Un enorme signo de interroga­ción se me dibujó en la frente cuando leí en 2013 que el mag­nate minero Roque Benavides –presidente de la minera Buenaventura– dijo que en la sierra peruana no existían indígenas. Así justificaba la falta de imple­mentación de la consulta previa en los proyectos mineros de la zona andina del país.

En conformidad con su afirmación, la Base de Datos Oficial de Pueblos Indíge­nas u Originarios, elaborada por el Minis­terio de Cultura, no incluyó a los pueblos indígenas de la sierra hasta la actualización pública del registro en 2015–si bien la base de datos había sido terminada en 2012 y ocultada por 3 años–. OjoPúblico denun­ció que durante este período de silencio, 2012-2015, el Ministerio de Energía y Mi­nas adjudicó a 25 compañías proyectos mi­neros sin haber llevado a cabo la consulta, contraviniendo la ley aprobada en 2011. Hasta ahora, ningún responsable.

La culpa del ‘desconocimiento adrede’ de la pluralidad nacional no es solo del Min­cult o de Benavides o de los contratos mi­llonarios de libros de texto que tiene el Go­bierno peruano con la editorial española y de tinte neocolonizador, Santillana. Un arma crucial de esta ignorancia autoinfligida ha sido el mezquino diseño del meca­nismo más importante de identificación de la población: el censo.

Si bien la comunidad internacional con­cuerda con que Perú es el segundo país con más indígenas respecto a su población en toda Sudamérica, el censo nunca introdujo entre sus variables a la autoidentificación étnica –como sí lo hacen nuestros vecinos– privando a decenas de miles de peruanos de políticas públicas de ‘acción afirmativa’.

Por ejemplo, Bolivia pasó de tener 59% de indígenas en 1992 a 66.2% en 2001, introduciendo la variable de autoidenti­ficación en su censo, un autorreconocimiento robustecido por la elección de un presidente indígena en 1998, que reivin­dicó sus raíces.

Por primera vez, el censo peruano 2017 incluirá la pregunta de autoidentificación étnica. Está por ver si el Gobierno de PPK o Keiko promocionará el autorreconoci­miento (p. ej. identificarse como indígena o afrodescendiente para el diseño informa­do de políticas públicas) o si evitará difun­dir su importancia para continuar violan­do los derechos de las comunidades, como ambos candidatos tienen demostrado en sus historiales.

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