México.- El martes 16 de julio comenzaron a aplicar las nuevas medidas migratorias decretadas por Donald Trump para impedir el ingreso a Estados Unidos de extranjeros aspirantes a obtener un asilo, y la diana parece ser México.

Cuando las relaciones bilaterales parecían marchar sobre ruedas después del acuerdo migratorio del 7 de junio y un avance notable en los compromisos de México de frenar el éxodo migratorio, con felicitación incluso de Trump, aparecen como sacadas de la manga las redadas y después las nuevas reglas migratorias.

Las primeras fueron rápidamente conjuradas por los mexicanos que fueron apartados en buena medida de la persecución que se cebó en los centroamericanos en un ambiente de agonía y zozobra, pero las nuevas medidas reavivaron con fuerza mayúscula el peligroso, controvertido y espinoso tema de tercer país seguro.

Para la oposición política mexicana, e incluso para sectores discrepantes dentro del oficialismo, las reglas migratorias de Trump constituyen un oportunismo malintencionado que arrincona al gobierno de Andrés Manuel López Obrador al tratar de que continúe haciéndole concesiones al país vecino.

A pesar de lo conseguido con el despliegue en las fronteras de la Guardia Nacional y un cuestionado endurecimiento de los requisitos migratorios para ingresar a México, Trump persiste en su idea de que el gobierno de López Obrador acepte convertirse en un tercer país seguro para liberar a la Casa Blanca de las presiones de solicitud de asilo que tanto le molestan a su xenófobo presidente.

Tercer país seguro tiene un significado tan peculiar que sobran dedos de una mano para contar las naciones que lo han aceptado, uno de ellos es Canadá y es el único que le ha hecho ese favor a Estados Unidos.

El concepto expresa una excepción a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se aplica a los países en los que estos pueden disfrutar asilo sin ningún peligro, porque ni pueden ser repatriados ni discriminados. Hay que darles trabajo, comida, alojamiento y cuidados sanitarios.

Pero eso no es lo que le interesa a Trump. Lo importante es que los solicitantes de asilo en Estados Unidos pueden ser devueltos a los países donde podrían haberlo conseguido, es decir, México.

Es como la ley del embudo: Estados Unidos se saca de su territorio a los migrantes que no les convenga –en redadas o como sea- y los regresa a México que, como tercer país seguro donde pudieron solicitar su primer asilo, no los puede devolver. Además, debe garantizarles el acceso a la residencia y demás beneficios e incluso respetar su derecho a la reunificación familiar.

Hay un problema legal que afecta el deseo de Trump y beneficia a México, y es que para que se reconozca el estatus de tercer país seguro es necesaria la firma de un arreglo entre los dos gobiernos interesados, y es a lo que se ha negado México desde las presiones el mes pasado con la amenaza de gravar las importaciones mexicanas si no se frenaba la migración.

Esto explica por qué México insiste tanto en que jamás cederá a ser un tercer país seguro como hace tiempo quiere Trump, y que en medio del anuncio de las nuevas reglas migratorias, después de la mañanera de López Obrador y de una conferencia de prensa internacional de Marcelo Ebrard, la secretaría que encabeza publicara una breve nota titulada “Posicionamiento de México sobre la medida de Estados Unidos para limitar las solicitudes de asilo”.

Es la respuesta oficial, sin siquiera mencionar el concepto, de que no acepta ser un tercer país seguro y por tanto rechaza las modificaciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos a sus procedimientos y criterios de elegibilidad en materia de asilo y en cambio mantendrá su política de asilo y refugio como marcan las leyes internacionales y la Constitución mexicana.

¿Por qué ese “posicionamiento” de la Cancillería? Pues por el simple hecho de que las nuevas reglas emitidas por Trump de negar asilo a quienes transiten por otro país aplica de facto a México el concepto de tercer país seguro sin que medie un acuerdo bilateral al respecto.

En otras palabras: es como si existiera un acuerdo formal que negaría al migrante el derecho al proceso de asilo en Estados Unidos de las personas que han transitado por México con lo cual, por supuesto, Trump viola al descaro el derecho de las personas a solicitar refugio en el país en el que se sienten seguros.