Una vez concluido el conflicto armado con las FARC –más allá de la presencia de pequeñas disidencias- y en proceso de hacerlo con el ELN en las conversaciones en curso en Quito, el panorama de seguridad pública se modifica sustancialmente. La principal preocupación de seguridad pública se relaciona con los fenómenos de crimen organizado, asociados al tráfico de ilícitos, especialmente, pero no sólo, el narcotráfico y que en los últimos tiempos hemos denominado de diferentes maneras, siendo la más conocidas Bandas Criminales (Bacrim), más allá de la discusión existente acerca de su naturaleza (¿son nuevas modalidades de grupos paramilitares?, ¿son herederos de grupos paramilitares?, ¿son simplemente modalidades de crimen organizado, con conexiones transnacionales?).

El Estado colombiano, en primer lugar a través de la Fuerza Pública, tiene como tarea misional enfrentar y controlar todos los riesgos y amenazas a la seguridad de los colombianos y para ello Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Militares, deben diseñar las políticas, estrategias y programas operativos tendientes a lograr los objetivos misionales. Pero adicionalmente otras instancias estatales deben adelantar igualmente sus tareas para coadyuvar en la misma dirección.

Por ello es muy importante la noticia de las conversaciones exploratorias tendientes a un eventual sometimiento a la justicia –u otra figura similar-, por parte del denominado ‘Clan del Golfo’, a través de emisarios de esta organización ilegal. Pero igualmente es estratégico que el Vicepresidente de la República, con su experiencia probada en la lucha contra diversas modalidades delictivas y su amplia comprensión del panorama general de la seguridad del país, quien oriente y conduzca esta importante tarea. Otro aspecto hace referencia a la dimensión jurídica del problema –qué condiciones se requieren, cuáles son los procedimientos, qué entidad del Estado es la competente para que precise los aspectos puntuales, etc.-.

Si se logra culminar exitosamente esta tarea, como deseamos, sería un gran avance en temas de seguridad pública, que por supuesto se complementan con los demás frentes de la acción estatal, como son los acuerdos políticos con la insurgencia guerrillera, la política de sustitución y erradicación, preferencialmente concertada, de los cultivos de uso ilícito en los territorios y control de minería ilegal. Hay una tarea, que no estoy tan seguro que tan avanzada esté, pero que es fundamental, es la presencia y control por parte del Estado en los territorios, que en últimas se asocia a construir Estado en los mismos, que es mucho más que una presencia temporal de la Fuerza Pública, sino la ubicación permanente del conjunto de los entes estatales –justicia, educación, salud, etc.-, y por supuesto inversión pública y privada. Esta presencia del Estado en los territorios, debe estar acompañada de una mirada de la población, no con la lógica del conflicto armado, que veía en cada poblador un enemigo potencial, sino buscando construir relaciones de confianza y cooperación, de tal manera que los pobladores de estos territorios vean a los funcionarios estatales, incluyendo los miembros de la Fuerza Pública, como aliados en el camino de la construcción del desarrollo.

Ojalá culmine exitosamente este sometimiento del ‘Clan del Golfo’ a la institucionalidad colombiana, porque ello nos permitiría consolidar un panorama de seguridad histórico y sería el complemento ideal a las políticas de terminación concertada del conflicto armado, que nos daría la oportunidad de debatir acerca de los temas pendientes del desarrollo y democracia.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Titular Universidad Nacional

Director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa