México (PL) Llama poderosamente la atención la energía con la cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirige la batalla contra el robo de gasolina, un fenómeno de magnitud incomparable que priva a la nación del 10 por ciento o más de la producción petrolera nacional.

Esa actividad ilícita tuvo el tiempo suficiente para enquistarse dentro del tejido social, económico, industrial e incluso político de México como si fuese una arteria más del cuerpo nacional al extremo de que, según López Obrador, figuraba en los estados de cuenta del gobierno como pérdidas pues los presidentes desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto conocían el asunto.

Las cifras suministradas por el gobierno son escalofriantes: los seis ductos de más de mil 600 kilómetros de longitud con 37 puntos operativos incluidas estaciones de redistribución y tanques de almacenamiento, estaban perforados con acometidas clandestinas por las que se iban a los depósitos particulares diariamente cientos de miles de litros.

Eso significa que quedaban fuera del control del Estado más de 60 mil de millones de pesos (tres mil millones de dólares) anuales, según las cifras dadas por el presidente López Obrador.

De la forma en que estaba estructurado el robo, que involucraba a los departamentos de la sede central de Pemex encargados de vigilar la presión para detectar fugas y cerrar las llaves para trancarlos, era virtualmente imposible eliminarlo sin clausurar preventivamente el suministro por tubería.

Probablemente al adoptar esa decisión y sustituir por camiones-cisternas los ductos, la grave afectación al suministro de las gasolineras públicas no fue calculada de manera suficiente y pronto se notó un cuello de botella en casi todos los estados por el hecho de que el abastecimiento así es muy lento y la oferta queda muy limitada frente a la demanda.

Muchas instituciones se quejan de pérdidas económicas derivadas de la falta de gasolina y los problemas de transportación, mientras que los costos de distribución se han elevado sustancialmente porque el suministro por pipas es 14 veces más caro que por ductos, sin sumarle a ello las afectaciones por la demora.

Pero allí no radica el costo mayor. Este se ubica en la movilización gigantesca de las fuerzas que actúan en la batalla contra el robo, comenzando por el desplazamiento a las áreas de gasoductos de unos 12 mil soldados, más otros contingentes que han ocupado las refinerías, tanques de almacenamiento, subestaciones y otros centros de redistribución, más una vigilancia aérea de todo el sistema.

En la óptica del gobierno, la batalla contra el robo, con sus gastos, complejidades e incomodidad para la población, es una consecuencia de un problema peor, muy agudo, realmente el mar de fondo no solamente de la corrupción que mina hasta los cimientos el país, y que implica a diversas administraciones desde el siglo pasado.

México fue perdiendo en un lapso relativamente corto su condición de país exportador neto de petróleo sin que durante muchos años se hiciera algo por parar la caída en la extracción y el estancamiento de sus refinerías.

Algo realmente sorprendente si se tiene en cuenta que fue un país privilegiado en la relación costo-beneficio de su industria petrolera, pues se encuentra entre los productores que más barato le cuesta extraer un barril (siete dólares) en aguas someras y en tierra firme, y que lo estuvo vendiendo durante mucho tiempo en promedio a 100 dólares.

Sin embargo, según datos estadísticos de la propia empresa, sus utilidades eran pobres de alrededor de 200 millones de dólares cuando estaba vendiendo por valor de 125 mil millones al año, lo cual evidenciaba una ineficiencia descomunal frente a sus iguales extranjeras, agravada por las tasas de impuestos que la Secretaría de Hacienda le imponía a la empresa.

Lo cierto es que las reservas totales de petróleo cayeron de 53.0 miles de millones de barriles (mmb) en 2001 a 37,0 mmb en 2015, al tiempo que la extracción de crudo caía en picada desde los mil 234 millones de barriles anuales en 2004 a 827,465 en 2015, pero ya desde mucho antes se había convertido en importador neto de gasolina e incluso de petróleo crudo.

La producción de crudo diaria en 2005 fue de 3,42 millones de barriles y su exportación de 831 mil toneles a sus clientes de América, Europa y el Lejano Oriente.

Pero a partir de allí comenzó a bajar significativamente, y en 2012 ya la producción había caído al 75 por ciento con 929 mil 988 barriles, en 2013 al 74, 2014 al 72 y el 2015 al 67 por ciento con apenas 827 mil 455 toneles.

Ya para esa fecha estaba en ejecución la denominada reforma energética aplicada por el presidente Peña Nieto que no solamente no dio resultado alguno, sino que abrió las puertas del sector al capital inversionista privado. Cuando la lanzó, la idea fue recuperar los niveles de extracción anteriores a 2004 y la capacidad de refinación. Ambas disminuyeron y el capital privado, en especial de transnacionales estadounidenses, no significó la reanimación del sector que se esperaba. Por el contrario, se comenzó a comprar petróleo ligero a Estados Unidos y otros países para poder procesarlo con las tecnologías instaladas en las refinerías que no trabajan con petróleo pesado.

Ante la insuficiente producción de combustibles, en particular los diversos tipos de gasolina que se expenden en el país, las compras del producto aumentaron y en estos momentos México importa 600 mil litros diarios de los 800 mil que consume, y solamente convierte en sus refinerías 200 mil no con petróleo de la nación, sino básicamente estadounidense.

Esto plantea serios problemas al nuevo plan energético aplicado desde el 9 de diciembre de 2018 por el presidente López Obrador, el cual comprende la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y la reactivación de las seis existentes con el objetivo de lograr la autosuficiencia de gasolina a partir de su cuarto año de gobierno.

Al mismo tiempo el plan contempla un fuerte impulso a la extracción de crudo tanto en aguas someras como en tierra, para lo cual se incrementará el presupuesto ya aprobado para Pemex.

De acuerdo con lo explicado por el propio López Obrador, el plan tiene una serie de ejes cuyo cumplimiento es obligatorio para alcanzar los objetivos de autosuficiencia perdida, y entre ellos la refinería de Dos Bocas es fundamental porque con su entrada en producción el país aumentará la elaboración de gasolinas a un equivalente de un millón 540 mil barriles de petróleo diariamente.

López Obrador es optimista en cuanto a los contratos internacionales que se proyectan firmar con empresas de Estados Unidos y de otros países, pero especialistas locales tienen sus reservas porque dudan que Pemex revierta su declive de producción de crudo y realmente logre alcanzar para el año 2024 los 2,4 millones de barriles diarios a los que aspira el mandatario.

Son, en realidad, más razones técnicas que de otro tipo, pues algunos especialistas estiman que los campos donde se planea impulsar la producción de crudo son difíciles, como es el caso de Ixachi, cuyas reservas son de dos tercios de gas y la compañía necesitará perforar a profundidades de siete mil metros para obtenerlas.

También ven con ojeriza la construcción de la refinería de Dos Bocas porque será necesario un apoyo adicional del gobierno federal, aparte de la inyección de mil 250 millones de dólares proyectada en el presupuesto federal de 2019, aun cuando la refinería recibirá unos tres mil millones de dólares adicionales por la recuperación de gasolina robada.

Sin embargo, el presidente confía mucho en su plan cuya importancia la compara con la nacionalización del petróleo hecha por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, que lo convirtió en el presidente más popular y querido en la época moderna. López Obrador aspira a ser el mejor en toda la historia republicana de México.

- Luis Manuel Arce: corresponsal de Prensa Latina en México.