A pesar de la corta historia del siglo XXI, el modo de asalto al poder por vía de la ley ya ha cosechado sus mejores frutos en América Latina.  En el final del siglo XX América Latina era vista como el escenario en el que se definiría la nueva democracia del mundo y se trazaría con otra lógica el destino político y social contra la hegemonía del capital. No hay tiempo para la decepción, pero parece que los cálculos no encajaron en la realidad o la realidad no atiende de cálculos cuando se trata del potente enemigo difuso llamado capital, que se coló por todas partes para contaminar a la vida misma.

Los golpes de estado, y la ruptura de la democracia incompleta que se vivía encontró la forma novedosa del asalto al poder por vía de la ley, cuya interpretación en manos de sus mismos creadores posibilita el uso de todas las formas de lucha para restaurar su poder. La fórmula incluye como elementos básicos de su nueva caja de herramientas la polarización, la desinformación y el asalto al poder al amparo de la ley. Nada que haga parte de los intereses de los asaltantes es contrario a la ley, aunque esta roce los límites de lo verdaderamente grotesco. Después de los casos de Honduras y de Paraguay, donde sus presidentes fueron despojados de su investidura sin regar una sola gota de sangre en el recinto, ha llegado el turno a Brasil, su presidenta y el partido de los trabajadores compuesto por millones de militantes y electores, son convertidos a víctimas y los victimarios elevados a jueces que en nombre de la ley están exentos de cualquier acusación de maldad o actuación contraria a los dictados de la misma ley. 

En 1985 cayó la última dictadura que gobernó por dos décadas y cuyo proceso de gestación tuvo elementos similares a los que hoy se repiten, con una diferencia en su eje de fundamentación: Que el asalto al poder no se produce al amparo de las armas sino al amparo de la ley. Es el modo de acceso de las renovadas derechas, neocons y en síntesis (con todas las diferenciaciones necesarias en cada caso particular) las mismas elites que modelan y modulan las formas y estrategias del estado liberal, basado en la primacía de la ley, -no de la justicia-, impuesto asimismo en tautología por la misma ley, sin mediar análisis de legitimidad, ética o del actuar correcto. Es la mezcla mejor concebida de economía neoliberal y política neoliberal.

El modo de acceso que devuelva el control total al poder, no ocurre de manera directa a través del asalto armado, pero el hecho es radicalmente violento, cruento, trágico, produce exilio, inmigración forzada, muerte, prisioneros, mutilados, odios, despojos, hambre, terror, dolor, separación de familias, persecución, intranquilidad, zozobra, pánico, es decir, todo lo contrario a lo que significa la paz en cualquier ser humano. Los escenarios en los que ocurre la tragedia, no son los mismos en los que se declara la democracia, no está en los recintos que bombardeaban los militares, ni en las oficinas de donde trataban de escapar los funcionarios. En el marco de la ley no hay bombardeos, ni francotiradores, hay comunicadores, cadenas de desinformación que detienen su ojo creador en un objeto, en un disturbio, en una paliza o en un vehículo en llamas mientras la sangre y el dolor corren a su lado sin ser vistos. La dirección de la tragedia la orienta el centro de poder, la distribuye la desinformación y la alimenta la polarización.

El asalto legal al poder, invita a mirar lo que ocurre, no adentro de los recintos del poder, si no en las calles, en los lugares remotos, donde la tragedia cobra su cuota de destrucción no solo material del patrimonio público (que el interés privado se encargara de inventariar, apropiar y reconstruir para su beneficio) si no también la destrucción de las maneras de pensar, accionar y protestar, las que una vez debilitadas con el estruendo del asalto mismo, serán paulatinamente controladas, minadas, cooptadas, vetadas o silenciadas a menos que las resistencias se levanten en dignidad para no claudicar. El propósito final es cambiar el sentido, el contenido y el significado de las cosas para mantener vivo el espíritu de dominación y sometimiento que impide pensar y actuar por cuenta propia.

La dictadura iniciada en 1964 en Brasil, lanzó su ofensiva final con la organización de la llamada “Marcha de la Familia con Dios por la Libertad” en la fecha conmemorativa popular del día del San José Obrero (19 de marzo), y con el apoyo de un diputado y un gobernador terminó en la Catedral Do Sé en el centro de Sao Paulo en una Misa por la Salvación de la Democracia. Ya en el poder suspendieron la constitución y los partidos e inauguraron una forma de gobierno legal mediante la expedición de actos institucionales con fuerza de ley dictados por las fuerzas armadas. En este siglo XXI, para asaltar el poder les basta expresarle a los militares su interés para ponerse a alerta y activar la mezcla economía política para conformar una mayoría parlamentaria y simple y actuar en nombre de leyes cuya validez está determinada por la relación Poder-Derecho, contraria al de Derecho-Poder sobre la que se instaura el estado de derecho, de esta manera el derecho queda sujetado totalmente al poder de la escueta mayoría de la que no importan, ni su grado de rectitud, ni los mínimos éticos de sus comportamientos. A la presidenta de Brasil, la juzgara uno de sus más firmes opositores, pero a la vez alguien con más cuestionamiento de actuaciones por fuera de la ley que ella misma, pero que al convertirse en su juez entra al campo de la ley, y ella queda afuera.

La lógica esta activada, se extiende de manera más inmediata en Venezuela, donde la polarización ya está consumada y la desinformación hace su papel a fondo, lo que indica que el asalto al poder por vía de una legalidad está listo y su validez será determinada por la eficacia misma del propósito de controlar las estructuras del estado, allí el componente particular es el desprestigio al que está sometida la figura de su gobernante. En ecuador y Bolivia, avanza el proceso y ya es lugar común encontrar grandes movilizaciones indígenas y campesinas contrarias a sus gobernantes, que han resultado justamente ser los mejores conductores de sus luchas de poder.

Este método de asalto legal al poder, se reproduce en las escalas pequeñas de instituciones, entidades y espacios colectivos. Adentro de la misma lógica nada más paradójico que encontrar en medio camino del asalto al poder, que en Colombia el régimen Uribe, responsable del penúltimo capítulo de  criminalización de la protesta social y el ejercicio de violencia contra sectores populares,  usurpa de manera irresponsable y con cinismo la bandera popular de la resistencia civil para esgrimirla contra la paz que luchan sus propias víctimas y alentar los ánimos de guerra y en complemento la voz del procurador aclarara que este es un  derecho constitucional, el mismo que siempre ha sido negado para permitir por vía legal, perseguir a su legítimo depositario: El Pueblo.