Fue el 25 de agosto de 2017, cuando la Casa Blanca dictó la primera sanción económica general contra Venezuela camuflada en una acción que declaró que fue quirúrgicamente tomada para afectar lo menos posible al pueblo y lo más severamente posible al gobierno.

En ese texto se expresó la prohibición para cualquier persona o entidad sometida a las leyes de los Estados Unidos de realizar operaciones financieras con el gobierno venezolano y las empresas vinculadas con este. Incluyendo muy claramente dentro de su ámbito de aplicación los bonos petroleros emitidos por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y las empresas filiares. De igual forma declaró que estaba prohibido para cualquier individuo o entidad negociar las hipotéticas nuevas formas para financiar la deuda que podría emitir el gobierno venezolano.

En ese entonces fue la primera vez que las sanciones visaron los procesos económicos de manera directa y no a los funcionarios estatales de manera individual lo que significó una afronta máxima al Derecho Internacional.

En aquel momento, comentamos el documento centrándonos en una parte del mismo que nos resultaría curiosa sino fuera a todas luces sanguinaria, la cual reproducimos a continuación:

Al final del séptimo párrafo precisa el documento que las medidas supuestamente tan comedidas van a favor de asfixiar al gobierno y permitir la ayuda humanitaria. Quiero llamar la atención que las crisis humanitarias, de la que tanto posicionamiento mediático se ha hecho no son simplemente una situación más difícil que la ordinaria para acceder a los derechos.

La crisis y la ayuda humanitaria son conceptos típicos del derecho. Es decir, tienen un contenido preciso y se da en el marco del Derecho de Ginebra, de la guerra, de la hambruna, de la catástrofe.

¿Una declaración abierta de que se favorecerá la ayuda humanitaria? ¿Es decir, que se admite frontalmente que la situación que vivimos es provocada y que empeorará? ¿Cómo va a empeorar?[1]

Con ello como marco siguieron una serie de actos internacionales a los cuales les hemos prestado atención pero entendiéndolos como acciones que pueden separarse: las sanciones de Canadá o de la Comunidad Europea, las decisiones de Argentina, por ejemplo, de aceptar títulos venezolanos sin legalizar[2] –lo que viola el derecho de La Haya que establece el régimen de las apostillas-, o la decisión de Perú en el  mismo sentido.[3]

Por ello, mientras somos presionados por sanciones cada vez más severas hasta el punto donde ya la redacción de las mismas se ve forzada, las condiciones de vida en Venezuela se han convertido en las que sufren los países bloqueados que tienen sus fronteras abiertas y que además son monoproductivos.  Es decir condiciones difíciles, con bienes limitados e ingresos cada vez más comprometidos.

Pero a la par que nos ocurre esto sin que nadie lo explique debidamente, se pinta en nuestra mente el extranjero como una promesa donde ninguno de los problemas que nosotros tenemos existe.

¿Nadie se ha fijado que desde que empezó la Guerra Económica toda la publicidad de las cableras gira en torno a la felicidad de los países extranjeros? ¡En Chile no falta jabón! ¡Qué amplio catálogo de shampoo venden en Colombia! ¡Qué bien se plancha en Argentina! ¡Con sólo abrir una página web te regalan una Green Card!, etc.

¿Habrá delincuencia en Suiza? ¿Habrá corrupción en España? ¿Habrá inseguridad en México? ¿Habrá racismo en Estados Unidos? ¿Habrá desempleo en Alemania? La mayor parte de las personas sometidas a lo que nosotros vivimos sentirá que no. Todas esas cosas sólo ocurren aquí.

¿Por qué hablamos de esto? Porque tenemos semanas bajo un nuevo tiquiti taqui que está operando del mismo modo que operó la idea de la crisis humanitaria. Ahora tenemos un “éxodo” que pasó de ser insinuado por los medios a ser afirmado por los organismos internacionales y los gobiernos extranjeros.

Empezó a calentarse el asunto con la publicación de una “Nota de Orientación sobre el flujo de venezolanos” por parte del ACNUR donde se hablaba que –como por arte de magia- Venezuela enfrentaba la primera crisis de emigración de su historia y que, dada la polémica que generó fue rápidamente recogida por sus portavoces en cuanto a la extensión del documento. Siguió rápido la Comisión Interamericana a declarar en el mismo sentido y según El Nacional[4], el 18 de marzo, el ACNUR les aseguró que el problema era tan grave como había declarado Pizarro y habían desmentido que fuese para Telesur.[5]

 De este juego enredado del sí pero no hay que recoger varias cosas:

1. La crisis humanitaria que fue el gran tema que se planteó en el 2015 y que ubicó en el imaginario internacional que el gobierno bolivariano atentaba contra los Derechos Económicos Sociales y Culturales se ha desplazado, puesto que con el poco éxito que han experimentado para sostener su existencia en el país ahora sostienen que la misma va a derivar en la migración de los venezolanos. Se trata entonces de terminar de asociar las ideas de “Venezuela” y “crisis humanitaria” para tratarlas como sinónimos incluso cuando las personas se encuentren fuera del país.

2. Existe toda una intención de la CIDH de lograr un consenso que los venezolanos no son migrantes económicos a los cuales el derecho internacional da una precaria protección puesto que la riqueza está muy mal distribuida en el mundo y hay países cuyas condiciones socioeconómicas ameritarían que ningún humano los habitase, sino que son refugiados cuya protección se encuentra mucho más desarrollada puesto que son personas que huyen de países donde su vida individualmente considerada o su libertad se encuentran comprometidas. Por ello, no pueden ser devueltos a los países de origen y lo que está detrás de ellos son sistemas dictatoriales que desconocen los derechos humanos.

Planteado lo anterior podemos ver cómo se dibuja el escenario que merece que se le otorgue a Venezuela una ayuda humanitaria cuya capacidad de recuperar las situaciones de bienestar de los pueblos se encuentra altísimamente cuestionada porque termina traduciéndose en presencia de militares extranjeros por largos periodos de tiempo y en la limitación de la capacidad soberana de los Estados. Esto por no recordar todo el historial de barbarie que ha sido la “ayuda humanitaria” en la República Centroafricana, en Haití, en Sudán o en Siria.[6]

Sin embargo, en el caso venezolano se viene haciendo cada vez más patente que la “ayuda humanitaria” es un negocio. Recordaremos al respecto aquella situación del 2015 donde Lilian Tintori y la entonces hiperactiva Asamblea Nacional planteaba que Venezuela debía aceptar “lo que le enviasen, al precio que fuese, de quien lo enviase” incluidas las medicinas vencidas que constituían la única parte realmente ofertada de aquel paquete.[7]

Una vez que, a través de la  intervención en el conflicto de la Sala Constitucional y luego el fortalecimiento del gobierno de Nicolás Maduro por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente significó que la Asamblea Nacional pasara del desacato a la invisibilidad se dejó de hablar de toda esta historia en el país y ahora regresa, al comienzo un poco tímidamente con algún planteamiento colombiano y hoy con mucha fuerza por una decisión de los Estados Unidos que ofrece la ayuda humanitaria a venezolanos a través de gobiernos extranjeros.

Tuiteó la cuenta oficial de “USA en español” en los siguientes términos “Hoy, los EEUU a través de @USAID, anuncia nueva ayuda humanitaria para apoyar venezolanos en #Colombia, quienes están huyendo de la pobreza, el hambre y la tiranía en su país. Los EEUU continuará a apoyar al pueblo de #Venezuela”

Al respecto debemos necesariamente considerar que esta noticia se da justo después que el día de ayer, 19 de marzo del 2018, Donald Trump publicase una orden ejecutiva que prohíbe realizar transacciones con el petro, la criptomoneda que lanza de manera oficial el martes el gobierno de Venezuela.

Hemos de considerar que más allá de cualquier debate sobre su naturaleza jurídica y económica, el petro es la estrategia que ha diseñado el gobierno para poder adquirir los bienes y servicios que requiere el pueblo esquivando el bloqueo financiero que ha sido progresivamente impuesto a Venezuela.

Es decir que, cuando mediante esta orden, se prohíben “todas las transacciones vinculadas, provisiones de financiamiento y otros negocios por parte de una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda, divisa o ficha digital” se le prohíbe al gobierno buscar cualquier alternativa a las condiciones que por la vía de las sanciones se le ha impuesto al pueblo.

Por lo cual, fuera de que el mercado al cual se dirige el petro no sea el de los Estados Unidos o que existen dificultades técnicas para lograr este propósito estamos ante la evidencia que el gobierno norteamericano busca cerrar la puerta que ha abierto Caracas para satisfacer las necesidades del país.

Observándose que tan sólo para intentar disimular el asunto se incluyeron algunos funcionarios de muy poca relevancia en la actualidad nacional en las sanciones anunciadas.

Cerradas las puertas para una vida normal en Venezuela y dibujado el escenario del buen vivir en cualquier país que no sea el bolivariano la acción ahora persigue a los que huyen pero estas aparentes muestras de generosidad son principalmente desembolsos que a favor de otros gobiernos se harán a nombre de Venezuela.

Veamos los datos que publicó a finales de 2017 Misión Verdad sobre este tema:

“Veamos a fondo el tema. Más allá de las consecuencias de este tipo de “ayuda”, se encuentra todo un entramado corporativo privado que involucra a ciertas organizaciones estadounidenses de carácter humanitario como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

La Usaid es una organización que recibe fondos del gobierno estadounidense con el fin de proveer ciertas “ayudas” a países del capitalismo periférico. Usualmente estos mecanismos son avales para que EEUU extorsione a estas naciones de diferentes maneras, sobre todo desde el aspecto económico.

El programa de Alianzas de Desarrollo Global de la Usaid contempla la unión entre este organismo norteamericano y conglomerados privados, como dice la agencia, “para desarrollar e implementar actividades que aprovechen y apliquen nuestros respectivos activos y experiencia para avanzar en los intereses comerciales básicos, lograr el desarrollo de los objetivos de Usaid y aumentar el impacto sostenible de las inversiones de desarrollo de Usaid”.

Un ejemplo de esta alianza entre la Usaid y corporaciones es la relación con Coca-Cola, símbolo del capitalismo industrial y financiero, que ofrece servicios de agua para poblaciones africanas y otras naciones dependientes a través de las redes que posee la compañía de refrescos y alimentos en distintos países. Un negocio basado en la miseria que han sembrado las corporaciones y sus guerras por recursos naturales.

El proyecto para surtir agua limpia a comunidades pauperizadas en El Salvador y Guatemala es aplicado a través del correspondiente programa de la Usaid junto con sectores privados de la región bajo el paraguas que provee el tratado de libre comercio impuesto por EEUU, en el que Coca-Cola se beneficia al usarse su infraestructura de fábricas para botellas y otros suplementos, y cuyo capital global se encuentra en unos 33 millones de dólares, informa la Usaid.

Incluso The Economist no puede maquillar la realidad privatizadora de la Usaid. Informa ese medio que en 2010, luego del fastuoso terremoto en Haití que colmó en cimientos la capital Port-au-Prince y que mató a cientos de miles de personas, la tragedia fungió como una oportunidad de negocios a través del “socorro humanitario”. Una firma de Florida (EEUU), AshBritt, trató de vender un plan para restaurar los edificios del gobierno haitiano.

En ningún país donde se ha aplicado la “ayuda humanitaria”, caso África, Haití o Guatemala, el problema de miseria y hambre ha logrado resolverse.

Según The Economist, “durante los siguientes dos años 6 mil millones de dólares en ayuda llegaron a un país de 10 millones de personas, para todo, desde la reconstrucción de hogares hasta el apoyo de partidpos políticos pro-estadounidenses. Unos 500 millones de dólares en contratos de ayuda de la Usaid, aproximadamente un 70% pasó por las manos de compañías privadas”.

La justificación de esta “ayuda” por parte del sector privado estadounidense y global tiene el relato de rentabilidad, para The Economist: “Una razón para el cambio hacia el sector privado es la naturaleza cambiante de la ayuda. Una parte más pequeña ahora se compone de proyectos tradicionales, como la construcción de escuelas o la distribución de paquetes de alimentos, y más es la ‘asistencia técnica’, por ejemplo, para simplificar el código fiscal de un país y fortalecer la recaudación de impuestos, o establecer un plan de seguro para ayudar a los agricultores cuando los cultivos fallan. Las empresas privadas pueden ser las mejores ubicadas para asesorar, o incluso ejecutar, estos esquemas”.

Lo que sí es medular es que organizaciones como la Usaid tercerizan sus servicios “humanitarios” hacia el sector privado. Tomando en cuenta que en 2016 una porción creciente de la “ayuda” se canaliza, no a través de organizaciones benéficas o sin fines de lucro, sino a través de consultores y otros contratistas privados. Casi una cuarta parte de los contratos de Usaid se destinó ese año a empresas con fines de lucro, una proporción dos tercios más alta que en 2008. Una oportunidad enorme de hacer negocios que busca abrirse camino en Venezuela.”[8]

Por lo tanto cuando estamos hablando de que se destinará ayuda a venezolanos afuera, a través de la USAID lo que estamos hablando es de un negocio que se está imponiendo a Venezuela en contra de la voluntad de su gobierno que ha preferido resolver la crisis mediante la negociación y la colaboración con países aliados que le permiten planes de financiamiento y modos de pagos que le resulten convenientes.

Este año ya se había hablado sobre cómo Juan Manuel Santos viene trabajando en esta idea, la de obtener dinero extra por la vía de los migrantes venezolanos. Si, los mismos que deportó masivamente de un estadio en Cúcuta; los mismos “venecos” molestos a los cuales se les ha tratado con tanta xenofobia.

Estos son actos hostiles vestidos de palabras suaves y cada uno es una puntada en un gran telar que viene haciéndose para demostrar el fracaso de un modelo político y criminalizar a los militantes del chavismo. Son estos los actos que deben leerse con extremo cuidado porque nuestra respuesta no definirá tan sólo un conflicto diplomático sino la suerte de la Independencia y del derecho a la autodeterminación de todo un Continente.

Notas

[1] Nota de urgencia: Sanciones de Trump

https://anicrisbracho.wordpress.com/2017/08/25/nota-de-urgencia-sanciones-de-trump/

[2] http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/argentina-requiere-que-venezolanos-legalicen-sus-estudios_222591

[3] http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/169697/peru-reconocera-titulos-universitarios-de-venezolanos-que-emigren-aun-sin-apostillar.html

[4] http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/acnur-apoya-medidas-paises-que-garanticen-proteccion-venezolanos_227372

[5] https://www.telesurtv.net/news/Acnur-reconoce-labor-de-Venezuela-con-migrantes-20180312-0046.html

[6]¿Y después de la ayuda humanitaria, qué?

https://anicrisbracho.wordpress.com/2018/02/26/y-despues-de-la-ayuda-humanitaria-que/

[7] http://www.laiguana.tv/articulos/29336-lilian-tintori-campana-medicinas-vencidas-madrid-fotos

[8] Ese lucrativo negocio llamado “canal humanitario” http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/la-ayuda-humanitaria-es-otro-negocio-mas-para-la-oposicion-venezolana