En los sugerentes enfoques del ministro presidente de la Suprema Corte la corrupción judicial genera desigualdad, impunidad y perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia. Esto es, sin la reforma de éste que es uno de los tres Poderes de la Unión, es impensable un avance sólido en el combate de las redes criminales, incluidas las de cuello blanco, que agobian a México.

Es indispensable tomar nota del planteamiento contenido en el informe número uno de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte porque en la aguda disputa que se libra por la opinión pública y publicada, incluidas las redes sociales, tiende a caricaturizarse la estrategia gubernamental frente a la inseguridad pública, incluso negar su existencia y en el mejor de los casos reducirla a una u otra frase presidencial expresada en términos coloquiales, e incluso magnificar el papel de la Guardia Nacional cuando es sólo uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para dar una batalla que es de él y de todos los mexicanos, aunque formen parte del todo, según la definición más extendida, pero no comparto. Dicho sea de paso, sin este binomio en acción decidida y certera es impensable disminuir la inseguridad.

En la visión de Zaldívar Lelo de Larrea la corrupción judicial es un flagelo que debilita a todas las instituciones públicas, porque erosiona la confianza en el sistema mismo. Y si el Poder Judicial Federal es percibido como corrupto –como lo es desde hace mucho tiempo– esto pone en entredicho la capacidad misma del Estado.

El ejercicio autocrítico del también presidente del Consejo de la Judicatura Federal por lo visto no tiene precedente por los menos para el presidente Andrés Manuel –presente en la ceremonia de rendición de cuentas del 11 de diciembre al igual que las presidentas del Senado y la Cámara de Diputado–, que lo consideró un informe inédito en el que se postula: “En estos años nos hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia”.

Y una de sus variantes, el nepotismo, en palabras del ministro presidente está profundamente arraigado en el PJF, negando la eficacia del sistema de carrera judicial para desterrarlo, además de que debilita al sistema meritocrático, genera desigualdad y propicia conflictos de interés.

Nepotismo que obligó a cambiar de adscripción a 569 funcionarios judiciales, de los cuales 98 eran claros casos de nepotismo, del que según investigaciones periodísticas participaron ministros en funciones. La limpieza de la casa está en marcha, pero lejos de materializarla como es natural en un año.

Y los resultados de la campaña judicial por lo que denomina Zaldívar “una política de cero tolerancia a la corrupción”, es de 16 servidores del PJF destituidos e inhabilitados por irregularidades patrimoniales, nepotismo en nombramientos o por incurrir en una actuación tendiente a engañar a otras autoridades o a obtener beneficios de las partes en juicio. Uno de ellos presuntamente vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Todo esto golpea la imagen del PJF que “no ha logrado construir con la ciudadanía una relación de confianza… Los jueces muchas veces son percibidos como miembros de una élite”. Y vaya que lo son.

Como simple observador percibo un proceso de cambios en la SCJN y el PJF que, esperemos, sea de largo aliento y radical, lo que significa ir a la raíz de los problemas.

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