Anuncia el diputado perredista Leonel Luna Estrada que propondrá al Pleno de la Asamblea Legislativa una modificación al Código Penal de la Ciudad de México para meter a la cárcel a aquel propietario de alguna vivienda que permita u autorice colocar un espectacular en su hogar.

Esto quiere decir, si entiendo bien, que una ama de casa, un ancianito o un jefe de familia podrá sufrir una pena de tres a nueve años de cárcel y pagar una multa de mil a cinco mil salarios mínimos su autoriza a una de esas grandes empresas que se dedican a la publicidad exterior a colocar un anuncio.

Para nuestros diputados, la única idea de solucionar los graves problemas de nuestra ciudad es meter a la cárcel a las personas, pero eso es sólo a las personas que difícilmente pueden defenderse con costosos y lujosos bufetes de abogados para defender sus intereses, faltaría más.

Bravo por el exdelegado en Álvaro Obregón –que por cierto esta demarcación sufre con un exorbitante incremento de construcción de edificios (un centro comercial colapsó meses atrás) que violan flagrantemente la Ley— que pone sus intereses políticos ahora en los ciudadanos, aquellos que para completar los gastos mensuales autorizas a esas empresas a colocar estos anuncios.

Y, lo trágico o chusco del tema, es que son estos políticos los que rentan esos mismos espacios –con nuestros impuestos por supuesto-- para publicitar sus sonrientes rostros cuando buscan el voto de esos ciudadanos, de esos ciudadanos a los que ahora el diputado Leonel Luna quiere meter a la cárcel.

La pregunta que nos planteamos es ¿por qué no sanciona a esas grandes empresas de espectaculares que contaminan visualmente nuestra ciudad? Se ha dicho y es justificado que el “hilo se rompe por lo más delgado” y esto precisamente lo que vienen haciendo nuestros legisladores al imponernos altísimos impuestos.

Si tenemos un vehículo, tenemos que sacar una licencia de conducir; pagar refrendo y tenencia; una verificación semestral, además de altas multas que no corresponden a la economía de lo que ganamos la mayoría de los mexicanos. Por ejemplo, para pagar una multa por transitar en un carril confinado es de más de dos mil pesos. Es así, que el pobre infractor tendrá que trabajar todo un mes –claro con salario mínimo—para pagar la multa.

Pero no quedará ahí el tema.

El “presunto” infractor, además, tendrá un costo adicional, como el pago de piso en el corralón, el pago de un seguro –que ya es obligatorio en la Ciudad de México--; por supuesto el pago de corrupción, porque es impensable que usted llegue a estas oficinas, así como otras de esta administración y no sea “convencido” a otorgar una gratificación al empleado público para “agilizar” los trámites.

Espero que ahora en las elecciones de 2018, los ciudadanos recuerden a esos políticos cuyo único mérito es pertenecer a una agrupación política que se han dedicado ahora no solo a esquilmar las pobres arcas de la nación y de las paupérrimas familias mexicanas, sino además a meterlas a la cárcel.

Ya queremos ver los ciudadanos, los de a pie por supuesto, cuando meterán en cintura a lo poderosa industria de la publicidad exterior, cuyos dueños mantienen fuertes intereses con la clase política en turno, por un mutuo interés político y económico.

Punto Cero

De nueva cuenta, el periódico Reforma lanzó una feroz campaña de infundios y de falsedades contra un empresario del sector de la limpieza a quien relaciona con un consorcio que la Secretaría de la Función Pública (SFP) que fue inhabilitada para participar en cualquier licitación para prestar dichos servicios en instituciones del ámbito federal.

Ha quedado demostrado que la empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento (constituida el 5 de Septiembre de 2008) es propiedad de Mario Omar Márquez Aguilar y César Alejandro Canales, designando al primero como administrador único.

Los propietarios de esta empresa han aclarado ante dicho medio que esta empresa hace más de dos años que NO participa en ningún proceso de licitación nacional o local y el último contrato que tuvo celebrado con la administración pública fue con la Secretaria de Educación Pública y el mismo termino en abril de 2014.

-El domicilio que refieren dicho medio de comunicación en la colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, no corresponde a esta empresa.

“No hay ningún documento público o privado que pueda acreditar o si quiera relacionar a los socios y/o accionistas de esta empresa con Marco Antonio Reyes Zaldívar como asegura la información publicada.

“Y reiteró: la empresa Kasper Limpieza y Mantenimiento desde junio de 2014 no tiene actividades y no volvió a participar en ningún proceso de licitación”.

Aseguró que este medio de comunicación --al intentar relacionar esta empresa con Marco Antonio Reyes Saldivar-- es el trabajo sucio del propietario de las empresas Molt Net-Fejastec de Fernando Sanroman Cervantes y Mic Mar- Tripallium- Gott und Gluck de Gómez Mandujano.

- José Víctor Rodríguez Nájera es periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz