Habló claro el general secretario, tanto que hasta Rayuela (La Jornada) se lo agradeció, cuando ese ejercicio debiera ser práctica normal, propia de un Estado democrático; mas no lo es por la cerrazón y secrecía que caracteriza a los altos mandos de las fuerzas armadas y porque lo que buscaba Salvador Cienfuegos era realizar una presión política adicional sobre el Legislativo federal para que apruebe la iniciativa de ley sobre seguridad interior que él negoció con el hombre fuerte del Senado, Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional. Y éste anunció que los priistas trabajan por un periodo extraordinario de sesiones.

Una década después de la guerra contra el crimen organizado, decretada por Felipe Calderón quien llegó a Los Pinos con el decisivo apoyo de los mandos castrenses y que, además, arroja números rojos –más de 200 mil homicidios, 28 mil desaparecidos, cientos de miles de desplazados y feminicidios al alza–, el divisionario asegura con franqueza que “Sería el primero en aprobar el regreso a nuestras tareas constitucionales”.

Muy tarde reconoce lo que está acreditado en México y en la Organización de las Naciones Unidas, por expertos y simples mortales, que es anticonstitucional lo que hace el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. Y, además, el titular de la Defensa Nacional no tiene que aprobar nada porque la sociedad vestida de verde está (o debe estar) subordinada a los civiles que gobiernan el país, mismos que se resisten a reconocer jurídicamente –decretando la suspensión de garantías en varias regiones, lo que de facto sucede–, el fracaso en la lucha contra el narcotráfico, impuesta en buena medida desde la Casa Blanca por el empresario petrolero George W. Bush cuando asaltaba Afganistán e Iraq.

Cienfuegos Zepeda exigió (8-XII) que se regularice la situación de las fuerzas armadas y se apruebe un marco legal “que diga hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley, acataremos lo que disponga el propio Congreso”. Pues no fue el Congreso, sino el soldadito de plomo el que lanzó a la milicia a la aventura guerrerista para legitimarse en poder, legitimidad que no obtuvo en las urnas.

Y muy demócrata preguntó el secretario: “¿Qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas? ¿Quieren que estemos en los cuarteles?” Pregunto: ¿Desde cuándo los ciudadanos deciden sobre los rumbos del Ejército? Si no pudieron hacer respetar su voluntad mayoritaria sobre los energéticos porque fue ignorada por el grupo gobernante.

Tiene razón el general cuando asegura “Nosotros no pedimos, o sea, ustedes lo saben y yo lo tengo que decir, no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes”. Sólo que la militarización escaló a partir de 1994 con Ernesto Zedillo, quien fundó la Policía Federal Preventiva (4-I-99) y cuatro presidentes después y cientos de miles de millones de pesos invertidos y desviados para bolsillos particulares, no acaba la PF de hacerse cargo de la seguridad pública.

Anunciada la convocatoria al periodo extraordinario, ya pueden los altos mandos estar tranquilos de que no serán juzgados por sus excesos “naturales” en tareas policiacas, pues son soldados preparados para la guerra. Sería un gravísimo error que la legislación les otorgue nuevas funciones, propias del Ministerio Público, como advierten las organizaciones civiles autónomas, no las auspiciadas por la Presidencia.

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