Llegó la hora de la verdad, la de las urnas en el estado de México, Coahuila y Nayarit con elecciones para gobernador, y Veracruz para alcaldes. De la verdad si “los votos cuentan y se cuenta bien”, como decía el clásico, con un sistema electoral en reformas sucesivas desde 1978, y la credibilidad, transparencia, fiabilidad y certeza en los resultados aún son pendientes de la democracia electoral y política mexicana. Esto aunque Luis Videgaray, del brazo de Washington, pretendió dar lecciones en la materia al gobierno venezolano. Grotesco y grosero, sobre todo cuando se proclama que México jugará el papel de auspiciar el diálogo y la negociación entre las partes en conflicto.

No sólo los actores políticos, los analistas comprometidos con uno u otro candidato mexiquenses –como María Amparo Casar que retrocede a 2004 cuando como funcionaria pública intervino en deliberaciones con Vicente Fox para impulsar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador–, casas encuestadoras y hasta la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación augura que “es probable” que los comicios del domingo 4 “se salden por la vía judicial, porque van a ser muy competidos”.

Janine Otálora explicó que el escenario que muchos dan por hecho, obedece a que los comicios “van a ser muy competidos”. Y jura que el órgano que encabeza “está blindado ante todo tipo de presión procedente de cualquier partido político y actor político”; comprometió que los integrantes del colegiado que preside tomarán sus decisiones con un “total apego al orden constitucional” y refrendó que la misión del TEPJF es garantizar que los ciudadanos puedan votar y hacer valer el sufragio.

Los puntuales y hasta bellos pronunciamientos de la magistrada presidenta fueron formulados durante el encuentro con la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Y, en efecto, aquellas son las funciones del TEPJF en tanto que órgano sólido, confiable e imparcial, capaz de brindar transparencia, fiabilidad y certeza a los resultados comiciales. También apto para corregir y sancionar irregularidades y garantizar, a la vez, que el veredicto ciudadano sea el único factor que defina la conformación de los cargos de elección popular.

Algunos de los antecesores de Otálora Malassis, como Leonel Castillo González y sus magistrados, en la todavía muy controversial elección de julio de 2006 emitieron un fallo en el que reconocieron la existencia de “irregularidades graves”, pero dieron por buenos los resultados que previamente anunció en forma muy tardía el incompetente Luis Carlos Ugalde, presidente del Instituto Federal Electoral, designado por la hoy prisionera Elba Esther Gordillo. Los magistrados negaron el recuento total de los sufragios y el país padeció los gigantescos costos de un presidente Felipe Calderón sin legitimidad ganada en las urnas. El doctor Ugalde ahora dicta cátedra sobre la democracia en radio y televisión.

En los comicios presidenciales de 2012, Alejandro Luna Ramos se negó cerradamente a considerar las pruebas sobre la presunta compra masiva de votos a favor de Enrique Peña Nieto en base a las tarjetas de débito Monex y de las tiendas Soriana.

Con tales precedentes resulta demasiado cuesta arriba que el Tribunal honre las definiciones discursivas de su presidenta, pero es sumamente necesario que cobren vida y realidad en virtud de que dentro de un año la cita ciudadana con las urnas es harto trascendente.

http://forumenlinea.com/nuevo/
 https://www.facebook.com/forumenlinea
 @IbarraAguirreEd
forum@forumenlinea.com