Aceptar cualquier desastre con tal de no quedarse solo es la receta de la diplomacia cobarde.

Pablo Solón. El Gran Escape III.

La VIII Conferencia Ministerial de la OMC acaba de terminar con un notable triunfo de los países que conforman el ALBA: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. A medida que progresaban las negociaciones sobre las propuestas que debía sancionar la Declaración Ministerial, el ALBA se hacía más visible. Cuba presentó una propuesta interesante sobre Comercio Electrónico, que fue la primera Decisión consensuada que conformó la débil Agenda de la Ministerial. Ecuador presentó una importante propuesta sobre Servicios Financieros. Hubo varias iniciativas de tipo crítico en que el ALBA actuó apoyándose de manera coordinada, pero la intervención fulminante fue el documento que acabó con el intento de pasar ilegalmente un texto como una Declaración Ministerial consensuada.

Hay varios proyectos en giro que convienen a las empresas multinacionales por los que abogan aquellos gobiernos de países desarrollados y en desarrollo que se les han subordinado. Esos proyectos inspiran propuestas en los organismos internacionales que buscan siempre erosionar el derecho soberano de conducir políticas nacionales y crear, en cambio, ambientes en que las empresas apátridas puedan actuar con desenvoltura. Hay propuestas favorables a ellas tan evidentes como la de validar estándares privados como obligatorios o eliminar el derecho a limitar la exportación de alimentos o “cosechar” con acuerdos plurilaterales los puntos en que hay acuerdo, pero condicionado al progreso en otras áreas para mantener el equilibrio multilateral de la negociación.

Estas iniciativas están en oposición a los intereses de la gente en todos los países, pero hay muchos gobiernos democráticos que no defienden otro interés que el de los dueños del “mercado”. Los Indignados europeos y los Ocupa norteamericanos son la vanguardia consciente de ese 99% que en todas las naciones es víctima de un 1% de explotadores apátridas.

Las maniobras opacas

El desarrollo de los acontecimientos anteriores a la VIII Conferencia Ministerial es típico de la opacidad con que actúa la Secretaría de la OMC, dirigida por M. Pascal Lamy. El sólito grupo de países representantes de las multinacionales, conocidos como “los amigos del Sistema”: Australia, EE UU, Japón, UE et al., sostuvieron reuniones, no necesariamente en la OMC, con la Secretaría de la OMC. No sabemos con exactitud cuantas ni cuando, porque son reuniones muy discretas. Lo que si sabemos es que de esas reuniones salió un texto. Ese texto no fue presentado - quiero decir leído – que hasta el 29 de noviembre – 15 días antes de la VIII Conferencia Ministerial. El texto si había sido conocido antes, el día 27, en un “Green Room” (Cuarto Verde), como llaman las sesiones de M. Lamy con la cofradía de unos 20 países escogidos por la Secretaría; otra muestra de opacidad excluyente.

Según el Reglamento de la OMC, los documentos que se incluyen en la agenda de las reuniones, deben ser distribuidos, por lo menos, con 10 días de anticipación para que las delegaciones y sus gobiernos puedan analizarlas. Pues bien, hasta el día 29, las delegaciones de países de la variedad “vulgaris” (unos 130) desconocían el documento. Tampoco es que, fuera de los autores originales del texto, los invitados al Cuarto Verde hubiesen tenido tiempo de estudiarlo.

Hay aún otra irregularidad. El día 18 de noviembre circuló el Aerograma que informaba sobre la reunión formal del Consejo General y en su agenda no figura algún documento como texto para la VIII Conferencia Ministerial, que luego sería su tema central de discusión. El texto sólo fue leído en la reunión informal del 29, por el Presidente del Consejo General, el nigeriano Yonov Frederick Agah. Ni siquiera se entregó a los presentes un texto escrito, sino hasta más tarde en el día y sólo como un JOB (documento informal) y en inglés. Se pretendía, según el Presidente del Consejo, que se le mirase y se opinase el día siguiente, en el Consejo General formal. Al día siguiente, el día 30, en el Consejo General formal, la presidencia lo convirtió, así no más, en un documento formal y dijo que si en 16 horas ninguna delegación lo había rechazado, se consideraba aprobado por consenso.

Los embajadores de Bolivia, Cuba y Ecuador protestaron en la sala por lo irregular del procedimiento. El cubano Rodolfo Reyes Rodríguez, dijo que era un intento deliberado de forzar una aceptación sin permitir consultas con las respectivos gobiernos y pidió más tiempo. Habló con cortesía diplomática, pero se sintió como que acusaba a la Secretaría de asalto con premeditación, alevosía y ventaja. Al pasar el plazo arbitrario de 16 horas ningún país había rechazado el documento, lo que demuestra la moderación, madurez y autocontrol del ALBA, que preparaba su jugada.

El documento de la Secretaría

El documento que debía proponerse como texto final de la VIII Conferencia Ministerial tenía dos partes de distinta categoría y quedaba en el aire si debía presentarse bajo el título de Declaración Ministerial o un Informe del Presidente. Eso es también irregular. Sobre la primera parte aparentemente había consenso, quiere decir no había una clara oposición, pero con detalles pendientes aplanados por miedo al “costo político” de quedarse oponerse solo; un fantasma insustancial que ronda por los organismos internacionales. La segunda parte contenía las propuestas que se debaten, por lo que es de preguntarse que hacían allí, pero se suponía que serían sólo una información personal del Presidente del Consejo General.

Otro “detalle” es que el papel no estaba abierto a discusión, era una propuesta de aprobar o rechazar; un modo de negociar que ya se ha intentado varias veces en estos últimos meses. Una técnica que aprovecha el temor a contradecir, por el supuesto “costo político” de hacerlo. Un criterio que personalmente no entiendo, porque sólo o acompañado lo importante es no estar equivocado; lo que tiene costo político y social es aceptar lo que no conviene al país.

En una organización llena de asechanzas como la OMC no se puede dejar nada en el aire y agrupar bajo el título de Declaración Ministerial propuestas consensuadas y no consensuadas no parece algo casual o inocuo. Se presta para que luego se malinterprete el documento y se diga que estaban consensuadas todas las partes del contenido y se le haga pasar entero como un Mandato Ministerial que es obligatorio para todos los países miembros.

La contraofensiva del ALBA

Con fecha 15 de diciembre, 48 horas antes de terminar la Conferencia Ministerial, con Ginebra llena de periodistas para la magna ocasión, apareció y se distribuyó a la prensa el documento WT/MIN(11)/W/4. No fue fácil hacer que la Secretaría de la OMC lo distribuyera también a los miembros. Tal vez la velada amenaza de preguntar si era posible usar un altavoz en la sala, porque sólo habían micrófonos para la presidencia, ayudó a que la Secretaría cumpliera con su deber de repartir los documentos que emiten los países miembros.

El documento tiene un enfoque sin precedentes en OMC, pero sentó uno bien eficaz. Se trata de apenas una página y media, titulada “Comunicación de el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Cuba, la República de Ecuador, la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela.”

El documento comienza señalando que en la OMC la turbia opacidad es vieja maña. Luego dice “Se constata que cada vez se emplean métodos más sofisticados para impedir la participación de todos los Miembros y generar la apariencia de un proceso inclusivo y consensuado. Apenas, un día antes de la reunión formal del Consejo General del 30 de noviembre de 2011, se han presentado los resultados intocables de un proceso de consultas efectuado en grupos reducidos; intocables en tanto que según sus responsables reflejaban "equilibrios delicadamente alcanzados” y por lo mismo solo susceptibles de ser puestos en conocimiento de los demás Miembros.”

“El comercio es un instrumento y no un fin en sí mismo” y explica “A lo largo de su camino al desarrollo, los Miembros desarrollados de esta Organización, han venido y continúan aplicando políticas dirigidas a promover la restructuración económica y el crecimiento de la productividad, es decir, intervenciones públicas explícitas en la economía.”