El informe anual sobre las políticas de igualdad de género, recientemente presentado al Congreso por el premier Valdés y la ministra Jara, tuvo dos ausencias importantes que exigen un pronunciamiento del Estado.

El primer asunto es muy grave, pero navega en el olvido porque sus víctimas pertenecen a los sectores de los más pobres del campo y la ciudad. Se trata de las mujeres que sufrieron esterilizaciones forzadas durante el régimen de Fujimori. Ese gobierno impuso el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 que, con el argumento de atacar la pobreza, llevó a miles de mujeres pobres a ser sometidas a ligaduras de trompas sin su consentimiento informado, en precarias e insalubres condiciones quirúrgicas. La situación llegó al punto, como dan cuenta varios testimonios, que se fijaron metas de acciones de esterilización a los profesionales y técnicos de salud. Documentos dirigidos a Alberto Fujimori, a quien no deprime la bárbara política que impuso, dan cuenta de las metas mensuales a cumplir, así como los premios y sanciones derivadas del cumplimiento o no de estas.

Según revelan informes del Congreso, organismos como Demus y otros del movimiento feminista, este proceso se impuso en todo el país pero especialmente en Piura, Cajamarca, Lima, Huancavelica y el Cusco, violando DDHH básicos de las mujeres sometidas involuntariamente a estos procedimientos de esterilización.

El Congreso posfujimontesinista investigó la denuncia de las esterilizaciones y acusó. La Fiscalía Especializada en DDHH abrió investigación por genocidio y otros, en agravio de más de 2.070 mujeres, 17 de ellas fallecidas. Los acusados eran tres ministros: Eduardo Yong, Mariño Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (que fue viceministro largo tiempo antes).

Como el 2003 se denunció ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el caso de la Sra. Mamérita Mestanza, fallecida al poco tiempo de ser esterilizada, el tema comenzó a moverse en el país. Y el gobierno peruano llegó a un acuerdo amistoso, reconociendo la violación producida y comprometiéndose a investigar las esterilizaciones y reparar a víctimas y familiares. Pero no solo no se cumplió el acuerdo sino que el 2009 el MP peruano archivó la investigación del 2002, desechando el cargo de genocidio y tortura. Ello llevó a que se vuelva a presentar el caso ante la CIDH.

En octubre del 2011, el MP reabre las investigaciones, pero hasta hoy no denuncia. Y las víctimas solo consiguieron algo fantástico: que las incluyan en el “fabuloso” Sistema Integral de Salud (SIS), sin que ninguna haya sido reparada económicamente ni, por supuesto, nadie haya sido sancionado por estas brutales violaciones a derechos elementales. Solo el caso presentado ante la CIDH consiguió reparación económica y nada más. Diversas organizaciones femeninas exigen la conformación de una Comisión Interinstitucional para investigar, identificar y registrar a las víctimas, y definir las evidentes reparaciones económicas y morales que corresponden.

Otra ausencia fue la de la protocolización del aborto terapéutico, establecido legalmente desde 1924 en el Código Penal. Se trata de un aborto, consentido por la mujer embarazada, cuando es el único medio para salvar la vida de la mujer o evitarle graves y permanentes daños a su salud. A 88 años seguimos esperando el protocolo de esta norma, para aplicarla en casos muy precisos y en defensa de la vida de la madre o de evitar una discapacidad grave y permanente.

Según el Minsa, 121 mujeres –entre el 2005 y el 2008– tuvieron que llevar adelante embarazos de fetos anancefálicos (sin cerebro). Un absurdo. Y el Colegio Médico da cuenta de que anualmente mueren 200 mujeres por no acceder al aborto legal. Este tema ha llegado hasta la ONU con el caso de una adolescente a la que se le negó el derecho al aborto terapéutico de un feto anancefálico. Lo calificó como una violación al derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Cuándo se va a aprobar este protocolo específico del aborto terapéutico?

Diario La República, 26 de marzo de 2012