¿Un país que abandona organizaciones internacionales? ¿Dónde se señala que existe actividad fascista? ¿Dónde se vive bajo Suspensión de Garantías Constitucionales? ¿Un preso por cargar unos folletos? Esa es la historia del país que no conocemos. Con mucha pereza, algún miembro destacado de esta generación podría hacer un listado cronológico de los Presidentes de la República pero ellos se desplazaran en nuestra mente sin ningún contenido. Algunos, con un poco de suerte habrán conservado algún epíteto. Será de este modo, Pérez Jiménez un dictador y Rómulo Betancourt un demócrata. Quizás, haciendo memoria alguien recuerde que Guzmán Blanco fue un afrancesado y que Gómez fue presidente por 27 años. Es así, cronológica, etérea, inexplicada nuestra historia.

En estos tiempos cuando todos andan con los ánimos revueltos parece imperativo tratar de entender que país hemos sido para explicarnos un presente como este y sobre todo para alertarnos de los riesgos futuros. Pues galopa entre los hechos un discurso épico, cargado de símbolos y de pocas ideas.

Entender el presente exige ubicarnos en tiempo y espacio, en medio de la nación más rica en recursos naturales en un contexto de escasez, de una economía oligopólica donde se trabajó durante más de cincuenta años hasta avanzar a una dependencia de productos y marcas que hoy nos resulta natural, imperiosa. Así como vernos en un país que solo ha conocido dos guerras en el sentido clásico de la palabra, la de Independencia y la de la Federación, pero que su historia no estuvo libre de convulsos episodios de lucha por la libertad y violentos ciclos de restauración.

¿Existió en Venezuela una huelga obrera, petrolera y sangrienta? Algo nos cuentan los periódicos de 1937 los mismos donde se publicaban los llamados del Ejecutivo Nacional a deponer por parte de los periódicos la apología de la subversión y donde, aparecieron manifiestos en los que la oposición política se ejerció con responsabilidad frente a un Estado que el simple comunicado le era suficiente para allanar la universidad o aplicar un juicio sumario.

“No publicaremos el periódico, no iremos a clases” esa era la naturaleza de las proclamas que en contra de los gobiernos de las décadas de los años 30 y 40 se hacían en Venezuela, cuando, por orden de algún tribunal de instancia se apresaba a un Senador como lo fue el Dr. Prieto.

No pretendemos con esto negar que nuestra historia está llena de actos horrendos, de crímenes de espanto u homicidios fútiles, ni siquiera decir que el presente es un tiempo sencillo sino recalcar que la lectura ligera de lo que ocurre opera en contra de nuestros intereses nacionales.

Ha pasado mucha agua por las calles del centro de Caracas para acordarnos de febrero de 1938 donde una concentración fue reprimida desde la Gobernación del Distrito y la gente, sorprendida e indefensa, hizo su protesta escribiendo sobre los muros “asesinos” con la sangre de los caídos.

Sin embargo, algunos de nosotros somos nietos o hijos de aquellos que firmaban esas consignas, de aquellos presos. Conocimos a alguno de los que fue llevado al puerto de La Guaira para que abandonara Venezuela por ser señalado como comunista, algún estudiante de los que firmó aquellas proclamas contra Gómez o Contreras, y, primos o hijos, quizás padres, de algunos que conciben el momento actual desde la perspectiva de un juego de video con una dimensión de realidad.

¿Sobrevolar Caracas disparando contra el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Estallar un dispositivo de explosión con detonación remota K0 contra la humanidad de unos guardias nacionales? ¿Desnudar y golpear hasta matar a un vecino? Es tiempo de mirar estas cosas de frente. No tan sólo porque nos han cambiado de sección en los noticieros internacionales sino y principalmente porque son acciones, al igual que el discurso que las defiende, en las cuales no existe un proyecto nacional.

Si los sondeos determinan que estas prácticas son repudiadas por la mayoría del pueblo venezolano sirven para permitir el avance de otras estrategias que van cavando nociones centrales no de nuestro país sino de cualquier Estado. Pues hemos visto florecer la idea del abandono de las instituciones y de las normas que nos rigen.

¿Un plebiscito? ¿Un Presidente juzgado sin procedimiento? ¿Un magistrado destituido sin falta? Porque como hemos reiterado en las lecturas más jurídicas de este cuadro, para el Derecho las cosas no son asunto de una determinación de “me gusta/no me gusta” sino de un “legal/no legal”

Hace más de un año que hemos venido denunciando como desde la Asamblea Nacional se adelanta una estrategia que no se corresponde a la actuación natural y legal de un parlamento de oposición. No habiendo visto actos bajo forma y contenido de la prerrogativa de control parlamentario ni legislaciones que enmienden o mejoren la gobernabilidad del país, hemos visto sucederse actos insólitos, generalmente con la forma de acuerdos, que buscan dinamitar la institucionalidad entera, revolucionaria o histórica, de Venezuela.

Sobre el denominado plebiscito, ahora edulcorado como “consulta” hemos de ver cómo su nucleación en la Iglesia católica borra los fundamentales principios de la laicidad y de la naturaleza no confesional de este país, que, para el bien de todos dejó erigidos Antonio Guzmán Blanco, y, el conflicto con el Consejo Nacional Electoral.

Intentando ordenar la jugada, veremos cómo se ejercita un mecanismo no previsto –el plebiscito-, a través de una autoridad incompetente –la Asamblea Nacional- con un procedimiento distinto al legal –Ley Orgánica de Participación Política- de modo a tener un acto hipotéticamente nacional que legitimen las autoridades extranjeras como manera de legitimar una colisión internacional más activa, en el plano nacional o internacional, contra la Patria.

La justificación de la estrategia, al menos en el discurso, es la presunta parcialidad que tendría la autoridad electoral que en el último proceso político determinó la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional y que además, como particularidad venezolana desde 1999, es un Poder en sí mismo cuya elección corresponde a la Asamblea Nacional, no habiéndolo renovado como le correspondía en el 2016, por persistir en el desacato a la orden judicial.

¿Es entonces, el desacato, un trancazo institucional? ¿Cuál es la perspectiva histórica de este momento? ¿En qué momento veremos un proyecto nacional debatirse? ¿O, tiene en definitiva razón Fernando Travieso que esto es tan sólo un proceso para desmontar una República y obtener un sumiso proveedor de petróleo?

El deber de entender este momento en su justa dimensión y riesgo, supera las filas del chavismo que defiende el derecho a existir que a los desposeídos les garantizó el comandante Chávez puesto que, seres del tercer mundo, miembros de un país desmembrado, son la mayor parte de los que hoy sobreviven en el mundo bajo la precaria protección del derecho humanitario.