Paraguay

La destitución vista desde el Palacio

Natalia Viana

27/11/2012

Opinión

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Hace cinco meses, el 22 de junio de 2012, comenzó formalmente el proceso de impeachment contra Fernando Lugo, presidente elegido cuatro años antes en Paraguay. La Cámara de Diputados hizo la acusación formal: declaró que el ex obispo desempeñaba mal sus funciones. El libeo acusatorio, sin embargo, no contenía prueba alguna y se limitaba a afirmar que las causas mencionadas en él “son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas”. Eran las 18 horas del 21 de junio. La defensa tendría 17 horas para elaborar sus argumentos y dos horas para defenderlos ante el Senado, que actuaría como juez al día siguiente.

La noticia del juicio político se hizo oficial aquella noche y algunos grupos comenzaron a llegar tímidamente a la Plaza Independencia, que queda delante del Congreso, en el centro de Asunción. Poco después, la aglomeración fue tomando cuerpo. A la mañana siguiente, antes del mediodía, cuando se inició la defensa, ya reunía a 10.000 personas.

“Nos autoconvocamos”, recuerda Katia María Guggiari, una joven bajita, de cabellos tan largos como la tradición política de su familia. Nieta de uno de los últimos presidentes liberales que gobernaron Paraguay, José Patricio Guggiari Corniglioni (1928-1932), Katia, contrariando a buena parte de esa tradicionalísima familia –con la que rompió relaciones—fue a la plaza munida de los consejos de un primo que había vivido bajo la dictadura de Stroessner. “Lo más importante”, recordó, “era quedarse lejos de la entrada del Congreso cuando anunciaran el resultado del juicio político, porque la Policía reprimiría inmediatamente”.

Lo que llevó a Katia a la plaza no fue el aprecio por el ex presidente Lugo, por quien ella mantenía una antipatía indisimulada. “Yo estaba absolutamente ofendida por lo que estaba ocurriendo. Pasamos 17 años en la transición. Finalmente habíamos entrado en la democracia y ellos rompieron todo en 24 horas”, dice. “Eso duele”.

Cinco meses después, todavía conserva viva en el recuerdo la tristeza de esos días. “Gente que no te conocía venía a abrazarte y decía ‘tranquilo, no está todo terminado todavía…”, cuenta. Pasó buena parte del tiempo enviando mensajes de texto a los senadores del partido liberal: “Mi abuelo se está revolviendo en la tumba”. Los liberales, segunda fuerza política del país, habían cerrado un acuerdo con sus enemigos de larga data, el conservador Partido Colorado, para la destitución del primer presidente de centroizquierda en llegar al poder en Paraguay. “Después de eso, pasaron muchas horas… Muy pocas horas, pero parecía que fuese una eternidad”.

Dentro del predio del Congreso, el Orden del Día circulaba desde el amanecer de ese viernes, detallando los procedimientos del juicio político –y demostrando que se trataba de un acuerdo más que cerrado.

El procedimiento – vea aqui una copia del documento– explicaba que a las 12 horas habría una sesión para escuchar la defensa del presidente. A las 14:30 se constituiría un tribunal para decidir la admisión de las pruebas ofrecidos por los dos lados. A las 15.30, una sesión extraordinaria para formular alegatos y a las 16.30 una sesión extraordinaria dictaría una sentencia.

El Orden del Día describía incluso cómo sería el final de la última sesión: “Una vez confirmados los votos requeridos, se procederá a declarar al acusado culpable, apartándolo de pleno derecho de su cargo”.

En las 17 horas que tuvo para intentar frentar el juicio político, el equipo de defensa de Lugo presentó un planteo de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia a las 8:24 horas del día 22 de junio, alegando que el derecho de defensa no había sido respetado. La respuesta llegó el lunes siguiente, cuando Federico Franco ya comandaba el país.

“Como se trata de un procedimento que técnicamente no es jurisdiccional, las garantías del proceso judicial, no lo son de manera absoluta sino parcial, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del acusado”, razón la Suprema Corte. Y concluyó desestimando el pedido sin más trámite (Vea aquí el documento).

Otro recurso, pidiendo la anulación del impeachment, al cual fue anexado el Orden del Día que determinaba la condena del acusado, también fue denegado meses después. El principal argumento de la Corte Suprema es que el impeachment, por tratarse de un procedimiento político, no tiene la obligación de seguir las normas del juzgamiento común –como la del derecho a una amplia defensa.

Cliquee para leer la versión íntegra de recurso y de la decisión de la Corte.

Cliquee para ver la actas del Congreso.

Cliquee para leer el documento de condena de Lugo.

La mañana comenzó con un frenético movimiento en la residencia presidencial, donde Fernando Lugo viviría por unas pocas horas más. Desde las cuatro de la mañana ya se reunían ministros, secretarios y amigos cercanos del ex obispo. Se decidió que él debía ir al Congreso para enfrentar las acusaciones. Después hubo marcha atrás. Al final, una comitiva partió para el Palacio de gobierno, donde esperarían el resultado de la misión de los cancilleres de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que había llegado al país la noche anterior, directamente de la conferencia Rio + 20 y después de los llamados personales de Lugo a Dilma Rousseff y José Mujica, presidentes de Brasil y de Uruguay, para pedirles ayuda.

Desde el interior llegaban, todavía, algunos líderes campesinos que venían a dar su apoyo a Lugo. “No había más trabajo institucional. Estábamos ayudando a arreglar todo para recibir a esos líderes que venían del interior”, recuerda José Tomás Sánchez, ex-ministro de la Función Pública. La llegada de los líderes sociales, aunque a cuentagotas, asustaba al Congreso y fue tema de acalorado debate la noche anterior en el canal Telefuturo entre el abogado de la defensa de Lugo, Antonio Ferreiro, y el diputado colorado Oscar Tuma, principal abogado de la acusación.

En el programa en vivo, el presentador preguntó a Tuma si el rápido juzgamiento se debía al temor de que hubiese manifestantes en la calle, lo que podría generar una reacción violenta –“lo que todos nos tememos”. El diputado respondió que sí. “Tenemos informaciones de que hay movilizaciones pagadas, funcionarios públicos que fueron a manifestarse frente al Congreso con el único objetivo de desestabilizar este proceso”.

Los rumores circulaban también en las conversaciones de la mañana entre los representantes de Unasur y los principales líderes políticos del impeachment. En reunión con los dirigentes del Partido Colorado, los cancilleres oyeron que el gobierno, “inviable”, tenía que acabar. “Y que tenía que hacerse rápido porque, supuestamente, Lugo había convocado a elementos subversivos y violentos”, según el relato del canciller Héctor Timerman al periódico Página 12.

Las informaciones de inteligencia que llegaban al Palacio de gobierno decían exactamente lo opuesto: había un plan para provocar un choque violento en la Plaza de Independencia, que se llenaba de personas. La amenaza remitía al llamado “Marzo Paraguayo” en 1999, cuando siete manifestantes fueron asesinados por francotiradores cuando protestaban contar el gobierno de Raúl Cubas en esa misma plaza.

“Había gente infiltrada en medio de los manifestantes para provocar un baño de sangre”, afirma un militar que formaba parte de la escolta personal de Lugo. En una de las tres entrevistas concedidas a Pública, el presidente depuesto confirma: “Teníamos esta información de inteligencia, inclusive de la Policía, de que querían repetir el escenario del Marzo Paraguayo del 99, y el mismo escenario de Curuguaty. Así, el responsable último sería el Ejecutivo, dando consistencia al argumento de la destitución”.

Algunas radios populares habían montado equipos de sonido en medio de la multitud con bandas de protesta y los números de celular de senadores y diputados –la orden era mandar mensajes con nombre y apellido, pidiendo que “voten concientemente y respeten la democracia”. Las radios transmitían, alternativamente, la música-símbolo del nacionalismo paraguayo, la polca “Patria Querida”, y el juzgamiento en el Congreso. “La plaza estaba cercada por vallas de metal”, recuerda Katia María. “Cuando llegué, los policías que estaban alrededor de la plaza me revisaron la mochila. Estaba todo controlado”. Pendía fresco, sobre los manifestantes, el doloroso recuerdo del Marzo Paraguayo.

A la misma hora, los cancilleres se reunían con los líderes del Partido Liberal. Según Timerman, su principal preocupación era la falta de tiempo para la defensa. Oyeron como respuesta que debían irse del país. “Señor, son las 11 de la mañana. A las 12 comienza el juicio político. ¿Hay algo que ustedes pueden decirme para ayudarlos a que esta situación no se agrave?”, preguntó Timerman. “No”, oyó como respuesta. “La Constitución establece formas de hacer el juicio político, y no plazos”.

“Fueron maltratados”, resume una fuente de Itamaraty. “A.l final, era una misión de ministros del exterior que fueron hasta Paraguay… ¿Y ellos (los congresistas) hablando de que estaban haciendo todo de acuerdo con la ley, que no necesitaban probar nada…?”.

No sólo eso: esa misma mañana, Franco tomó la iniciativa de llamar al embajador brasileño, a la embajada de Asunción, para conversación sobre el juicio político “en tono confiado”, según una fuente de Itamaraty.

La llamada fue interpretada por los gobiernos vecinos como una prueba de la condena anticipada de Lugo. “Franco llamó al embajador de Brasil en Asunción para decirle que esa misma tarde asumiría como Presidente. En el parlamento todavía no se había sustanciado la acusación en el Senado”, contaría más tarde el presidente uruguayo José Mujica.

Después de la fría recepción de los líderes de ambos partidos, Timerman y el ministro brasileño Antônio Patriota se reunieron, finalmente, con Federico Franco. Como en otras conversaciones, los cancilleres advirtieron que Paraguay quedaría aislado si el impeachment se llevaba a cabo y sería suspendido de organismos regionales como Unasur y Mercosur. El argentino preguntó a Franco si consideraba justo el procedimiento. “En Paraguay, un vicepresidente tiene tres tareas: asistir a la reunión de gabinete, actuar como nexo con el Congreso y asumir en caso de enfermedad, muerte o destitución del Presidente. Voy a cumplir con la Constitución paraguaya”, respondió el vice.

“¿Te parece tiempo suficiente dos horas para preparar un juicio político?”, retrucó el argentino. “Solamente Dios sabe el tempo que le dí”, replicó

La conversación con Franco también terminó con la sombra de una amenaza inminente de violencia. Timerman prosigue: “Pregunté si, en caso de que convenciéramos a Lugo de pedir licencia, le darían seis meses para preparar su defensa. Fue ahí que dijo una frase que ya habíamos escuchado de otros dirigentes: ‘Este gobierno es inviable. Aquí, la violencia comienza mañana’”.

De regreso en el palacio, a principios de la tarde, el entrar y salir era constante y el clima, de incredulidad. El día anterior, Fernando Lugo había comunicado ya a la nación que se sometería al impeachment. Domingo Laíno, histórico miembro del Partido Liberal, recuerda que intentó orquestar una reacción más fuerte contra lo que llama un golpe montado por su propio partido. “Yo no soy Allende”, le respondió el Presidente.

Mucho defendían la resistencia, inclusive algunos sectores del Ejército paraguayo. Poco antes de las dos de la tarde, Lugo, todavía presidente, convocó a los jefes militares. Se reunieron brevemente el comandante del Ejército, Adalberto Garcete; el comandante de la Armada, almirante Benítez Frommer; el comandante de la Fuerza Aérea, Miguel Christ Jacobs; y el jefe del Gabinete Militar de la Presidencia, general Ángel Alcibiades Vallovera.

Discutieron la posibilidad de publicar un comunicado de las Fuerzas Armadas declarando su lealtad al comandante en jefe, el Presidente. Después de una rápida discusión, la propuesta fue abandonada. “Lugo dijo desde el inicio que no resistiría”, contó a Pública el general Adalberto Garcete. Al final de la reunión, según fuentes militares, el Presidente decretó: “Yo soy un mártir de la Historia”.

Los tres comandantes permanecieron en el palacio, aguardando la orden de retirada –que tardó en ser dada. Mientras estaban allí, los buscó el embajador de Venezuela, Nicolás Maduro. El encuentro, que no duró más que algunos minutos, ocasionaría una investigación del Ministerio Público en los primeros días del nuevo gobierno, respecto de una supuesta tentativa del venezolano de incitar un golpe.

Con gran alboroto, la prensa nacional e internacional acusó a Maduro de sugerir una sublevación militar.

Interrogados por la Fiscalía, órgano investigador del Paraguay, los comandantes del Ejército y de la Armada lo negaron; Miguel Christ Jacobs, entonces comandante de la Fuerza Aérea, lo confirmó. Dos meses después fue nombrado Comandante de las Fuerzas Armadas. Los otros dos aguardan pacientemente en sus casas: fueron transferidos a la reserva poco después de prestar testimonio.

La posibilidad de una reacción, fuese política o militar, fue también tema de la última reunión de gabinete de Lugo aquella tarde. Estaban todos los ministros, incluyendo a los liberales, los asesores jurídicos y los secretarios.

Según los relatos, Lugo evaluó las posibilidades que se presentaban, oyendo mucho, en su estilo vacilante que le valiera tantas críticas durante todo su gobierno. Recordó que no habría respaldo internacional a una resistencia armada. Una vez asumiera el nuevo gobierno, sería fácil desmovilizar a los sectores del ejército, que tendrían que someterse al nuevo comandante en jefe, Federico Franco. Abatido, Lugo se resignaba. “Por mi formación, académica, espiritual, estoy contra todo tipo de violencia. La historia política de Paraguay siempre fue violenta”, apunta él en la tercera entrevista con Pública, dos meses después de aquella tarde. “Creo que pasaré a la historia como alguien que ejerció una presidencia dentro del marco pacífico, en todos los sentidos, y que no incitamos a ningún tipo de violencia, viniese de donde viniese”.

Otra opción sería renunciar –hubo un pedido oficial de la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Paraguaya, para que Lugo lo hiciera para “evitar un derramamiento de sangre”. El ex obispo se negó. Dos meses después, la Iglesia pidió disculpas. “Todo el tiempo Lugo dijo que no quería un derramamiento de sangre, que teníamos que entregar el gobierno organizadamente”, dice la ministra de Salud, Esperanza Martínez. “Dijo que no huiría o pediría asilo, que se quedaría en el país a resistir por todos los medios posibles”.

Al final de la reunión, Fernando Lugo asistió por televisión a la votación del fin de su gobierno. Cuando llegó a 30 votos, el quórum necesario, mantuvo un silencio sepulcral. “Tenía cara de pena”, cuenta el fotógrafo presidencial Rafael Ursúa.

“Vimos la votación por la televisión, y cuando terminó la destitución, dijimos: ‘Presidente, nos vamos, porque no queremos estar cuando asuma Franco’”, recuerda el canciller Timerman. “La Argentina ofrece asilo a quien lo solicite”, dijo.

En la plaza, los manifestantes rodearon la radio para oír el conteo. “La gente se abrazaba alrededor del parlante. Hasta que llegaron a 30 votos… Ahí creo que comenzamos a cantar Patria Querida. Y llorábamos”, recuerda Katia María.

Pocos minutos después, comenzaron a estallar los gases lacrimógenos. “Quedé muy impresionada porque nunca lo había vivido. Una amiga me agarró y me tiró, sentí el olor del gas y comencé a correr”. En la corrida, derrumbaron las vallas de metal, llegaron hasta la escalinata delante de la catedral de Asunción. Allí se reunió gran parte de los manifestantes durante la noche.

Las puertas de la catedral estaban cerradas.

Al caer la noche, los asistentes de Lugo comenzaron calmadamente a retirar sus pertenencias del Palacio. Muchos ministros ya habían partido. El ex presidente había grabado, poco antes, un comunicado oficial en el que negaba legitimidad al juicio político, pero dejaba en claro que lo acataría. Federico Franco asumió poco después.

“Ver allí a los ayudantes del Presidente sacando las cosas, las despedidas, ver al Presidente diciendo adiós al personal del Palacio, los asesores de seguridad… Fumar un último cigarrillo en la baranda, mirando para el Río Paraguay… Y ver, en la sala, al Presidente viendo el final por televisión… Fue muy triste”, recuerda el ex ministro de Función Pública, José Tomás Sánchez.

En la plaza, la multitud se dispersaba. Dos meses después, en entrevista con Pública, la voz del jefe de Gabinete de la Presidencia, López Perito, tenido como el hombre fuerte de Luego, aún se quiebra en el recuerdo. “La gente esperaba que el Presidente no aceptase… Y después vino la desilusión cuando les dijimos allí, en la plaza, se tienen que ir porque el Presidente va a entregar el gobierno”, dice.

“Me sentí muy mal. Parecía todo muy absurdo, que se perdiese el gobierno de esa manera tan miserable. Sentí que les fallamos”.

A las seis de la tarde, recuerda Timerman, los cancilleres partieron en dirección al aeropuerto. “Nos abrazamos y nos fuimos. Había poca gente en las calles”.

El nuevo gobierno

Federico Franco ha gobernado bajo grandes dificultades, entre una economía estancada, el continuo aislamiento internacional sufrido por Paraguay –el país fue suspendido de Unasur y del Mercosur semanas después del impeachment– y los escándalos de corrupción –hay denuncias de que su renta personal aumentó 7 veces desde que era vice. En los sondeos de opinión, el gobierno de Franco pierde mal en popularidad con el de Lugo y la desconfianza hacia el liberal llega al 55%. Aun así, su gobierno está lejos de la letargia. En pocos meses, dio un giro radical en las políticas de gobierno, barriendo el mapa los principales puntos incómodos de la administración Lugo.

Un ejemplo es la luz verde a las negociaciones con el gigante canadiense de aluminio Rio Tinto Alcán para la exploración, a exploração, mediante un decreto promulgado a comienzos de julio (de 2012) y elaborado por los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio. Según Esperanza Martínez, ex-ministra de Salúd, el fuerte lobby de Rio Tinto dividía al gobierno de Lugo, por la fuerte resistencia de los sectores progresistas: para ellos, significaba ceder el uso de “casi una turbina y media de Itaipú” a la empresa privada.

A comienzos de agosto, el nuevo Ministerio de Salud aceleró el proceso de aprobación de maíz transgénico VT3PRO de la empresa Monsanto, que esperaba en la fila del Senave, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas comandada en el gobierno de Lugo por el ingeniero agrónomo Miguel Lovera, ligado a los movimientos campesinos –hoy dirigida por un empresario del ramo de los agroquímicos, Jaime Ayala, presidente de la compañía Pacific Agrosciences.

Durante la gestión de Lovera, se impidió cualquier nueva liberación de especies transgénicas –la soja ya estaba liberada. El ex ministro se justifica: “La única cosa que presentaban eran las pruebas de campo de la eficacia agronómica. No se habían realizado pruebas locales sobre el potencial alergénico, tóxico y de contaminación. Eran apenas estudios realizados por las empresas”. En agosto, Federico Franco firmó un decreto que disminuyó las exigencias de los estudios ambientales previos para liberar los transgénicos y otro permitiendo la importación de semillas transgénicas de Brasil y de la Argentina.

Más allá de eso, el 30 de agosto (de 2012), la nueva dirección del SENAVE revocó la resolución 1160, que establecía las normas para la aplicación de agrotóxicos, estableciendo la necesidad de una autorización para la realización de fumigaciones aéreas y terrestres, y de avisar a los vecinos con 24 horas de antelación, indicando los productos a ser utilizados y el grado de toxicidad. La nueva dirección también acabó con la secretaría de participación ciudadana, que tenía equipos de campo para dar asistencia a los pequeños productores, intermediar en los conflictos de tierras y servir como un canal directo con el gobierno.

En total, 120 funcionarios del SENAVE fueron removidos, según la denuncia presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubres (lea aquí). Más allá del Senave, una coalición de organizaciones de derechos humanos denunciaron los despidos masivos en diversos organismos de gobierno, como en la parte paraguaya del emprendimiento hidroeléctrico de Itaipú, centrados en funcionarios afines a las políticas del gobierno de Lugo. Otros órganos, como el Indert y la Secretaría de Acción Social, también sufrieron muchos despidos, según un relevamiento realizado por los propios trabajadores (cliquee aquí para leer).

Aquí la versión original, en portugués, de esta investigación especial de Agencia Pública.

Agência Pública – www.apublica.org

Traducido por El Puerco Espin - http://www.elpuercoespin.com.ar

https://www.alainet.org/pt/node/162964?language=es