Las elecciones parciales para congresistas federales, gobernadores y otros, que tendrán lugar dentro de un mes, el próximo 6 de noviembre, han devenido también terreno para que sectores de la oligarquía y la gran prensa corporativa de EEUU den nuevo impulso a su manipulada campaña de denuncias de una supuesta pretensión rusa de alterar resultados electorales en unas u otras regiones del país.

Desde hace casi dos años y con creciente intensidad los grandes medios de difusión estadounidenses y poderosos círculos políticos han reiterado, una y otra vez, que ha habido una injerencia rusa en los asuntos internos del país y que ese país tiene capacidad, dicen, para alterar por medios digitales los resultados electorales, así como que por esa vía habrían fabricado el triunfo de Donald Trump.

Se ha desatado todo un escándalo que denominan RusiaGate para poner al controvertido presidente a la defensiva, lo que es también un subterfugio para revivir la guerra fría, confundir a la población mediante el miedo, y mantener las tensiones internacionales que sirven a quienes lucran con la producción de armamento bélico.

Por supuesto, tal campaña pasa por alto la gigantesca y añeja manipulación ‘made in USA’ de los resultados electorales en ese país, uno de los elementos que muestra la falsedad del pretendido carácter democrático del sistema y de la sociedad estadounidense, y que revela el doble estándar tan habitual en la política en el vecino del norte, así como el desprestigio del sistema electoral y de los partidos políticos en ese país.

El descrédito está extendido en primer lugar entre la propia población. Como se conoce, la concurrencia a las urnas cada cuatro años en las elecciones presidenciales es ligeramente superior al 50% de los electores, mientras que en las de ‘medio término’, como las que se efectuarán ahora, la asistencia de votantes está en torno al 36%.

La extendida apatía y desconfianza en el gobierno y sus instituciones se debe, entre otras razones, a la permanente interferencia y artimañas por parte del duopolio partidista, de los plutócratas y financistas de las costosas campañas y los comités de acción política corporativos, además de los propios medios de prensa monopólicos, entre otros.

No es ocioso recordar que siempre ha habido segmentos importantes de las clases poseedoras del país que reiteradamente han buscado limitar el número y las capas de personas que deben ser parte del proceso político, intensión que se manifestaba ya en muchos de los próceres fundadores de la república.

Existe una correlación entre el nivel de ingresos y de registros, así como de participación de los votantes. No es por gusto que, mientras más pobres los estadounidenses, menos participan en el proceso democrático.

Como un ejemplo de manipulación descomunal de resultados, con el contubernio de instancias oficiales y jurídicas, es bueno tener presente el gran robo electoral en las elecciones del año 2000. En aquella ocasión mediante múltiples fraudes le fue otorgada la victoria y la presidencia a George W. Bush hijo, principalmente con la adulteración de los conteos de votos en la Florida, que resultaban determinantes. Hay serias sospechas que cuatro años después Bush habría sido reelecto también mediante fraudes en Ohio y otros estados.

Ya como algo que se repite en las elecciones de ese país y a todos los niveles, es notable la práctica habitual y los recursos que se emplean para dificultar la asistencia a las urnas de las clases populares y las minorías, e incluso impedir o hacer más difícil su registro electoral, y hacer purgas en los listados de electores para armar de alguna manera los posibles resultados de las votaciones.

En cada elección que tiene lugar en el país, y en todas sus regiones, hay siempre un número considerable de votantes que, al momento de presentarse para ejercer su voto, encuentran que sus nombres no aparecen en las listas del registro de votantes.

No nos referimos a un dato menor o marginal, ni a la necesaria y correcta actualización de los listados. Por ejemplo, en 2013, las personas con derecho al voto en Virginia se redujeron cuando cerca de 39,000 de ellos fueron removidos supuestamente debido a que las autoridades se apoyaron en ‘estadísticas defectuosas’ para determinar que nombres debían ser borrados. En 2016 en Nueva York la junta electoral excluyó equivocadamente más de 200,000 nombres.

Se señala que en las elecciones de 2014 y 2016 casi 16 millones de personas fueron excluidas de los listados. Se constató que los afroamericanos, los latinos y asiáticos son marcados y removidos de las listas de electores en mucho mayor grado que los anglosajones y personas de piel blanca. Es bastante extendido el criterio que todo ello responde a intensiones deliberadas. Ninguna región del país está inmune a estos rejuegos.

Ante esas artimañas y ardides del sistema fuerzas populares desarrollan acciones de distinto tipo y a nivel político en torno al derecho al sufragio, la integración de las mesas de votación, la alteración de resultados en las máquinas de votación y el hecho de que en la mayor parte del país el proceso electoral adolece de una falta casi total de vías para verificar los datos de la votación.

No obstante, en muchos lugares en las barriadas pobres y de minorías siguen siendo habilitados locales de votación menos asequibles, hay menor cantidad de máquinas de votación y es donde se crean las más largas y demoradas colas para sufragar.

Muchas de esas prácticas están respaldadas por la ley y hasta por la Corte Suprema, que en el 2013 abrió la puerta para que se dé marcha atrás a varias de las provisiones de la ‘Ley de Derecho al Voto’ que fuera lograda en 1965 mediante movilizaciones masivas en el país. Como resultado de esta reciente decisión varios estados han modificado los procedimientos electorales sin supervisión federal.

Los cambios demográficos en el país, ahora con una mayor diversidad racial, han estimulado la ‘creatividad’ de los defensores del status quo. Bajo la guisa de establecer programas de mayor seguridad en las votaciones y de evitar el fraude, los partidos establecidos, aunque principalmente los republicanos, promueven y justifican toda suerte de triquiñuelas que favorezcan el predominio oligárquico.

Bien sea por desinterés, o por rechazo a las élites políticas o por los obstáculos para registrase y participar, o por el descrédito del sistema de partidos, el hecho es que unos 56 millones de personas con edad para sufragar nunca se han registrado para votar.

Reiteradas quejas ha habido respecto a leyes que hacen engorroso el proceso para convertirse en un "votante registrado". O sea, que para registrarse electoralmente en muchos lugares se requiere más de un día de gestión, a veces en locaciones alejadas, se exige demasiado papeleo, o son excesivamente estrictas al demandar de los electores pruebas de ciudadanía y otros documentos. Se evidencia que este tipo de procedimientos desalientan o desmoralizan la participación de las minorías étnicas.

Asimismo, la intimidación a los votantes por distintos medios [incluyendo la amenaza física en los lugares de votación] se ha incrementado a la par con la creciente participación política de las llamadas minorías.

Sumemos a lo anterior que, a nivel de los estados, los partidos que controlan la mayoría en las legislaturas recurren a artificios al diseñar interesadamente y a su conveniencia el contorno y la composición político social de los distritos electorales. Entre esos cálculos está la intensión de restar peso o concentración mayoritaria de las clases sociales y sectores de la población étnica más humildes. A veces ello se expresa en ‘enjaular’ y en otras partir a la mitad las barriadas de esas poblaciones para restarle peso, impacto o representación propia.

Numerosas trabas y regulaciones existen también para garantizar el rejuego y la exclusividad bipartidista; ni los demócratas ni los republicanos quieren a nadie estructurando partidos al margen del duopolio bipartidista.

Para ello han construido un laberinto de leyes discriminatorias y onerosas para dificultar la inscripción de candidatos alternativos en las boletas, exigencia de números excesivos de firmas para ello y otros obstáculos. El alto costo de las campañas electorales y para trasladarse en ese gran país, contratar personal y lograr visibilidad resultan difíciles, además de que los medios de difusión solo dan cobertura a los partidos del sistema: demócrata y republicano.

Asimismo tienen lugar acciones y decisiones sesgadas o torcidas por parte de funcionarios y juntas electorales (que en cada uno de los estados del país están controladas por los demócratas o por los republicanos), junto con reglas que posibilitan mayor acceso a fondos federales a los dos grandes partidos, y otras.

Se han aplicado atropellos y hasta ilegalidades como marginación por los medios de difusión, exclusión para participar en los debates televisados, campañas difamatorias y hasta el sabotaje y la violencia. Incluso, la forma como se formulan las encuestas de opinión socava la capacidad de los opositores y las fuerzas independientes.

Por otra parte, en el ambiente actual dirigido a reverdecer la guerra fría, ambos partidos establecidos emulan en sus posturas belicistas. Se ha informado acerca de la alta cantidad de candidatos nominados por los demócratas para las elecciones del mes próximo que provienen de los círculos militares o de los aparatos de inteligencia: aproximadamente la mitad de los que aspiran por los 102 distritos claves con los que aspiran a obtener la mayoría en la Cámara de Representantes.

Resumiendo: Es sumamente dudoso que exista una significativa adulteración fraudulenta foránea de los dispositivos y resultados electorales. Se trasluce que existe una maniobra e intensión política con el tema. Pero resulta claro que no es realmente la voluntad popular libremente expresada la que determina dichos resultados.

Es el poder del dinero, el diseño mañoso y calculado de las circunscripciones electorales, la parcialidad de los funcionarios, el manoseo de los listados, las manipulaciones de los medios de prensa, y mucho más, lo que determina no solo quienes controlan el Congreso, las legislaturas y gobiernos de los estados y toda una gama de cargos electivos a lo largo del país, sino incluso quienes, en última instancia y en buena medida, determinan quien accede a la presidencia en los Estados Unidos.