El gobierno de Mauricio Macri profundiza las políticas en favor de la megaminería y el agronegocios. Nombró en puestos claves a empresarios y quitó impuestos a las multinacionales.

Un presidente (CEO) de la petrolera Shell al frente del Ministerio de Energía. Un empresario del agronegocio como titular del Ministerio de Agroindustria. Y cabilderos de la minera Barrick Gold en lugares clave de la Secretaría de Minería. El gobierno de Mauricio Macri marca líneas de continuidad y profundización del extractivismo en Argentina: quita de impuestos al agronegocio y a la megaminería, despidos en el área de agricultura familiar y avance de transgénicos. Ya aprobó un nuevo maíz (de DuPont Pionner) y planea autorizar otros cuatro en este año.

“El desafío es lograr que la sociedad se enamore de la minería”, señaló el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell. Y nombró en su gabinete a Mario Capello, ex diputado nacional por la provincia de San Juan (donde opera Barrick Gold) y férreo impulsor de la actividad extractiva. “Los nuevos cipayos se camuflan en organizaciones cuyos nombres refieren al nuevo ‘Dios’ medioambiental. Son los demagogos de siempre a los que debemos desenmascarar”, acusó Capello en 2012 y afirmó que la minería genera “cero contaminación”.

Una treintena de organizaciones sociales y productivas escribieron una carta al presidente y a los ministros de Energía y de Ambiente (Sergio Bergman). “Nos dirigimos a ustedes a efectos de hacerles llegar nuestro repudio al nombramiento de Mario Capello. Durante su desempeño en distintos organismos ha mantenido una conducta agresiva para con los integrantes de comunidades afectadas”, afirmaron la Asociación Inti Chutec, la Federación de Viñateros de San Juan y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras. Lo definieron como un “conspicuo lobbista” de la empresa Barrick Gold.

El gobierno anunció un “pacto federal minero” entre provincias y nación para avanzar con nuevos proyectos, bajar impuestos a las empresas e intentar derogar las leyes que limitan la actividad en seis provincias. El presidente Macri viajó en febrero a San Juan (provincia donde Barrick derramó en septiembre más de un millón de litros de agua con cianuro y afectó cinco ríos), para anunciar el quite total de retenciones (impuesto a la exportación) a la minería. “Se terminan las retenciones a las exportaciones mineras. Vamos a acompañar a este sector para generar más trabajo”, señaló el presidente.

Más de 20 asambleas socioambientales, desde la Patagonia hasta el norte del país, emitieron un comunicado conjunto: “Argentina comprobó en las últimas dos décadas que minería a gran escala y sustentabilidad son imposibles de compatibilizar” y lamentaron que “una vez más las políticas mineras están hechas a favor de las trasnacionales, en detrimento de los pueblos y sus territorios”.

Al frente del Ministerio de Agricultura fue nombrado Ricardo Buryaile, empresario de la provincia de Formosa (al norte del país) y uno de los referentes de “la Mesa de Enlace”, espacio de articulación de las cuatro mayores entidades de productores-empresarios, con rol protagónico desde 2008, cuando se opusieron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (por un intento de aumentar impuestos a la exportación de soja).

También llegó formalmente al gobierno la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). Uno de sus referentes, Ignacio Garciarena, fue nombrado director nacional de Agricultura. “Un orgullo para Aapresid”, señala la entidad empresaria. En Aapresid se presentan como simples técnicos y productores, pero son empresarios (de pequeños a grandes), que actúan en coordinación con las grandes empresas del agro (desde semilleras y químicas hasta medios de comunicación) y con funcionarios aliados de distintos niveles de gobierno (municipios, provincias y nación).

En el Ministerio de Agroindustria fue ascendido a director nacional de Biotecnología, Martín Lema. Contó con el respaldo de las grandes empresas de agronegocios para dirigir el espacio clave en la aprobación de transgénicos (en esa dependencia se da luz verde para la aprobación, con base en estudios de las mismas empresas, a los organismos genéticamente modificados). Desde 1996, se aprobaron transgénicos (soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Pioneer y Nidera, entre otras.

El 4 de abril, el Ministerio de Agroindustria comunicó la aprobación de un maíz transgénico de la multinacional DuPont Pionner. Es apto para utilizarse con glifosato y glufosinato de amonio, y cuenta con la tóxina “Bt” (tóxico para insectos). Y anunció que, durante este año, aprobarán otros cuatro transgénicos: cártamo, caña de azúcar, papa y soja.

En paralelo, comenzaron los despidos de trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar (el área que desarrolla políticas y acciones para el campesinado y los pueblos indígenas).

El único ministro del kirchnerismo que permaneció en su cargo fue Lino Barañao, a cargo de la cartera de Ciencia. No es casual: es un férreo defensor de las empresas de biotecnología (trabajó en el desarrollo de animales transgénicos) y llegó a defender a Monsanto y a los agrotóxicos con frases para la antología: “El glifosato es cómo agua con sal [...] Con los antibióticos también hay mal uso y muertes, y nadie se queja”.

http://www.jornada.unam.mx/2016/04/16/cam-marcha.html