Enrique Peña Nieto rompió con la imagen acartonada que por lo general proyecta vía los medios de comunicación que difunden y reproducen hasta el cansancio los discursos que pronuncia, para en esta ocasión criticar fuera del texto leído o el teleapuntador, el que “se escuchen más las voces de la sociedad civil que condenan, critican y hacen bullying (sic) sobre el trabajo de la instituciones del Estado mexicano, y muy pocas reconozcan la tarea de las fuerzas armadas”.

Es comprensible que el comandante supremo de las fuerzas armadas sea su principal defensor y promotor, como lo fue Felipe Calderón Hinojosa (2006-12) o Gustavo Díaz Ordaz (1964-70), no sólo por el cargo constitucional que desempeña, sino porque resulta inconcebible que gobierne al país sin el uso anticonstitucional del Ejército (incluida la Fuerza –débil– Aérea) y la Marina en tareas policiacas que ni corresponden a su naturaleza y origen, ni están educadas y capacitadas para ello. Pero éste es otro tema.

Primero es necesario aclarar que el organismo que preside María Elena Morera si bien forma parte de la sociedad civil, no es una de sus voces más representativas, pues labora subordinada al presidente en turno. Morera, por cierto, no rindió cuentas sobre los recursos económicos que manejó como presidenta de México Unido contra la Delincuencia y durante el gobierno de Calderón algunos de sus familiares cobraron como empleados de la Secretaría de Seguridad Pública.

Una de las características distintivas de éste y el anterior sexenio es que Peña y Calderón resultaron alérgicos a dialogar con organismos de la defensa y promoción de los derechos humanos ajenos al padrinazgo gubernamental y a las confederaciones patronales, hoy febrilmente activas para pervertir la representación de la sociedad civil, lo mismo que el duopolio de la televisión y empresas multinacionales como Kimberly-Clark de México, de Claudio X. González e hijos, quienes después de enriquecerse al amparo del poder público con Carlos Salinas, ahora se travisten de paladines contra la corrupción gubernamental y por la educación de calidad.

La reacción presidencial en tanto que dispuesto a debatir así sea sólo con sus aliados, pone en relieve que hasta Morera reacciona frente al fracaso en toda la línea de la estrategia de seguridad en curso, que en esencia es la misma que la mortífera y aventurera que impuso el marido de Margarita Zavala para encaramarse en la Presidencia de la República con el decisivo auxilio del Ejército y la Marina.

A 380 días de que concluye el gobierno de “Mover a México”, el jefe del Ejecutivo reconoce que “no hemos llegado a las condiciones de seguridad a las que aspiramos; por el contrario, se está revirtiendo. En 2016 y 2017 la inseguridad cobró nuevos espacios, y donde dejó de haber violencia nuevamente la vuelve a haber, pero ello no sucede en todo el país, aunque en algunas regiones es cotidiana”.

Peña asumió que a un año de que concluya su gobierno, no damos por concluido el trabajo, y “con las organizaciones sociales estoy seguro que vamos a cerrar con buenos números”. Sin embargo, no ofreció ninguna medida o programa nuevo de seguridad pública. Mientras que el Congreso aprobó recursos para la prevención del delito por 300 millones de pesos, cuando en años anteriores se destinaron más de 2 mil millones de pesos.

El mismo tratamiento punitivo, militar y represivo para una epidemia que amenaza convertirse en pandemia, e ignoran sus raíces económicas y sociales. No aprendieron y ahora hasta se exhiben intolerantes a la crítica.

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