Cuando cerré la columna del pasado domingo, no contaba con la totalidad de la información sobre la monumental movilización del 8 de marzo contra el patriarcado. Infería inductivamente de mi experiencia en la ciudad uruguaya de Minas que la repercusión sería importante, pero la recolección posterior de datos del resto del mundo -sin dejar de destacar la marea humana que recorrió las calles de la capital montevideana- exhibe una magnitud de la resistencia verdaderamente alentadora. Pero no debe esperarse de ella una correlación inmediata entre esta capacidad movilizadora y transformaciones políticas, culturales y económicas. En el curso de la protesta, varias compañeras me expresaban su satisfacción -y hasta gratitud- por la importante presencia masculina. Por supuesto que resulta valorable, pero no creo que la hegemonía patriarcal se supere meramente con la adhesión de los hombres al feminismo, ni aun de la totalidad de ellos. En tal hipotético como imposible extremo, a lo sumo disminuirían los niveles más excesivos de violencia de género como los ataques sexuales o los femicidios. La proporción de hombres contribuye a la lucha, pero no construye por sí sola un nuevo paradigma de igualdad. Tan alienante como el ejercicio del poder del victimario es la asunción gozosa y autojustificada de la víctima en la propia relación de poder. Que a la vez no es exclusiva del patriarcado, sino de todos los sistemas de dominación, desde la relación capital-trabajo hasta el límite del síndrome de Estocolmo. Me preocupan más las mujeres antifeministas que los machos dominadores. También más los trabajadores devotos de sus patrones que los propios capitalistas. El poder no tiene un único polo, ni tampoco exclusivamente coerción y chantaje sino que se instituye como relación, conteniendo buenas dosis de asentimiento, inclusive sutiles. La búsqueda de la igualdad reside, antes bien, en el empoderamiento de los sumisos y en la conquista de derechos.

Tampoco resuelve la dominación patriarcal la cuota política femenina que está en debate en Uruguay en estos días, aunque la paridad demandada supondría un avance. Sin embargo, a pesar de la movilización y de la iniciativa de la fuerza gobernante, el Frente Amplio (FA), no fue posible lograrla dado que la modificación de reglas electorales requiere mayorías especiales y por tanto acuerdos multipartidarios. El senado votó apenas la extensión de la cuota femenina actual indefinidamente (una mujer cada dos hombres) y a la vez desechó la intención original de asegurar que las vacancias generadas por legisladores sean llenadas por personas del mismo sexo. Para ello debería haberse resuelto algo tan fundamental como la pertenencia partidaria de las bancas. Mientras tanto, la disposición personal de ellas, exacerba la autonomía del representante y la estafa potencial al elector. Las luchas contra las diversas formas de dominación, o inversamente por las conquistas de derechos e igualdad, están mucho más determinadas por delimitaciones ideológicas y teóricas que por el género, incluyendo el combate al patriarcado. No es casual que las derechas, aún con sus mujeres dirigentes, resistan la autodeterminación tanto de dominados como de dominadas. Está inscripto en su ADN ideológico.

No sólo habrá mujeres que naturalizan la violencia de la que son objeto, sino que la ejerzan sobre otras, en alianza con machistas, al modo en que los capataces la despliegan con los obreros en auxilio de su empleador. En Uruguay tuvo lugar una polémica derivada de una querella jurídica que el desenlace biológico no debería dar por concluida porque encuba el germen de una contraofensiva patriarcal con previsibles alientos derechistas. Una jueza del departamento de Soriano pretendió impedir hace menos de un mes que una mujer adulta continuara con un proceso de interrupción voluntaria de su embarazo, por pedido del progenitor. Pedido que no contempla la ley 18.987 de salud sexual y reproductiva que pone a Uruguay como el segundo país de América Latina (después de Cuba, ya que el otro antecedente es una ciudad, el Distrito Federal de México) en consagrar el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. La ley no carece de humillaciones para las mujeres que desean dar fin a su preñez, producto de una negociación del FA con un diputado del pequeño Partido Independiente, a la sazón indispensable para su aprobación. Introdujo la exigencia de consulta con un equipo integrado por un ginecólogo, un psicólogo y un trabajador social, luego de la cual deberá someterse a cinco días de reflexión (como si las que llegan a tal demanda sanitaria no hubieran madurado respecto a su deseo y a la consecuente decisión) para finalmente ratificar su voluntad. Pero para esta mujer no bastó con este prototribunal inquisitorio sino que la sumatoria de la violencia que sobre ella descargaron su partenaire y la jueza la sometieron directamente a la inquisitoria de la opinión pública.

El caso no deja de tener características tragicómicas. Además del drama de la exposición señalada y del hecho de que sufrió un aborto espontáneo que dio fin a las acciones judiciales, suma su costado risible que la jueza lleve por nombres de pila, “Pura Concepción”. Obviamente carece de toda responsabilidad por ello, aunque no es difícil colegir cierta inclinación ideológica de sus padres y la posible formación que le hayan dado al menos en su niñez. La dupla jueza-progenitor, concibieron a la mujer como una probeta, una suerte de repositorio desubjetivado a disposición de voluntades ajenas. Sus deseos y sus derechos de autodeterminación fueron violentamente desechados para incluir exógenos. Su propia intimidad fue hecha pública como en un programa televisivo de chimentos.

La difusión reavivó un rescoldo que ya creía próximo a las cenizas luego del aplastante fracaso del plebiscito revocatorio de la ley de aborto que hasta contó con el apoyo del actual Presidente Vázquez: el autodenominado movimiento “Provida”, una propagandística denominación que nuclea a la más rancia derecha y al dogmatismo religioso.

Si algo está inextricablemente ligado a los derechos humanos es precisamente el derecho a la vida, consagrado en el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es respetable que los activistas tengan una concepción propia sobre el origen de la vida humana, pero de allí no se deriva su indiferencia y desvinculación con los movimientos de derechos humanos que también la defienden, ni la ausencia de condena a las violaciones y crímenes de los estados terroristas, ni sobre la violencia policial, ni su desmovilización contra los femicidios u otros tantos atentados a la vida que dicen querer defender. Su pretendida defensa de la vida se circunscribe a lo prenatal, excluyendo hasta la propia madre. Como sostiene Leonel Briozzo en un contundente artículo del Semanario Brecha, “aquellos países que siguen desarrollando políticas restrictivas con respecto al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en general y del aborto en particular, mantienen tasas inaceptablemente altas de muerte materna y, en general, un subregistro que oculta la mortalidad por aborto”. Inversamente, afirma que “(…) desde el punto de vista epidemiológico se demuestra que las políticas a favor de los derechos disminuyen la mortalidad materna e infantil y disminuyen el número de abortos”, algo muy próximo al objetivo que dicen perseguir los “próvida”, combatiéndolo. Pero defender la vida deberían dejar de concebir a la mujer como un mero envase y a la maternidad como un destino ineluctable pasando a imaginar a las mujeres como sujetos autónomos portadores de derechos, incluyendo obviamente el de decidir por la maternidad.

En un ejemplo menos dramático, pero igualmente ilustrativo de la concepción derechista de la feminidad, en la ciudad de Minas donde marché el 8 de marzo, se remodeló una plaza que lleva el nombre de “Barón de Río Branco”. Aprovechando esa transformación, los ediles del FA, Mauro Álvarez y Carlos Cardinal, presentaron un proyecto ante la Junta, para rebautizarla como "Día Internacional de la Mujer". No llegó a discutirse siquiera porque la totalidad de ediles y edilas del derechista Partido Nacional que gobierna el departamento no aprobaron que se incluyera en el orden del día. No por simpatía con el nombre actual, sino porque la Intendenta Adriana Peña, pretende que la plaza lleve el nombre de un millonario terrateniente que siendo electo intendente continuó en su función durante la dictadura. Su primera medida fue disolver la Junta electa nombrando en ese lugar una cofradía de amigos y alcahuetes. Los electos ediles y edilas oficialistas y una mujer intendenta, pretenden homenajearlo en oposición a la conmemoración del día de lucha por los derechos de la mujer.

En esa misma ciudad asistí a un encuentro de “escritores” (que en su mayoría eran escritoras). No soy crítico literario y no me referiré al objeto estético de la reunión, pero me llamó la atención que una de las expositoras fuera una mujer conocida mucho más que por su obra por un tweet que este mismo diario publicó en el que sostenía que “si tienen que volver las botas que vuelvan ya!…yo viví muy bien”. Otra de ellas es militante de Provida y un historiador no se privó de ridiculizar la cuota política femenina. Si le sumamos que la intendenta antifeminista aportó su presencia, apoyo y organización, la contribución literaria a la resistencia parece poco probable en este rincón serrano del interior uruguayo, a pesar del esfuerzo de tantos y tantas intelectuales presentes.

La igualdad negada no la producen sólo los opresores, sino también la connivencia aquiescente o activa de las oprimidas.

- Emilio Cafassi, Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, cafassi@sociales.uba.ar