Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de las Drogas: ¿A quién beneficia la cocaína?

Javier Calderón Castillo

26/04/2016

Opinión

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En la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS), quedó claro el desastre global y la total ineficacia de la política ‘antidrogas’ impuesta por los Estados Unidos hace algo más de 50 años[i]. Ante la fuerza de los hechos y la crudeza de la realidad, incluso presidentes y representantes de la derecha y aliados de los Estados Unidos como Ollanta Humala del Perú y Juan Manuel Santos de Colombia, tuvieron que coincidir con los organismos independientes, gobiernos de izquierda o progresistas, campesinos, indígenas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, entre otros, que durante décadas se opusieron a que se implementaran las acciones punitivas, violentas y colonialistas de la llamada guerra contra las drogas en sus países.

Prometedores discursos de la derecha que sonaron progresistas y podrían dejar la sensación de un nuevo momento en el tratamiento de ese problema, que es propio de un circuito económico del degradado sistema-mundo capitalista. No les creo mucho a Humala y Santos, sobre todo porque ellos no tienen la última palabra. Me temo que la política anti-drogas fue especialmente dura y desastrosa para los países latinoamericanos donde se impusieron los planes de intervención, como en Colombia, México, Honduras, Guatemala y Perú, siendo por el contrario, un rotundo éxito para los objetivos intervencionistas, colonialistas y militares de los Estados Unidos.

Esto fue lo que Humala y Santos no dijeron (¿lo omitieron o no pueden decir?), pero que si se atrevieron a decir el presidente de Bolivia Evo Morales y la canciller Venezolana Delcy Rodríguez [ii], quienes hablaron del nudo principal de dicha política intervencionista, exigiendo el desmantelamiento de la DEA y la proscripción de los mecanismos de dominio como la instalación de bases militares en territorio latinoamericano, con los cuales Estados Unidos desestabiliza gobiernos y realiza sus acciones contra el campesinado, los indígenas u otros pobladores, desestructurando territorios, afectando el medio ambiente, contaminando ríos y alimentos con altas dosis de glifosato y otros venenos.

Evo Morales y Delcy Rodríguez, recordaron también que el narcotráfico ha sido aliado de las políticas neoliberales y represivas, y que la DEA se ha encargado más bien de unificar y regular un sistema de producción-distribución-consumo articulado con el sistema bancario y financiero (economía del narcotráfico). No es casualidad que los Estados Unidos no quieran responder a preguntas que todos los ciudadanos nos podemos hacer como: ¿Quiénes son los capos norteamericanos capturados por recibir y traficar más de 1000 (mil) toneladas de cocaína al año?[iii], ¿Cuáles son los bancos donde están depositadas las astronómicas ganancias del negocio de venta en las calles y bares de los EE.UU?, ¿Cómo ingresan esas miles de toneladas de drogas al territorio más vigilado del planeta y con las Fuerzas Militares más poderosas?

Vale la pena recordar que Estados Unidos ha utilizado el narcotráfico en la guerra contra los procesos emancipadores del continente. Existen numerosos estudios al respecto. Entre ellos, un excelente trabajo de los periodistas franceses Mylene Sauloy y Lee Bonnec(1994)[iv], que describe a fondo la relación del derechista “capo colombiano” Pablo Escobar como financiador de los contras en Nicaragua y Honduras entre 1986 y 1990, después del escándalo Irángate que demostró el apoyo directo de Estados Unidos en la guerra contra la Revolución Sandinista. Este episodio, es un ejemplo de la visión manipuladora de los Estados Unidos respecto de la política anti-drogas, y sobre todo, demuestra que sus intereses hegemónicos sobre Latinoamérica son su principal objetivo. Ni los 1,5 millones de consumidores de cocaína norteamericanos, ni la democracia en nuestra región son preocupaciones para ellos, son vistos como negocios[v].

El eslabón más rentable de la economía del narcotráfico está en los Estados Unidos, donde se distribuyen aproximadamente 1200 toneladas de cocaína al año a precios exuberantes, un negocio visible y rentable; sin embargo, no conocemos que existan alguna persecución en contra de los capos de la droga norteamericanos. La política antidrogas es en consecuencia sólo para los latinoamericanos, significa el traslado de la guerra y la destrucción a nuestros países: acá quedan los muertos, los desplazados, los mutilados, las bases militares, los gobiernos de derecha y el estigma de ser países narcos, mientras que en los Estados Unidos se quedan las grandes ganancias del negocio en las arcas del sistema financiero y de paso mantienen la excusa perfecta de la intervención militar en nuestros países.

Mucho se dijo en la Asamblea sobre drogas en la ONU, pero hubo silencios que también dijeron mucho, como el del presidente Mauricio Macri quien tiene en ciernes la reorientación punitiva y articulada con EE.UU del plan contra las drogas en la “frontera norte”[vi] (especialmente en la frontera con Bolivia). El presidente Mexicano ni se dejó ver; y sobre todo, asistimos al silencio ensordecedor de Obama, quizás porque hubiera tenido que decir que The War on Drugs is fine (la guerra ha estado bien), como lo demuestran la gran obsecuencia y seguidismo de algunos gobiernos locales, que no le exigen responsabilidades a los Estados Unidos, ni buscan alternativas para que el combate al tráfico de drogas no tenga el tan alto costo humano, ambiental y político que ha tenido hasta ahora. Bien por los gobiernos que plantearon el debate sobre a quién beneficia la cocaína, esperemos que empecemos a conocer las respuestas, y con esto, empecemos a ver el final de esa nefasta e inútil guerra.