En medio de la irritación ciudadana por el alza en los precios a los combustibles –y que no encuentra cauces para su conversión en movimiento trascendente por X o Z demandas, por más que insisten en magnificarlo–, el fin de semana la Secretaría de Gobernación anunció que en lo que resta del gobierno de Enrique Peña Nieto, menos de 20 meses, serán cumplidos los 17 “objetivos prioritarios” pendientes dentro de los 120 que trazó para el combate al crimen organizado.

Detenidos y extraditados unos, “liquidados” o “caídos” otros, los capos del crimen organizado por capturar serán sometidos, ofrece Gobernación, como una gran tarea pública que más allá de los círculos del poder de México y de Estados Unidos –con George W. Bush y Barack Obama para el caso dio lo mismo–, la población mexicana es la más afectada en sus vidas y bienes.

La liquidación o captura de los capos es una estrategia que se aplica desde hace más de 40 años con la Operación Cóndor, y por lo general cuando los encarcelados ya no resultan funcionales a los corporativos criminales y son extraditados a Estados Unidos, donde como “testigos protegidos” negocian la información que interesa a Washington, sobre todo sus vínculos con gobernantes para chantajearlos, subordinarlos a políticas, programas e intereses imperiales.

Finalmente son liberados con una nueva identidad física (previas cirugías estéticas) y documentación. Mi fuente exige secrecía y la próxima Constitución de la Ciudad de México la garantiza, por fortuna. No como cuando los secretarios de la Defensa Nacional Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre me presionaron hasta la desmesura, durante 34 meses, para que revelara quien me entregó el ensayo “Las necesidades de un ombudsman militar en México (revista Forum número 22, octubre de 1994, pp. 9-14:

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Sostengo que la población es la más afectada porque es la que se encuentra en medio de la “guerra” (del esposo de la candidata Margarita Zavala) o “combate” (de Peña Nieto), circunstancia que no requiere de especialidad para comprenderla. Sólo Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación del guerrerista Felipe Calderón, se entusiasmó cuando le presentaron el proyecto de manufactura estadunidense y sin empacho sentenció: ¡Se van a matar entre ellos!

Cierto, joven Iván, donde quiera que usted se encuentre, sólo que el descabezamiento de los mal llamados cárteles provoca vacíos y éstos se llenan con sangrientas disputas para controlar las plazas, y en éstas viven y trabajan millones de mexicanos.

Pero no sólo Mouriño Terrazo no alcanzó a comprenderlo. Todo indica que los señores y señoras que juran “Mover a México” con reformas estructurales que provocan gasolinazos y “crecimiento mediocre de la economía” (como decía para justificarlas Luis Videgary). Lo que ni unos ni otros asumen es que el descabezamiento se inscribía en la estrategia gringa de auspiciar un duopolio del crimen organizado porque es más fácil negociar con dos que con 13, como sucede ahora que predomina la fragmentación tipo Colombia, pero el negocio se mantiene al alza y sumamente rentable para unos y otros, mientras la población paga los platos rotos.

Si el propósito esencial de la Casa Blanca y Los Pinos fuera hacerle frente al crimen organizado, colocarían en el centro de su quehacer la desarticulación de las redes financieras y bursátiles que se entrecruzan con los procesos económicos.

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