El titular del Ejecutivo federal tiene como sello distintivo de su gobierno un permanente desfasamiento con los tiempos que marcan los reclamos ciudadanos y su tardía respuesta no sólo para abordar las exigencias sino para enviar a los demandantes un elemental acuse de recibo.

Y la tardanza le costó mucho, muchísimo, a Enrique Peña en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, caso que marcó un antes y un después de su gobierno, y en el que tardó más de una semana en reaccionar y lo hizo endilgando toda la responsabilidad a Ángel Aguirre, su socio político. Circunstancia que explica por qué no es molestado ni siquiera con un citatorio ministerial.

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, la reacción presidencial brilló por su ausencia. Primero el Ejército alteró la escena del crimen y el mexiquense Eruviel Ávila cerró filas con el alto mando hasta que medios extranjeros obligaron a sus pares mexicanos a informar del tema.

Valga lo anterior para subrayar que Peña Nieto propone, acertadamente, que “Frente a los desafíos del crimen organizado y los reclamos sociales que demandan terminar con la violencia y la inseguridad, durante los últimos dos años de esta gestión es posible, entre sociedad y gobierno, impulsar una política de Estado en materia de seguridad cuya vigencia sea transexenal”.

Lo hizo Enrique Peña en respuesta a planteamientos de María Elena Morera –presidenta de Causa Común y antes de México Unido contra la Delincuencia, organismo al que nunca entregó cuentas del manejo de los recursos económicos–, en los que describió un panorama crítico de la inseguridad, donde septiembre fue el más violento con EPN, y “el país se acerca a los momentos más violentos del sexenio pasado”.

Sexenio, por cierto, en el que Morera colocó a familiares en la Secretaría de Seguridad Pública que encabezó el ahora muy enriquecido Genaro García Luna, proveedor del gobierno que jura “Mover a México”.

El Consejo Nacional de Seguridad “practica la unanimidad del inmovilismo. Lo que predomina es sálvese quien pueda, porque los municipios le quieren delegar sus funciones y responsabilidades de seguridad a los estados, y los estados a la Federación. Y la Federación preside, pero sólo en el discurso”; denunció Morera Mitre.

Frente a la “delegación perversa de responsabilidades”, la señora María propuso que “los gobiernos, partidos, organizaciones empresariales, académicas y sociedad civil acordemos un pacto por una política de Estado en materia de seguridad” pública.

En respuesta, Peña defendió su última estrategia de concentrarse en los 50 municipios donde se produce el 42 por ciento de los delitos. Y repitió la letanía de priistas y panistas a partir de 1994: “La participación del gobierno de la república es subsidiaria, es en apoyo y en respaldo. No puede ser permanente, porque no hay capacidad suficiente”.

La tendencia del repunte delictivo data de septiembre de 2015 y hasta ahora lo reconoce el abogado y administrador de empresas, aunque también exige como disco rayado que a su gobierno se le reconozcan los avances en seguridad pública. Reconozcámoslo, pues, antes de que sea demasiado tarde y se generalice la alarmante pero comprensible práctica de hacerse justicia por propia mano.

No es tarde para materializar el discurso de lo transexenal, uno de los favoritos de Felipe Calderón, y ver más allá de la coyuntura y los negocios de un gobierno. Negocios que no florecerán sin más y mejor seguridad pública.

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