La unicameral Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición de derecha, declaró este domingo que el gobierno realizó un golpe de Estado, durante una ruidosa sesión que fue interrumpida cuando militantes oficialistas irrumpieron en la cámara. Los legisladores se comprometieron a enjuiciar al presidente Nicolás Maduro después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueó el jueves la campaña de la oposición para revocar el cargo al mandatario.

“Es una peligrosa incitación a crear situaciones de ingobernabilidad, pedir la intervención militar en apoyo a sus posiciones y la demanda sistemática de una intervención extranjera de la mano de la OEA. Hasta ahora, los chavistas no han repelido las acciones de calle y desestabilización de la oposición, pero no existe seguridad que esta situación se mantenga, lo que bien podría dar lugar a una guerra civil”, alertó el sociólogo Álvaro Verzi Rangel.

La pugna de poderes se agudiza con las recientes decisiones emanadas de tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Electoral y la reacción del Legislativo. La estrategia para la aprobación del Presupuesto 2017;  la decisión de la Sala Electoral del TSJ en torno al 20% y el   calendario electoral 2017  fijado por el Consejo Nacional Electoral enmarcan la confrontación: para unos se trata de la defensa de la democracia,  mientras que para otros,  es evidencia de que “en el país ya no hay democracia”. 

“Nos encontramos en una etapa de crisis que nos advierte de peligros que acechan al sistema democrático y la paz del país (…), se podría generar un efecto expansivo sobre el resto de instituciones y en las prácticas políticas y sociales”, indica la socióloga Maryclén Stelling. Tan grave la situación que la Iglesia católica abandona temporalmente los relatos salvajes de la crisis política, y bendice la reconciliación, el diálogo y la convivencia. Arturo Sosa, superior de la jesuitas, señaló que “En la coyuntura actual los puentes para el diálogo hay que construirlos. Apenas se han puesto algunas bases para esa construcción”.

La lucha por el poder entre las dos grandes fuerzas  que marcan el acontecer venezolano se hace cada día más tensa y exacerbada, hasta el punto de que se ha llegado a considerar que el conflicto pudiera ser zanjado por una intervención militar, mientras se dificultan cada vez más las  negociaciones para la superación de la situación, caracterizada por una divergencia de base: la oposición, a partir de varias consideraciones,  exige la salida de Nicolás Maduro de Miraflores; el sector gubernamental está en desacuerdo con ese planteamiento y argumenta en sentido contrario.

Mientras, el presidente sigue de gira en Medio Oriente y será recibido por el Papa en El Vaticano. Para la oposición abandona el poder, para otros es muestra de “normalidad”.

La semana pasada la mayoría parlamentaria opositora aprobó en la Asamblea Nacional una declaración en la que se expresa que  se está en presencia de “la violación de los derechos fundamentales, de los principios y valores consagrados en la Constitución” por parte del Ejecutivo, y en la que se insta a la institución militar a actuar en función del “restablecimiento del Estado de derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos” y “a desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución”.

La Asamblea Nacional denunció una ruptura del orden constitucional cometida por el régimen de Maduro, y resolvió convocar “al pueblo de Venezuela a la defensa activa de nuestra Carta Magna” hasta lograr la restitución del orden constitucional y solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos para el retorno de la democracia.

Julio Borges, el jefe de la bancada opositora, del derechista Primero Justicia, dijo que el Congreso está ahora en abierta rebelión contra el gobierno. Más aún, la Asamblea Nacional llamó a la rebelión popular y a una presión internacional.

Julio Borges

El acuerdo –que señala que al suspenderse la recolección de firmas para convocar al referendo por órdenes de tribunales penales se arrebató a los venezolanos el derecho a revocar el mandato del gobierno mediante los votos– elevó la confrontación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Asimismo la declaración advierte de la presunta doble nacionalidad de Maduro, quien según sus detractores tiene madre colombiana, lo que de ninguna le impide ejercer la primera magistratura, pese a ser uno de los puntos del orden del día de la sesión de este martes. La Cancillería de Colombia envió una nota oficial al Presidente de la Asamblea Nacional informándole que en ninguna agencia de su gobierno había registros de nacionalidad de Maduro.

La Asamblea Nacional exigió a la fuerza armada no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución. Pero, por hasta ahora los militares se han manifestado en el apoyo al gobierno de Maduro

Antes de votar la declaración, simpatizantes del gobierno irrumpieron en el Palacio Legislativo e interrumpieron la sesión a los gritos. Los chavistas llevaban camisetas rojas, el símbolo del oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela. Un tumulto paralizó la sesión cuando el primer vicepresidente de la Asamblea, Enrique Márquez, pronunciaba un duro discurso contra el gobierno. Tras el desalojo continuó la sesión.

La declaración por la restitución del orden constitucional sorprendió a Maduro en Arabia Saudita, en el curso de una gira por los países de la OPEP en busca de acuerdos para recuperar el precio del barril de petróleo, y para cuya ausencia no solicitó autorización al Legislativo.

Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista, denunció que la oposición hizo un intento erróneo de copiar el golpe de Estado en Brasil que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff. “Nos han hecho perder el tiempo hoy. Es un intento burdo de copiar el golpe de Estado en Brasil. En Venezuela no hay condiciones para que ellos impongan un golpe, aquí se va a imponer la democracia, la paz y la

Constitución”, alegó.

Rodríguez también llevó un mensaje del mandatario a los diputados opositores: diles que les doy un saludo y un abrazo, y que los espero en la mesa de diálogo a todas y a todos.

Borges, jefe de la bancada de la oposición, propuso la declaración en la que pidió proclamar la rebelión de la Asamblea Nacional tras la ruptura constitucional.

El jueves pasado el CNE decidió suspender hasta nuevo aviso la recolección de firmas para activar el referendo, cuando la oposición se preparaba para reunir, la próxima semana, al menos 4 millones de rúbricas de electores, o 20 por ciento del padrón electoral, amparándose en órdenes de varios tribunales penales que admitieron las denuncias de un supuesto fraude de la oposición con las firmas recolectadas y validadas entre abril y junio para solicitar el referendo.

La derecha debía recoger sólo 195.000 firmas para cumplir el requisito del 1%, sin embargo, consignó al CNE 1.957.779 firmas, de las cuales fueron identificadas en la auditoría donde la derecha y el oficialismo estaban representados, nada menos que 605.727 firmas fraudulentas, entre ellas 10.995 personas fallecidas, 53.658 personas que no están inscritas en el Registro Electoral, 3.003 menores de 18 años, 1.335 inhabilitadas por delitos graves (homicidios, narcotráfico, robo, estafa, abuso sexual). Más de 9 mil denuncias por usurpación de identidad se presentaron en todos los estados.

La decisión eliminó la posibilidad de que se celebre antes del 10 de enero de 2017 el plebiscito contra Maduro. De realizarse el referendo luego de esa fecha, no es necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato de Maduro lo que aseguraría la permanencia del chavismo en el poder hasta 2019.

Los diputados opositores acusaron a las rectoras del CNE de parcialidad política para favorecer al gobierno. Igualmente dijeron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha convertido en un defensor de Maduro, lo que provocó que el Parlamento también decidiera proceder de manera inmediata al remplazo de las autoridades del CNE y del TSJ.

Hace dos meses, la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y todos sus actos son considerados nulos. La suspensión del referendo aumentó aún más la tensión política en Venezuela, que además enfrenta una profunda crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el Fondo Monetario Internacional calcula en 475 por ciento para 2016.

Mientras, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato a la junta directiva de la Asamblea Nacional por juramentar a tres ciudadanos sin autorización del máximo tribunal. La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela realizó la sesión ordinaria el domingo, a pesar de que se encuentra en desacato al (TSJ), con el objetivo de desconocer el mandato constitucional del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y dar así un golpe de Estado.

El abogado constitucionalista Enrique Tineo explicó que “Venezuela corre el riesgo de que se pueda entronizar la impunidad ya que la oposición está atentando a la constitucionalidad, creando falsos supuestos de que el Presidente abandonó el país, cuando solo está cumpliendo sus facultades como jefe de Estado al realizar una gira internacional” por países productores de petróleo.

Las preguntas en el tintero

¿Quién dio el Golpe a quién? ¿La derecha cometió fraude en la recolección del 1% de las firmas y el responsable es el Gobierno? ¿Busca la derecha justificar una intervención extranjera a gran escala con la excusa de la suspensión del revocatorio y de una supuesta crisis humanitaria?

¿Un parlamento en desacato judicial, puede destituir a rectores electorales o magistrados del máximo tribunal del país sólo porque velan por el cumplimiento de la Constitución y protegen a la nación entera de un fraude contra la soberanía popular? ¿No es acaso un Golpe de Estado que el parlamento pretenda desconocer todas las autoridades y las decisiones de los demás Poderes Públicos, además de buscar su destitución por vías no constitucionales?

El paralelo chileno

No se debe olvidar lo que ocurrió en Chile luego del acuerdo del parlamento. En tres semanas los militares procedieron a cumplir con el acuerdo de la Cámara que les había solicitado el “restablecimiento del Estado de derecho” y los actos del Ejecutivo fueron desconocidos, recordó el politólogo opositor Leopoldo Puchi.

Ya se conoce en la historia de Latinoamérica el significado y las consecuencias de este tipo de pronunciamientos. El 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputado de Chile aprobó por mayoría de votos un acuerdo redactado con la misma estructura y en los mismos términos del texto de la Asamblea venezolana. En el acuerdo chileno se comenzaba por enunciar las condiciones que deben darse para que exista un Estado de Derecho, luego se describían las violaciones a la Constitución y las leyes por parte de Salvador Allende y por último se hacía un llamado a la Fuerza Armada a “restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución”.

Es posible que en las condiciones de Venezuela hoy no ocurra lo mismo y que el texto emitido sea parte de la retórica insustancial que banaliza las palabras, pero es innegable que de manera temeraria y sin tener en cuenta los antecedentes históricos, se ha hecho un llamado semejante al que hizo la oposición chilena en 1973, concluye Puchi.

- Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC).