En México existen áreas opacas dentro de las instituciones que se usan para justificar la impunidad y ocultar la verdad. De ahí que delitos de lesa humanidad, como la tortura, sigan siendo una realidad en el país, asegura la Organización Mundial contra la Tortura, desde Ginebra, Suiza, la más importante coalición en la aldea global de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante.

Gerald Staberock, secretario general de la OMCT, explica aquella rémora que muchos reconocen como práctica ordinaria en México, en público y en privado, pero los funcionarios la aminoran –en particular en el gobierno de Enrique Peña Nieto que está a nueve días de que por fortuna concluya–, obedece a que “El sistema judicial es completamente corrupto. En México siempre hay alguna institución o alguien que se encarga de ocultar la verdad (...) Hay maneras institucionales de prevenirla. Es fácil cambiar la ley, lo difícil es cambiar la mentalidad de los funcionarios”.

Cierto es que los absolutos no sirven para describir y diagnosticar problemas sociales, pero el juicio sin matices es del líder de una ONG que cuenta con 300 organizaciones distribuidas por el orbe y es hoy la red más importante de organismos no gubernamentales en la protección y la promoción de los derechos humanos.

México cuenta con un ordenamiento jurídico en la materia y Staberock no tiene empacho en reconocerlo como “una gran ley para prevenir, investigar y sancionar los actos de tortura, pero no bastan la legislación –menos aquí donde con frecuencia son letra muerta–, es preciso contar con instituciones más fuertes y una sociedad civil –que no es otra cosa que la sociedad organizada–, sino además la característica es la corrupción y no se coloca a las víctimas en el centro de la atención.

Hace cinco años (octubre de 2013), cuando el Mexican Moment inventado en Estados Unidos vivía su mejor tiempo en el país y la embriaguez del grupo gobernante y del oligopolio mediático por las reformas estructurales estaba en altísimos niveles de alcohol, Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, presentó un informe sobre su visita a México de 10 días, realizada en mayo, en el que se leía una conclusión, “en México la tortura es una práctica generalizada”.

La elite de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, con el auxilio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cerraron filas para desmentir a Juan E. Méndez y presionarlo para que cambiara los términos del informe presentado; incluso para desacreditarlo, con el auxilio de los medios y columnistas expertos en servicios mercenarios.

Méndez salió bien librado en la desigual batalla, pero cinco años después México no logra avances sustanciales en el abatimiento de la tortura porque, como apunta el líder de la OMCT, a pesar de que contamos con una “sociedad sofisticada y civilizada”, se presentan “actos masivos de tortura” como lo documentó el argentino.

Además hace un quinquenio 64% de los mexicanos tenían temor a que en caso de ser detenidos fueran torturados y 30% se manifestó en favor de la tortura. Apenas el lunes el alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, pontificó que “los derechos humanos son para los humanos derechos”, porque no entiende que aquéllos son universales, indivisibles e imprescriptibles.

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