EEUU

Lobbies contra la democracia

Carlos Miguélez Monroy

29/07/2010

Opinión

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Los grupos de presión de la industria armamentística en Estados Unidos obstaculizan la guerra que libra el gobierno mexicano contra los cárteles del narcotráfico y que ya se ha saldado con más de 20 mil muertes en los últimos tres años (casi 7 mil sólo en lo que va de 2010). Así lo sostenía hace unos meses el presidente de México, Felipe Calderón.

Según el presidente, funcionarios estadounidenses han denunciado oposición por parte de poderosos grupos de presión en el Congreso para evitar cualquier regulación en la venta de armas en Estados Unidos. El 90% de las armas de las bandas del narcotráfico proceden de Estados Unidos, la mayoría de forma legal, según el gobierno mexicano.

Grupos como la Asociación Nacional del Rifle influyen en decisiones políticas y jurídicas como la más reciente de la Suprema Corte de Justicia: las leyes estatales orientadas hacia la limitación o la prohibición de la venta de armas son inconstitucionales.

Los grupos de presión preocupan desde 1877, cuando la Constitución del Estado de Georgia tipificaba como delito la actividad de los grupos de presión. En 1946, con Franklin D. Roosevelt como presidente, el Congreso aprobó el Federal Regulation of Lobbying Act para evitar una influencia desmedida de las industrias en pleno apogeo económico y político de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial.

Pero algunos temores se han convertido en realidad. Con su creciente poder, la industria armamentística influye en la política exterior y en la defensa, contra lo que advertía el presidente Dwight Eisenhower. Con la desmovilización militar tras el fin de la Guerra Fría y con arsenales de armas que sobraban, antiguos militares y magnates han encontrado un nuevo nicho de mercado a explotar: las empresas militares y de seguridad privadas, un poderoso grupo de presión vinculado al de la reconstrucción. La producción armamentística y los gastos de defensa se han mantenido e incluso han aumentado con la exageración de la amenaza terrorista y con la promoción de guerras “preventivas” en países con grandes reservas de materias primas. Las invasiones de los últimos años han tenido como resultado contratos millonarios de reconstrucción, de seguridad privada y de explotación de esas riquezas naturales.

El complejo militar industrial dona millones de dólares para sus campañas militares a los candidatos que cree idóneos para la promoción de sus intereses en política. Así lo ha hecho el fundador de la antigua Blackwater (ahora Xe Services).

Las empresas privadas con capacidad de influencia en política suelen actuar por medio de consultoras millonarias y de lobbyistas que seducen a políticos afines y los presionan para llevar adelante su agenda. En Estados Unidos, muchas de estas consultoras y sus empresas afines se han relacionado a grupos con vinculaciones ideológicas y religiosas extremistas. El lobby israelí, de John Mearsheimer y Stephen Walt, documenta la influencia de una de estas ideologías en la política exterior de Estados Unidos: la sionista. Entre las empresas que componen este grupo de presión están medios de comunicación, organizaciones, religiosas y culturales, industria armamentística, instituciones educativas, etc.

Después del armamentístico, otros de los grupos de presión que acumulan más poder en Estados Unidos son el farmacéutico y el del petróleo, que ha financiado “investigaciones científicas” negadoras del cambio climático con el fin de entorpecer el surgimiento de energías más limpias.

Además del sometimiento del poder político a los intereses privados, preocupa el papel cada vez menos relevante de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan: el cuidado del medioambiente, la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos como establece la Carta de Naciones Unidas, la lucha contra el crimen organizado… La confianza por medio del voto se ve vulnerada cuando los políticos incumplen su programa por chocar con intereses privados que facilitan la permanencia en el “poder”. Pero el poder ha pasado a manos de los grupos de presión, lo que impide el control legítimo y la rendición de cuentas. No resulta casual que la gente muestre cada vez más desencanto por unos representantes que no los representan y que se han convertido en vasallos de los intereses privados. Por eso, muchas personas buscan nuevas formas de auténtica participación ciudadana. A eso se le llama democracia.

- Carlos Miguélez Monroy es Periodista y coordinador del CCS

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.

https://www.alainet.org/pt/node/143127?language=es