Esta semana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Centro Nacional de Información, dio a conocer las cifras actualizadas del número de víctimas de delitos del Fuero Común, para los meses de enero y febrero de 2019. El documento es importante por muchas razones, pero, sin duda, la principal de ellas tiene que ver con el hecho de que disminuir los niveles y la profundidad con los que la violencia ha desgarrado a la sociedad mexicana en los últimos tres sexenios no sólo es una exigencia de supervivencia del Gobierno de López Obrador —si es que éste quiere mantener los márgenes de aceptación y legitimidad política y social de los cuales goza en la actualidad—, sino que, además, es un tema de urgencia nacional para millones de mexicanos y mexicanas que experimentan su cotidianidad en el avasallamiento de esa violencia y su rastro de muerte y de ausencias que deja tras su paso.

Las cifras, por supuesto, son una abstracción que impiden, en general, reconocer el drama que se esconde, tanto para individuos como para colectividades, en fenómenos como los del feminicidio, el homicidio, las lesiones, la trata, el secuestro, etcétera. Sin embargo, son siempre un buen indicador para señalar qué tan extendido, en términos espaciales; y qué tan sistemático, en términos de la temporalidad de la ejecución del acto; es el hecho en cuestión. En este sentido, el informe que da a conocer el Gobierno de López Obrador si bien no resulta nada funcional para dar cuenta del trauma que significan estos delitos en la vida de millones de personas, sí es —por lo menos en la construcción del imaginario colectivo nacional en la materia—, un recurso importante para dar cuenta de las afrentas políticas y los ejercicios de poder que se ponen en juego en la disputa por un proyecto colectivo determinado.

La metodología, quizá no sobre señalarlo, es cuestionable si se reconoce que la cuantificación de casos sólo se basa en el número de victimas registradas en carpetas de investigación iniciadas en las distintas Agencias del Ministerio Público y en las reportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las treinta y dos entidades de la federación; obviando y desconociendo la infinidad de casos que se dan y que no se registran ante las instituciones de procuración e impartición de justicia del Estado. Pero, a pesar de ello, y aún si el análisis sólo es situado en lo que concierne estrictamente a dos fenómenos tan lacerantes como lo son los del homicidio y el feminicidio, la numerología no por ello deja de ser abrumadora, aún sin esa otra cifra negra.

Ahora bien, entrando en materia, el Secretariado informa que, en enero, se registraron 2,853 casos de homicidio doloso; mientras que en febrero fueron 2,796. Feminicidios, por su parte, se registraron 79 en enero y 75 en febrero. Muertes dolosas en el primer mes del año, pues, sumaron 2,932; y en el segundo, 2,871. Poniéndolos en perspectiva y en contraste (ya señalado hasta el hartazgo por algunos de los principales analistas de seguridad pública y nacional que aplaudieron, en su momento y aún ahora, la política de guerra de Felipe Calderón en contra del narcotráfico; y su continuación con Enrique Peña Nieto), el promedio de asesinatos por día, en los últimos dos meses, se ha situado por encima de los cien (102.5); es decir, un crecimiento de alrededor del 15% respecto de los mismos meses en el último año de Peña Nieto.

Este incremento en el número de asesinatos, en ambos géneros, es, sin duda, real y significativo. Sin embargo, cuestionar las muertes por las muertes mismas, sin cuestionar las causas y los procesos que las originan —a la manera en que en la prensa y en ciertos círculos de intelectuales de alto rendimiento son tratadas simplemente como las muertes de López Obrador—, comete el error de sacar de la intelección del fenómeno variables tan importantes como, por ejemplo, el reacomodo interno de los grupos criminales con actividades en el país, la reorganización de las cadenas de valor, en las actividades delictivas, por causa de la depuración burocrática; las reconfiguraciones de los protocolos gubernamentales de actuación, el replanteamiento de ciertas instituciones públicas dedicadas a administrar los fenómenos violentos, o, aún más importante, la reconstitución de pactos políticos entre grupos criminales y e intereses políticos opuestos a la agenda y la plataforma de gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

No es menor, por supuesto, visibilizar esta multiplicidad de factores involucrados en el actual repunte de delitos violentos en el país. Colapsar todo el análisis en el argumento de que las instituciones, la política pública y los funcionarios de la 4T simplemente no están funcionando, no saber lidiar con el problema o no están haciendo su trabajo —de tal suerte que todo asesinato en el país, a partir del primer segundo del primero de diciembre de 2018, es una muerte de López Obrador, de su propio ejecutómetro, pone un énfasis argumentativo importante en términos del reconocimiento de que hay acciones que se deberían estar implementando para controlar la situación, y no se están haciendo.

El problema aquí viene, no obstante lo anterior, cuando se pierde de vista que lo que está de fondo en el contexto actual se encuentra atravesado por una disputa sin tregua por el control del aparato de Estado, por su andamiaje gubernamental y, por extensión, por el ejercicio de una cierta hegemonía entre una multiplicidad y una diversidad de intereses divergentes, cada uno enquistado en su propio coto de poder que construyó a lo largo de los regímenes anteriores. Cobrar consciencia de este hecho, evidentemente, no justifica las muertes acumuladas por la actual administración, pero sí busca poner de manifiesto, reconocer, que la operación a realizar no es una simple ecuación de mutua exclusión entre dos absolutos: presencia de violencia frente a ausencia violencia, sino que es, antes bien, una tarea de exposición clara de los rasgos concretos de cada muerte, en su singularidad.

El tiempo que se está invirtiendo en echar a andar nuevas instituciones, nuevas políticas públicas y nuevos protocolos de actuación por parte de la 4T, al mismo tiempo que se procura desmontar las redes que funcionaban en los regímenes pasados, en materia de seguridad, combate a la delincuencia, crimen organizado, pacificación, etc., es un factor importante para comprender gran parte de la situación, pero no abarca el todo. Argumentar, de igual manera, que lo que realmente está ocurriendo es que la presente administración se encuentra por un transe de laxitud respecto de la política de mano dura de las dos presidencias pasadas, en otra línea de ideas, tampoco resuelve mucho; en especial, en un momento en el que la 4T logró una militarización más profunda de la vida pública nacional sin tener que haber transitado por la promulgación de una Ley de Seguridad Nacional, y más aún, sin el costo político que medidas similares tuvieron para Enrique Peña Nieto.

Ahora bien, es verdad que el haber partido del fortalecimiento y la ampliación del alcance de la política social es un acierto para combatir algunos de los rasgos más lacerantes de la estructura económica neoliberal. El problema es que no toda la violencia atraviesa por los causes de la pauperización de las comunidades; en particular, la violencia criminal del tipo que ejercen tanto el crimen organizado transnacional como los cuerpos militares del Estado o los ejércitos privados de los grandes capitales, anclados a directrices geopolíticas que van más allá del pretender solucionar el fenómeno de violencia recurriendo al reparto de ingresos, ya sea en especie o monetizados.

Desestructuraciones tan grandes como el que se dio en las redes de tráfico de combustibles robados, por ejemplo, ilustran este punto. Ahí, el problema claro que está en las causas que llevaron a diversas poblaciones a valerse del hurto de los recursos energéticos del Estado para poder sobrevivir. Pero el vínculo directo con la violencia no se resuelve sólo con ofrecer una beca estudiantil a los hijos y las hijas de esas poblaciones, en repartir becas de primer empleo a las juventudes en edad laboral o salarios rosas para las madres de familia. Y es que, aunque la base de la red se construye a partir de la necesidad de esas poblaciones, el elemento estructural se encuentra anclado en las grandes estructuras que en verdad se beneficiaron de los ingresos obtenidos —los intereses armados encargados de securitizar las cadenas de valor, por un lado; y los capitales acumulados que se formaron del huachicol, por el otro.

Por eso es importante insistir en que el contexto actual no es un factor menor en el repunte de los índices de delitos violentos (que no es lo mismo que decir que existe un repunte en los índices de violencia, toda vez que no son los mismos fenómenos, aunque mantengan una relación de codeterminación). Las cartas de buenas intenciones de López Obrador y de su plataforma de gobierno pueden ser lo más sinceras que se quiera, pero no por ello se debe obviar que hay un vinculo causal entre la magnitud de los intereses trastocados por su administración y la reacción de éstos en términos violentos. La disputa por el control del Estado y por los efectos que tengan en el país no es menor y las tensiones que se abran o se cierren, en lo sucesivo, serán definitorias de un espectro importante del fenómeno de la violencia.

Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional, @r_zco