la constructora para coimear y arreglar concesiones a su medida previo pago conjunto con la brasilera Odebrecht y otras empresas que forman parte de un nada selecto club, el de “La Construcción”.

Ambos casos que parecen lindar con cierto grado de impunidad, se ponen de manifiesto justo cuando el Poder Judicial tiene -otra vez- en sus manos el destino de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori quien viene cumpliendo una prisión preventiva ordenada hace una semana, luego del pedido realizado por la fiscalía del Equipo Especial Lava Jato. Será el magistrado César Sahuanay, de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, el encargado de revisar la apelación presentada por la defensa de la excandidata presidencial para dejar sin efecto la medida que la retornó al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Sahuanay, sin embargo tiene un historial algo polémico en esta materia. Fue el juez que liberó a Félix Moreno cuando este se encontraba detenido, permitiendo así su fuga que duró varios meses incluso después de su sentencia. Recusó al juez Concepción Carhuancho a pedido de la defensa de Jaime Yoshiyama quien se encontraba fuera del país, luego que el mismo Sahuanay levantara la restricción de impedimento de salida. Y la cereza del pastel, es que este magistrado permitió que Keiko Fujimori anulara la prisión preliminar de 10 días dada en su contra hace año y medio.

Por lo tanto, lo que pueda hacer en los próximos días está, sin duda alguna, en la mira de la opinión pública.

Por otro lado, mientras publicamos este texto se debe estar desarrollando la audiencia donde se evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por la recepción de 480 mil dólares por parte de la empresa OAS para la campaña electoral en la que fue elegido como alcalde por tercera vez.

La fiscal María Salazar señala que Castañeda recibió este dinero y a cambio favoreció a la empresa en la construcción del bypass de 28 de julio y la eliminación del proyecto Río Verde.

Por la obra, la municipalidad de Lima pagó más de 7 millones de dólares en exceso a la empresa brasilera, que también se encuentra incluida en el caso Lava Jato. Junto a Castañeda, están incluidos el excongresista y financista de Solidaridad Nacional José Luna Gálvez y la exgerenta de Promoción de la Inversión Privada, Giselle Zegarra.

Y cuando estos casos parecen avanzar a paso lento, explota una nueva bomba desde Brasil donde -en medio de la revelación a medias de algunos “codinomes” aparece el nombre del exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simón, quien habría sido beneficiado con algunos pagos para su campaña electoral por parte de Odebrecht. Al respecto Simón Munaro ha salido a aclarar que no hay pago alguno y que no hubo ningún beneficio para la empresa.

De otro lado, llama la atención la decisión de Odebrecht Latin Invesment de iniciar una demanda contra el Estado Peruano por la paralización, en el año 2017, de la concesión del Gasoducto Sur Peruano al que la brasilera califica como un “golpe muy fuerte”, a pesar de los indicios de ilegalidades cometidas por el consorcio conformado por ODB, Enagás y la peruana Graña y Montero. Odebrecht cuestiona la falta de indemnización, considerando la inversión de más de mil millones de dólares a través de financiamientos corporativos con diversos bancos nacionales e internacionales.

Frente a ello el Estado peruano, a través del presidente del Consejo de Ministros, ha anunciado que se defenderá y confía en que esta demanda “no prosperará” porque se ha actuado de acuerdo a lo estipulado en la ley.

Finalmente, este primer trimestre será clave en los procesos anticorrupción. Entre marzo y abril se debe presentar el control de acusación en los casos de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia, Alejandro Toledo y Susana Villarán (este último posiblemente demore un poco más). Como hemos dicho en ocasiones anteriores, solo si estos casos prosperan, veremos resultados positivos en esta materia, caso contrario, todo será un tributo a la platea.

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