Mientras los peruanos aún digieren la caída de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), un banquero lobista que llegó a la presidencia más por el rechazo ciudadano al fujimorismo que por mérito propio, el nuevo presidente, Martin Vizcarra, debe asumir el reto heredado de la organización de la polémica VIII Cumbre de las Américas –digitada para buscar sanciones contra Venezuela- y la inusitada visita de Donald Trump.

Los analistas coinciden en que nadie quedó realmente contento con el desenlace de la crisis de marzo, dilucidada con un acuerdo precario que no alcanza para suspiros de esperanza, quizá  en un mal momento para recibir la visita imperial y su séquito de funcionarios y soldados, en un país que sigue convulsionado.

Las reacciones del poder fáctico y la institucionalidad política por la composición del nuevo gabinete no augura Ministerial, conocida el lunes, y las reacciones que ante él han registrado los partidos políticos, salidas a los apremiantes problemas del país, pero al menos desarmó las especulaciones y anuncios tremendistas tratando de condicionar a Vizcarra. Sin embargo prendieron luces de alarma las designaciones en Defensa y en Justicia.

El Poder Ejecutivo y el Congreso dieron luz verde al pedido de la Casa Blanca: negar la invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro y aceptar que 114 efectivos militares y 454 de la Fuerza Aérea estadounidense sean admitidos como “personal de seguridad” del Trump durante su visita. Quizá les guste Perú y decidan quedarse con la excusa de la lucha contra la subversión o contra el narcotráfico o para realizar prácticas militar cerca de la triple frontera colombo- brasileño-venezolana.

El nuevo canciller Néstor Popolizio refrendó todo lo actuado sobre el particular por la administración PPK. Según fuentes diplomáticas, al menos seis mandatarios de la región, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y El Salvador, no aceptarán exclusión alguna en el encuentro, mientras se organiza una Cumbre de los Pueblos, con un marcha antiimperialista el jueves y el sábado 14 en la Ciudad Universitaria de San Marcos una jornada solidaria con las luchas de los pueblos de América Latina.

Antes de partir hacia Lima, y a tono con las orientaciones políticas que viene ejecutando desde que asumió su gobierno en el 2017, el mandatario estadounidense firmó el miércoles 4 una orden para militarizar la frontera sur, con México. Trump declaró que como aún no ha podido cumplir con su promesa de construir un muro en la frontera, enviará a la Guardia Nacional a la frontera sur, con el objetivo de militarizar la zona e impedir el ingreso de inmigrantes.

Obviamente, esta política basada en la xenofobia, el racismo y guerrerismo, que sostuvo Trump durante su campaña electoral, se hace realidad cada día que pasa y demanda la respuesta de los mandatarios latinoamericanos. “El desgobierno que persiste en nuestra frontera sur es fundamentalmente incompatible con la protección, la seguridad y la soberanía del pueblo estadounidense”, declaró Trump.

La interna

Al cumplirse 26 años del golpe de Alberto Fujimori, el fujimorismo sigue contando con mucho poder, pero mucho más desprestigiado pese al indulto concedido por PPK al genocida dictador, ya que sus dos hijos decidieron utilizar para sí este capital político: Keiko con Fuerza Popular y Kenji con Cambio 21.

Con unos videos que mostraron como los defensores de PPK trataban de comprar votos de congresistas para evitar su vacancia, Kieko no solo se deslastró de Kuczynski sino también de su hermano. La expulsión del Congreso de Kenji Fujimori y dos legisladores de su bloque, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, está cerca. La meta de Keiko es controlar el sistema de justicia para manipular las investigaciones en su contra.

 Mónika Mendoza, excandidata presidencial de la izquierda, señala que PPK era el sueño hecho realidad de los grupos de poder económico, uno de los suyos, un agente neoliberal sin pudor ni antifaz. Y si ha caído en desgracia no es solo por sus errores sino porque los grupos de poder que lo respaldaban también están afectados, y que es prácticamente toda la clase política y empresarial tradicional la que está involucrada.

 Es la prueba de que subyace un sistema que ha permitido y promovido esta corrupción generalizada. Es el sistema consagrado en la Constitución fujimorista del 93 que ha mantenido nuestra democracia secuestrada por el poder del dinero y las mafias, añade.

Mariana Álvarez Orellana

Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )