Se realizó esta mañana una audiencia pública sobre el tema, donde no asistieron ni legisladores ni autoridades del INDERT. La mayoría de los cerca de 200 participantes fueron agricultores y agricultoras del interior del país.

Asunción, 17 de setiembre (BASE IS)- Desde las 10 de esta mañana la Organización de Lucha por la Tierra(OLT) coordinó en la capital paraguaya el encuentro, donde participaron campesinos y campesinas de todo el país y referentes de organizaciones de la sociedad civil.

De las autoridades del Instituto de la Tierra, Procuraduría General del Estado y Parlamento, solamente estuvieron presentes dos abogados de la Procuraduría y la directora de la Comisión de Reforma Agraria del Senado.

La situación dejó en evidencia el desinterés de las autoridades del Estado y el actual gobierno por la problemática social de la tierra en el país.

Arrancó las exposiciones el abogado e investigador Alberto Alderete, recordando la situación de las tierras malhabidas investigada por la Comisión Verdad y Justicia y agregando informaciones sobre lo que a partir de las recomendaciones del mencionado órgano hicieron los gobiernos.

“De la cantidad de denuncias que recopila dicho estudio, actualmente sólo cuatro procesos judiciales abrió la Procuraduría, en todas ellas los jueces dieron la razón a los usurpadores”, dijo Alderete.

En todos los casos, explicó, la justicia juzgó parcialmente a favor de los intereses económicos, incluso en contravención de legislaciones tan claras como el Estatuto Agrario y su artículo donde prohíbe a extranjeros ser beneficiarios de la reforma agraria.

Primero de Marzo Joaju

Después habló Esteban Irala, secretario del Área de Sin Tierras de la OLT, sobre el caso de las tierras detentadas por la Agroganadera Pindó, en el departamento de Canindeyú.

Desde el 2012 unas 300 familias campesinas sin tierra realizan una ocupación de una parte de estas tierras estatales, que fueron entregadas a la familia Bendlin por parte del régimen de Alfredo Stroessner a cambio de una avioneta en los años 60′.

Las familias agricultoras asentadas resistieron al menos tres grandes desalojos y persecución de órganos estatales pero también de guardias privados de la empresa.

Cristo Rey

La dirigente Josefina Ruiz, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas(CONAMURI) relató el caso del asentamiento Cristo Rey.

Hace 10 años familias sin tierra vienen realizando una ocupación de lo que señalan es un excedente fiscal, acaparado por el empresario Miguel Ángel Montaner. La última ocupación está siendo sostenida por unas 40 familias.

La referente denunció la ausencia del Estado en esclarecer la situación, y todavía más, aseveró que los sucesivos desalojos judiciales-fiscales-policiales se realizan para generar temor en las familias ocupantes. Y que cada vez que se registra uno, la policía saquea cultivos, animales y hasta muebles de la escuela.

San Juan de Puente Kyha

Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina(FNC) señalo que la base de todos los problemas del país, lo que está trabando el desarrollo del mismo, es la presencia del latifundio en Paraguay.

Dijo que si bien 7.8 millones de hectáreas de tierras mal habidas fue documentada por la Comisión Verdad y Justicia, toda la estructura de la tierra en Paraguay es irregular, desde la posguerra de 1870.

Relató el caso del asentamiento San Juan de Puente Kyha, en Canindeyú, donde familias sin tierra re-ocuparon hace años una parte de las 5.800 hectáreas del Estado que fueron usurpadas por empresarios brasileños.

“El INDERT dice que esas tierras son recuperables administrativamente, pero que no puede hacer nada por que tiene trabas judiciales”, dijo. Todo esto a pesar de estar dentro de la Zona de Seguridad Fronteriza, donde por ley extranjeros no pueden comprar tierras, agregó.

“Sin organización fuerte y sin lucha fuerte no hay caso. Nada de las tierras que tienen las familias campesinas se repartieron a través de

políticas del Estado, todo se consiguió por lucha”, concluyó.

Marina Kue

Por su parte el abogado e investigador Abel Areco, como parte de la Articulación Curuguaty, explicó los antecedentes de tierra del caso Marina Kue. Éste es paradigmático para apreciar el papel del Poder Judicial en la legitimación de usurpadores de tierras estatales.

La tierra de Marina Kue, unas 2mil hectáreas, fueron donadas en 1969 al Estado paraguayo por parte de la empresa La Industrial Paraguaya. Desde entonces y hasta 1999 se instaló en el lugar un regimiento de la Marina Nacional.

En 2004 las familias campesinas de las colonias vecinas empezaron a gestionar ante el INDERT la adjudicación de la tierra, para ampliación de las mismas. En medio de esas gestiones, la familia Riquelme, encabezada por un político y empresario acusado de detentar otras tierras del Estado paraguayo, presentaron recursos judiciales.

A través de ardides jurídicos, la influencia política y la complicidad de jueces, los Riquelme se quedaron con la tierra, que fue ocupada para poder ser recuperada en varias ocasiones por las familias sin tierra locales. Y fue en una última ocupación donde se registró la mayor violencia en toda la historia de la lucha por la tierra paraguaya: una matanza donde murieron 11 campesinos y 7 policías.

La Procuraduría

Por parte del ente estatal habló en la audiencia el abogado Enzo Cristaldo, dio la razón a Alberto Alderete en cuanto a la inconsecuencia de la institución para recuperar tierras estatales usurpadas por privados.

Dijo que actualmente hay 32 demandas activas y que no hubo una sola sentencia judicial favorable hacia el Estado. El único inmueble donde la justicia favoreció al mismo fue con la mansión de la familia del dictador Stroessner, explicó.

A la hora de las batallas judiciales, la justicia principalmente le niega el derecho de accionar por estas tierras a la Procuraduría, o se ampara en las prescripciones de las causas, la falta de acción… incluso sentando jurisprudencia y teniendo que correr con todos los gastos judiciales la institución.

Invitó a las organizaciones presentes a establecer un diálogo más cercano con la Procuraduría para pensar propuestas conjuntas.