Colombia

La agenda de la negociación y la sociedad civil en los diálogos de paz

Pedro Santana Rodríguez

23/09/2012

Opinión

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Como se ha señalado la negociación que se iniciará el próximo 8 de octubre en la ciudad de Oslo, capital de Noruega, tendrá un temario de cinco puntos que son (1) desarrollo rural que comprende un proyecto de reforma agraria, (2) narcotráfico y cultivos de uso ilícito, (3) favorabilidad política y presencia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la política, (4) Víctimas, y (5) mecanismos de seguimiento y de verificación del cumplimiento de los acuerdos. Un debate se ha suscitado en los medios de comunicación principalmente sobre dos puntos en el proceso que ya tiene conformados los equipos de negociación y una fecha para el arranque formal del proceso. El primer cuestionamiento que ha surgido plantea que los dos primeros puntos es decir el de la reforma agraria y el del narcotráfico, no deberían formar parte de la agenda dado que son temas del interés nacional y no podrían ser fruto de una negociación con la insurgencia armada sino que deberían ser tramitados como leyes de la República en el Congreso que es el organismo institucionalmente encargado de la aprobación de políticas públicas. Este argumento nos parece falaz y poco realista.

Un argumento de corte histórico es que lo que motivó el levantamiento armado de las guerrillas y su propio origen estuvo relacionado con la violencia generalizada que vivió el país a raíz del asesinato del líder, Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Esta guerra civil que dejó como saldo cerca de 300 mil muertos también ocasionó el despojo nunca aclarado ni reparado a cientos de miles de personas que fueron expulsadas de sus tierras sin que el Estado haya realizado una investigación histórica sobre la magnitud del despojo ni de los muertos que ocasionó la real guerra civil en una amplia porción del territorio y en algunas zonas del país, como lo describió el investigador Paul Oquist, se produjo un derrumbe parcial del Estado. También el libro La Violencia en Colombia publicado por los investigadores: Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Germán Guzmán Campos documenta este período que se inicia en aquella fecha y que aún se prolonga hoy pues las guerrillas y sobre todo las FARC, pero también el Ejército de Liberación Nacional, ELN, surgieron y se alimentaron de aquella resistencia armada de amplios sectores el campesinado. También allí surgieron las guerrillas que se agruparon en el Ejército Popular de Liberación, EPL, que negoció la paz en los acuerdos de los años 90 del siglo XX.

Pero, hay un argumento político que nos merece la mayor atención. El proceso del despojo volvió a recrudecerse desde comienzos de los años ochenta del siglo XX. Desde esa fecha y hasta el 30 de junio del año 2010 se produjo el despojo de 6.6 millones de hectáreas y se produjo un desplazamiento forzado desde el primero de enero de 1985 y hasta el 30 de junio de 2011 de 5´281.360 personas. Durante todos estos años se produjo concomitantemente un proceso de concentración aberrante de la propiedad de la tierra que nos ha llevado a tener una concentración que según el informe de Desarrollo Humano del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, de 0,85 en el coeficiente de Gini en el cual 1 significaría una realidad en la cual un sólo propietario sería el dueño de toda la tierra en el país. Este informe señala que el 52% de la tierra en Colombia está en manos del 1,15% de los propietarios y que esta concentración se presenta con mayor rigor en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Putumayo, Chocó, Risaralda y Norte de Santander (PNUD, Septiembre 2011). Hay que agregar que la región en dónde el despojo ha sido mayor es en la región de Antioquia-Chocó, durante este último período el despojo se acerca a los dos millones de hectáreas. Habría que agregar que de acuerdo con el mismo informe el 62% del total de la población rural que en Colombia podría ser del 32% del total de la población, vive bajo la línea de pobreza. Así pues uno de los temas que ha desencadenado la violencia en Colombia tiene que ver con la disputa por la tierra. Lo que hace que la agenda de negociación sea realmente importante es que plantee la necesidad de poner en marcha un proceso real de redistribución de la propiedad rural en nuestro país. Eso es lo que hay de esperanzador en esa mesa de negociación. Obviamente que los acuerdos estipularán los mecanismos legales y administrativos que tendrán que ponerse en marcha para lograr que se haga realidad lo que se acuerde en la mesa y muy seguramente tendrá que haber una intervención del Congreso de la República que hasta ahora se ha negado a debatir, y a aprobar una política de desarrollo rural que responda a la problemática agraria que tiene que ver en primer lugar con la redistribución de la propiedad agraria, pero que se tiene que ocupar también de temas como: asistencia técnica, seguros de cosechas, redes de mercadeo, vías de comunicación, créditos de fomento, etc. La gracia del proceso es que en su temario esté uno de los temas que originó la guerra y violencia de la cuál queremos salir por medio de la negociación política, en buena hora asumida por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Un segundo tema importante tiene que ver con los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico. Este tema está relacionado no sólo con el fenómeno del desplazamiento forzado que se produjo y sigue produciendo por la disputa armada por el control territorial, también tiene que ver con el fenómeno de la concentración de la propiedad rural y con el despojo a millones de campesinos desplazados. La negociación tiene que incorporar aspectos como la presencia del Estado en zonas controladas y con gran influencia de las guerrillas. Allí el Estado no sólo tiene que tener presencia de la Fuerza Pública sino lo más importante tiene que extenderse la red educativa y de salud públicas, la infraestructura de carreteras, centros de acopio y comercialización de los productos allí cultivados, todo ello con respeto por el medio ambiente y la puesta en marcha de proyectos productivos que agreguen valor y mejoren los ingresos de los habitantes de dichos territorios. Es por ello que este tema es también esencial dados los nexos de las guerrillas con los cultivos de uso ilícito, con el procesamiento y los corredores de tráfico de la cocaína y el latex que sirve de materia prima para la fabricación de la heroína.

Es por ello que estos dos puntos deben ser parte integral de la negociación política y la mesa debe resolver las vías mediante las cuáles dichos acuerdos deberán ponerse en marcha que no son otros que leyes, decretos y mecanismos ejecutivos para la puesta en marcha de los acuerdos. La garantía de la paz duradera es que se intervenga sobre los factores estructurales que lo originaron y que más recientemente lo alimentaron.

Los restantes tres puntos no han ocasionado el rechazo de las fuerzas políticas o de los formadores de opinión excepto el punto de la participación en política de los jefes de las FARC que están acusados o han sido condenados por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Este punto ha sido rechazado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez para quién no debería estar en la agenda amén que él se opone a todo el proceso pues lo que quisiera y lo que intento durante los ocho años de su Gobierno fue justamente el aniquilamiento de las guerrillas y su derrota total. Fracasado su intento de aniquilamiento, aunque hay que reconocer que durante los años de su Gobierno le fueron propinados golpes militares certeros a la guerrilla que las obligó a replegarse, su rechazo a la negociación es total. Pero, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones este escollo en el proceso de la negociación deberá ser examinado con lupa para encontrar una salida política sin menoscabo de los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. El tema de la justicia es el meollo de este asunto y allí habrá que encontrar alternativas como suspensión de las penas que podría permitir que los jefes de las guerrillas puedan participar en la vida política. Como lo dijo acertadamente el fiscal general Eduardo Montealegre, preferimos ver a Timochenko en el Congreso de la República que echando bala en el monte.

Finalmente pensamos que la sociedad civil debe tener una participación activa en el proceso sin que ello signifique que deba tener asiento en la mesa de las negociaciones que nos parece que debe estar conformada como lo han definido en el acuerdo para la terminación del conflicto armado. Esta mesa debería habilitar espacios, audiencias, y otros mecanismos que sin alargar las negociaciones permitan que la mesa escuche las propuestas de las víctimas, de las organizaciones de Derechos Humanos, de las organizaciones campesinas, afro e indígenas alrededor de la agenda de la negociación. También hay un mecanismo que se ha ventilado y que parece tener un amplio consenso y es que se convoque al Consejo Nacional de Paz que puede ser un escenario de acompañamiento calificado de la sociedad civil al proceso de la negociación política.

Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 321

Semana del 14 al 20 de septiembre de 2012

Corporación Viva la Ciudadanía.

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