El XX Congreso Jurídico, cuyo tema central es Acceso a la justicia y seguridad jurídica, de estratégico interés para el país, fue abordado en una diversidad de foros temáticos, plurales por cierto, con algunas ponencias y reflexiones de alto nivel. Los juristas participantes tomaron determinaciones cruciales las que requieren de consecuencia, decisión, firmeza y valentía para verlas consumadas.

La primera es iniciar actividades para impulsar un diálogo social en búsqueda de la refundación del Estado de Derecho, dada la situación de deterioro en que se encuentra, que casi alcanza la calidad de despojo, tarea titánica y fundamental para cimentar una convivencia basada en leyes y normas de efectiva observancia colectiva. Similar llamado hicieron cuatro personalidades de distinto signo, pero con una investidura que les faculta hacer una propuesta en la búsqueda de la paz social y el desarrollo humano integral.

El rector magnífico de la Universidad de San Carlos, el procurador de los Derechos Humanos, el arzobispo metropolitano y el presidente de la Alianza Evangélica demandaron del Estado acciones inmediatas, enérgicas y efectivas, para garantizar el derecho a la vida y el bienestar de la población, es decir, le recriminaron el incumplimiento de su primordial obligación, mientras que a los ciudadanos los exhortaron a unir voluntades para frenar y superar el clima de inseguridad e inestabilidad social. La formación de un frente nacional contra la impunidad y la inseguridad es la propuesta de los mencionados anteriormente.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala instó a alcanzar un acuerdo nacional para lograr cambios en el sistema de seguridad y justicia y combatir la violencia. Esta idea del señor Castresana ha sido vista con escepticismo y hasta con recelo por una diversidad de actores. El vicepresidente dijo que ellos están trabajando en eso, el presidente electo del Congreso aseguró que ya existe el espacio para un pacto en seguridad y el magistrado Fernández, de la Corte Suprema de Justicia, considera que a ellos solo les corresponde la función jurisdiccional. En otras palabras, consideran que no es nada nuevo, por lo que debemos entender que, como siempre, cada organismo del Estado hará lo suyo (que por cierto lo hace muy mal) de manera desarticulada y con dispersión de recursos y de esfuerzos, lo que ya nos es muy familiar.

Otra enriquecedora propuesta presentada en ese congreso fue la de promover la ética profesional, lo cual es imprescindible para esta devaluada profesión, que a diario se deteriora gracias a grupos e individuos que han desvirtuado su quehacer y han perjudicado al gremio.
Con vergüenza, hay que reconocer que los profesionales del Derecho tienen sobre sus espaldas responsabilidad en el deterioro de la legalidad. Malos abogados fueron cómplices de los golpes de Estado, han asesorado a las mafias de todo tipo, formaron redes criminales que convirtieron a los niños en mercancías, han despojado de sus propiedades y tierras a ciudadanos (as), diseñan leyes a la medida de quienes les pagan, entre otras conductas censurables y vergonzosas que nos abochornan a todos y todas.

Guatemala, 15 de diciembre de 2008

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es Directora de la Agencia CERIGUA.

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