Resultaron con la piel delicada, principesca, los gobernadores que expresaron sus reclamos durante la XLV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada el miércoles 18 en Palacio Nacional, al titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, luego de que dio a conocer el lunes 16 el informe Quién es quién en seguridad, en el que exhibió las ausencias de los ejecutivos estatales en las reuniones en la materia. “Balconeo” que surgió a sugerencia de periodistas que cubren las muy exitosas mañaneras, en donde aún se fija la agenda política de cara al país.

Los gobernadores de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez, estado que acumula el 12% de los homicidios del país; Francisco Domínguez, de Querétaro, también de Acción Nacional y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, proveniente de una coalición anti-priista encabezada por el blanquiazul; Silvano Aureoles, de Michoacán con la violencia delictiva imparable y adscrito al agonizante Partido de la Revolución Democrática; y Javier Corral, de Chihuahua, el panista que no desatiende un juego de golf por una emergencia pública.

Presento la afiliación partidista porque el de Querétaro, estado que goza de seguridad pública gracias, dicen, a que allí viven las familias de los capos operativos –no los financieros– del crimen organizado, exigió “no partidizar ni ser mezquinos en este tema, así como abrir un debate con respeto” e incluso amenazó con llevar el asunto a la Conago. Por lo visto Domínguez aplica lo que denuncia sin comprenderlo bien, pero eso sí propuso un pacto nacional para trabajar en unidad.

No obstante, el decálogo que les ofreció el presidente Andrés Manuel, al que contradictoriamente ovacionaron puestos de pie, recoge lo que cinco gobernadores criticaron con el apoyo de Enrique Alfaro quien sueña y trabaja por el 2024 con un estado que en buena medida es dominado por el Cartel Jalisco Nueva Generación. Y esto lo usó para exigir más recursos federales y abstenerse (¿chantaje?) de votar el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los estados y la Ciudad de México para 2020, los criterios para su aplicación; los programas y subprogramas prioritarios.

El decálogo de López Obrador puede resumirse así: El compromiso de trabajar juntos más allá de “pactos” porque son momentos de unidad nacional; atender el problema de la inseguridad diariamente y colocarlo en el centro; no delegar la atención al problema y asumirlo nosotros de manera directa; no permitir la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad porque cuando no se separa a la autoridad de la delincuencia, no se logra avanzar; mejorar el desempeño de las policías estatales y municipales, aumentar el número de elementos e invertir en ellos; garantizar los derechos humanos: “Nada de tortura, nada de desapariciones, nada de masacres” y puso como ejemplo que las fuerzas armadas ayudan a las tareas de seguridad pública sin violar derechos humanos.

María del Rosario Piedra fue la única que puso el dedo en la llaga, porque los lisonjeros del poder desde la “sociedad civil” como Alejandro Martí, amigo de Genaro García Luna –como las Morera, Wallace, Gallo…–, dijo lo mismo de siempre.

Para la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la estrategia de seguridad debe “dar prioridad a la participación ciudadana”. Sin ésta, agrego yo, no habrá avances sustantivos y sobre todo duraderos.

¡Felicidades! Hasta la tarde del 5 de enero.

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