En Colombia, según recoge el reporte “Magistratura en el Mundo” publicado diariamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, se ha planteado ante las máximas instancias un conflicto sobre la publicación de las decisiones de justicia por internet. Este tema al que nos hemos referido insistentemente en los últimos años tiene en la República neogranadina las mismas características que en Venezuela.

Es decir que Colombia como Venezuela ha entendido que en el internet existe una plataforma que sirve para la publicidad de las actuaciones judiciales lo que es una garantía de la transparencia y del buen funcionamiento del sistema de justicia. Si esto podría ser válido porque en efecto permite conocer qué, cuánto, cuándo y porqué deciden los tribunales es también una peligrosa amenaza para el derecho a la intimidad, la confidencialidad y la imagen personal puesto que arroja todos los detalles de cualquier conflicto judicializado de una persona a la vista pública con tan sólo escribir su nombre en un buscador.

Así, cualquiera podrá conocer si un aspirante a un trabajo tuvo antes un conflicto laboral y descartar su postulación; podrá saber cuál fue la razón de su divorcio; si alguna vez peleó una herencia con sus hermanos o primos; etc.

Esto por dejar de lado el universo de lo más sensible que son las consecuencias para la presunción de inocencia que se suban, con todas las señas, todas las decisiones que se toman durante un proceso penal pues existen, denuncias temerarias, casos que se sobreseen por falta de evidencia y claro está hay casos donde la gente que ha llegado al final del juicio es declarada no culpable. Sin embargo, cada una de las decisiones queda en línea ad eternam y significa una pesada pena del banquillo.

¿Contrataría usted a alguien que sabe que fue acusado de robo? ¿Qué demandó a su anterior patrono? ¿Le alquilaría un apartamento a una madre que está en pleno juicio de pensión de sus hijos?

La duda es más que razonable pero es injusta porque en nuestra sociedad entendemos que la gente tiene derecho a que sus problemas concluyan. Del modo en el que la gente lo acuerde o que el juez disponga pero que las cosas terminen, no se conviertan en fantasmas que los amarran toda la vida a ese instante pasado.

El uso de las tecnologías es vital para el buen gobierno y el mundo judicial no escapa de ello pero deben adaptarse mecanismos que no lesionen los derechos e intereses, presentes y futuros, de los justiciables, procediendo por ejemplo a identificarlos por códigos, de letras, símbolos o números que los interesados conozcan y que no sean evidentes al resto de los usuarios del internet.

Esto es bien delicado porque esta regla de la publicidad entendida como la facultad –e incluso la obligación- de subir todos los documentos con la identificación plena de las partes, en Venezuela ya tiene una excepción cuando el interesado la interesada no ha alcanzado la mayoría de edad. Allí, ordena la ley de protección, debe preservarse la identidad.

Sin embargo, esto se cumple de una manera tan gramatical que es totalmente ineficiente porque se borra el nombre del niñ@ pero se refiere la identidad de los padres o demás sujetos que indican quien es el niñ@ por el contexto.

Si evidenciamos además que en los últimos tiempos no ha sido cumplida universalmente y oportunamente por los tribunales de la República el deber de cargar a los sistemas sus decisiones observaremos que aquí hay una mala utilización de un principio que es gravemente lesiva de los derechos de los ciudadanos que debe, en este momento en el que todo el sistema de justicia se debate, ser corregida.

Esperemos que por la vía del análisis del Derecho Comparado o por las denuncias que en prensa o por amparos esporádicamente llegan, pueda plantearse este asunto que por secundario que nos resulte es tan relevante para el perfeccionamiento de un sistema de justicia en tiempos donde el internet no ofrece ninguna garantía de olvido.