Impunidad y justicia
12/10/2011
- Opinión
Recientemente, la Unesco anunció un plan de acción para la seguridad de los periodistas y para combatir la impunidad. Propugnan por la creación de un mecanismo de coordinación para la acción de las agencias de la ONU, que se encargaría de tratar las cuestiones de seguridad de los periodistas y el seguimiento a los progresos en el combate a la impunidad. La noticia no trascendió. En los últimos 10 años, 500 periodistas han sido asesinados en el ejercicio de su trabajo.
Sin embargo, no hay indicios de voluntad para investigarlos, ni medidas para prevenirlo y proteger a los profesionales de la información, pero tampoco hay voces enardecidas ante esos hechos. Esto responde a la lógica de la indiferencia con que la sociedad asume la defensa de un derecho humano fundamental: la libertad de expresión y su corolario, la libertad de prensa.
Guatemala está situada en la zona más peligrosa y violenta de la región, en donde México reporta el número más elevado de asesinatos de periodistas; tres mujeres fueron brutalmente asesinadas en las últimas semanas, con saña misógina y violencia extrema; y Honduras, en donde 16 periodistas han muerto de forma violenta desde el golpe de Estado, sin que hasta la fecha se conozcan resultados para dar con los responsables intelectuales y materiales de esos crímenes.
La semana anterior, Hivos y sus contrapartes locales convocaron en Tegucigalpa a un evento llamado Impunidad, libertad de expresión y justicia, en el cual hubo alta participación de la sociedad civil, especialmente operadores de justicia y defensores (as) de derechos humanos, quienes compartieron sus preocupaciones y reclamos con personalidades como Frank La Rue, relator para la libertad de expresión de la ONU, el juez español Baltasar Garzón y la abogada Eugenia Valenzuela, encargada de análisis estratégico, ambos de la Corte Penal Internacional (CPI).
En noviembre pasado, en el examen periódico universal sobre Honduras, se hicieron 129 recomendaciones al Gobierno, las que acogió en su totalidad; sin embargo, en la reunión de marzo del Consejo de Derechos Humanos se constató que no se había cumplido ninguna. La red IFEX, capítulo América Latina, ha participado activamente en este proceso para promover la libertad de expresión en Honduras, donde la demanda generalizada es la investigación de los hechos criminales, el cese de la represión y el derecho a saber la verdad.
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación —oficial— no satisfizo el reclamo social y hay otra comisión independiente que pronto dará a conocer el resultado de su investigación.
Una veta de esperanza generó el desafío que hizo La Rue para que el Estado respete a los defensores de derechos humanos y a la Prensa. La presencia de Garzón también fue alentadora, sobre todo porque se informó sobre los mecanismos de la CPI, donde se ha iniciado un examen preliminar sobre lo ocurrido en Honduras. Al compartir en el panel nuestra experiencia como defensores de la libertad de expresión, ratificamos la solidaridad con los colegas catrachos. La justicia es garantía para eliminar la impunidad.
Guatemala, 12 de octubre de 2011
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