Hablar de los privados de libertad es complejo, sobre todo en un país signado por la violencia, por la presencia de grupos delincuenciales que se han caracterizado por la ausencia de humanidad, por la saña con la que ejecutan sus crímenes y por el declarado desprecio a la vida de los demás y a la propia.

El sufrimiento indescriptible que han provocado a las familias de las víctimas es un argumento suficiente para comprender el aborrecimiento que se tiene por esos seres humanos. Solo quienes han pasado por la angustia que deja el accionar brutal y delictivo de esas personas, saben del inmenso dolor, que no pasa. Muchas veces ni los cristianos sienten compasión o reconocen que, a pesar de sus crímenes, tienen derechos humanos, reivindicación por la cual instituciones como la PDH son criticadas.

Esas maras o pandillas, que por cierto nos las exportaron de Estados Unidos, donde se formaron, son producto de condiciones sociales, de las circunstancias deplorables en las que viven millones de personas, de las privaciones, de la falta de educación y de oportunidades de esos niños y jóvenes que se forman en las calles, defendiéndose de los demás, en un ambiente de hostilidad permanente. Y es cierto, la pobreza no es sinónimo de delincuencia, pero si indagamos en las vidas de esos criminales, se podrá constatar que nacieron y se desarrollaron en contextos propicios para caer en las garras de la criminalidad.

Cotidianamente somos sobrevivientes de la delincuencia. La semana anterior, en la misma Torre de Tribunales, rodeados de policías nacionales, guardias de presidios y elementos de seguridad del Organismo Judicial, integrantes de la Mara 18 asesinaron a uno de la Salvatrucha e hirieron a dos más, hecho insólito en el cual se puso en riesgo a numerosas personas, inclusive a los reporteros que, buscando la noticia, estuvieron muy cerca de los criminales.

Y además, el peligro que corren los médicos, enfermeras, pacientes y demás personas que buscan alivio en la precariedad de los hospitales públicos, a donde son llevados los heridos, quienes, por supuesto, tienen derecho a la atención médica. En dichos nosocomios ya esos delincuentes han provocado hechos de violencia.

El Sistema Penitenciario siempre ha sido criticado y hoy con los casos de alto impacto tiene los reflectores encima. Se le señala de ser inoperante, de estar contaminado con la corrupción, de ser ineficiente, que no aplica debidamente los protocolos de seguridad, criticas que son ciertas. Sin embargo, en esos centros de prisión hay 19 mil reos, más los que se quedan presos por su propia voluntad, como ocurrió la semana anterior que la visita “decidió” permanecer en el lugar. Las autoridades debieron interponer recursos de exhibición personal para determinar cuántos libres estaban bajo las rejas.

La capacidad del sistema es para 6 mil y para los 30 centros de detención en el país, hay 3,875 guardias que se dividen en dos turnos. Hay desorden administrativo, falta de aplicación de los protocolos de seguridad, corrupción, control de las prisiones por parte de los reos; falta de profesionalización y de dignificación de quienes deben custodiarlos, guardias que comparten esas mismas condiciones, hace unas semanas hicieron un paro porque ¡ni siquiera ganan el salario mínimo!

Y como el Estado está en harapos y hay tantas necesidades, seguiremos con este peligro y con la injusticia para los guardias y los que no tienen sentencia condenatoria firme. (Mi pésame y solidaridad a las familias de El Cambray II.)

Guatemala, 5 de octubre de 2015.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA