Con un discurso veintejuliero, el Ministro de Agricultura en el Senado el pasado 11 de marzo, trató de cerrar la cortina de humo que quiso tender para ocultar la gigantesca inmoralidad (e ilegalidad) de entregar 17 mil hectáreas destinadas a los desplazados por la violencia, a alguna gran empresa palmicultora, logrando de todos modos dejar expuesta al desnudo los sofismas de la ideología que motivó tal acción.

El asunto clave que el ministro quiso evadir, fue el hecho de que los estudios científicos concienzudos realizados por el Centro Interamericano de Agricultura Tropical (CIAT) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), demostraron que Carimagua y terrenos similares pueden, además de servir para continuar tan importantes investigaciones para el Llano, pueden usarse por pequeños productores en arreglos agroforestales y agropastoriles y encontraron variedades adecuadas a sus suelos, de arroz, yuca, soya, sorgo, maíz y pastos, por ejemplo las variedades de arroz Sabana 6, Sabana 7 y los pastos Andropogón, Llanero y Libertad y además la tecnología comercial de sembrar el pasto asociado con el arroz, para que este último financiara los costos de la implantación de la pradera. Enseñaron a producir y a cosechar las semillas de los pastos[1].

Por el contrario, destinar Carimagua a grandes plantaciones de palma africana no tiene hasta el momento justificación científica o técnica. Tiene sí una justificación económica diferente y si relación alguna con la agrológica: el río Meta es el escenario de un megaproyecto, su proyectada privatización dentro del marco de la Infraestructura Regional de Suramérica y el establecimiento de Puerto López como puerto de  comercio principal para Bogotá. El ministro engaña cuando pretende mostrar a Carimagua como un sitio aislado y oculta los proyectos consolidados desde hace varios años y que valorizarán descomunalmente las tierras que ahora quiere arrendar por sumas irrisorias y que de acuerdo con la ley 1152 de 2007 podrán ser finalmente entregadas en propiedad a la empresa beneficiaria, que se robará así al estado y a los desplazados una gigantesca renta de localización. El negocio no es la palma ni la palma dará empleo allí, el negocio es la especulación con el incremento de los precios de la tierra por el desarrollo de un megaproyecto vial y comercial.

Esta realidad científica cerificada por tesis de grado presentadas en Estados Unidos (exhibidas por la senadora Cecilia López) y por una carta muy seria enviada todo el equipo de expertos de la Universidad del Llano, quiso ser desvirtuada por el ministro de la manera más burda: anunciando que le darán dinero a la Universidad del Llano, como si los investigadores estuvieran dispuestos a vender su conciencia mediante un trato clientelista y colocando un video con el señor alcalde de Puerto Gaitán pidiendo que la hacienda sea entregada a empresario que den empleo y lleven la riqueza a la región, la cual por supuesto sigue dominada y disputada por el paramilitarismo de los cuchillos de los Héroes del Llano y de los héroes de Macaco.

Los sofismas de la ideología del ministro se sustentaron primero con la trampa de presentar uno de los casos en que los campesinos fueron estafados por los políticos tradicionales y parapolíticos directivos del antiguo Incora y cómo los campesinos fracasaron cuando les entregaron tierras de pésima calidad o no aptas para labores agropecuarias, para luego afirmar que un caso en que los pusieron a trabajar para empresarios sí tuvieron éxito. Ardid para ocultar, no solo tres casos de beneficiarios del Incora que fueron exitosos sin necesidad de plegarse a los empresarios o terratenientes, sino el de las reformas agrarias de hecho cumplidas en el país antes y después de creado el incora, ejecutadas por la lucha directa del campesinado en Viotá, Sumapaz y otros lugares o las colonizaciones exitosas como la de Saravena y para ocultar algo todavía más grande, que los campesinos siguen alimentando al país, que en cambio con el lanzamiento del fomento de los agrocombustibles de palma aceitera y caña de azúcar se han encarecido los alimentos  y que tras la crisis del café fueron los campesinos quienes mantuvieron el cultivo para que el país pueda venderlo ahora cuando los precios vuelven a subir.

Según la Encuestas Agropecuarias del DANE los pequeños productores, aunque disponen del 14 por ciento de la tierra, poseen el 45 por ciento del área sembrada del país, en tanto los grandes propietario que disponen de más del 6 por ciento de la tierra sólo tienen el 9 por ciento del área cultivada del país, casi toda en caña de azúcar y palma aceitera. En Colombia la gran propiedad no es necesariamente la más productiva y generalmente es la menos productiva, dedicada al engorde, no de vacas, sino del precio de la tierra, gracias al esfuerzo de la sociedad y del estado que las valoriza con inversiones en vías, tecnología y mercados. La economía campesina en cambio muchas veces logra eficiencia productiva, a pesar del insuficiente y cada vez menor apoyo del estado y por eso sigue siendo la principal abastecedora de las ciudades, junto con pequeños y medianos empresarios, como los arroceros, quienes deben pagar caros arriendos a los latifundistas.

Desde luego si a los campesinos les tocan las peores tierras, su desventaja es enorme. Pero el concurso de la peor tierra entregada, se lo ganó el ministro Arias, en Puerto Wilches, en 2005, cuando presidió el acto de “entrega” a los campesinos 300 fincas que no existían. Semejante estafa con características de oso enorme, tuvo lugar cuando uno de los grupos uribistas con la dirección local del Incoder en sus manos, exigió a los sin tierra una suma de dinero para la campaña electoral de sus candidatos, a cambio de incluirlos en la lista de adjudicatarios de los predios de la vereda “Tierra Prometida”. Cuando los campesinos fueron por su parcela se dieron cuenta que no existía. Así ningún campesino puede ser eficiente, claro está. Para los que quieran ver el espectáculo del ministro “entregando” estas tierras de aire, el canal regional de Barrancabermeja hizo un reportaje de lujo a respecto. Propongo entregarle uno a cada congresista que va a votar la moción de censura para que cada uno vea sin lugar a duda, que el ministro está a la altura de quienes lo avalan.

Ministro que dice que los gobiernos de Uribe han “entregado” más de 3 millones de hectáreas a afros, indígenas y campesinos. Este sofisma ya lo usó el ministro para decir que el Estado “entregó” 31 millones de hectáreas a los indios, cuando en realidad lo que hizo fue titular las que en 500 años no les pudieron quitar; solamente 220 mil hectáreas fueron adquiridas y entregadas por el Estado. Tampoco las tierras han sido “entregadas” a los afros, sino tituladas, las que ocuparon libertariamente sus palenques o en las que se asentaron por necesidad en selvas del Pacífico, los antiguos esclavos de las hoy familias notables del Valle, Caldas, Antioquia y Cauca liberados por la ley de 1851. La mayoría de las tierras “entregadas” a campesinos son titulaciones de tierras ya colonizadas hace años por ellos. El “nada por ciento” restante, ha sido adquirido por Incoder, cantidades pequeñas, logradas como en el caso de los indígenas del Cauca, mediante luchas inmensas y que en el caso de los desplazados testimonian solamente que el 99 por ciento siguen sin reparación, sin tierra.

Otro sofisma del ministro, es la afirmación según la cual tras la ley 1152 el Incoder usará un sistema novedoso para que el campesino adquiera “la tierra que quiere” y no la que los funcionarios le quieran asignar. Es falso que el sistema es nuevo y mucho más falso que el campesino puede adquirir la tierra que quiere. El sistema no es nuevo, está vigente desde que fue publicada la ley 160 de 1994, es el mercado subsidiado de tierras. Los campesinos no pueden recibir la tierra que quieren, sino la que los propietarios les quieran vender, lo cual llevó, primero a que generalmente no les ofrecieron tierras de buena calidad y segundo y especialmente, a que no fueron los grandes propietarios quienes les vendieron tierra sino medianos e incluso pequeños propietarios arruinados, con lo cual no se produjo un efecto de redistribución de propiedad. Al aplicarse un subsidio al mercado esto ayudó a elevar los precios del conjunto de las tierras (incluso las de los latifundistas que no las vendían) por lo cual el programa se convirtió en un rotundo fracaso agravado por las altas tasas de interés que ahora el gobierno vuelve a subir. Ha resultado ser un microprograma con un ridículo número de beneficiarios.[2]

El mercado subsidiado de tierras no es desde luego un programa original de algún gobierno colombiano sino una receta del Banco Mundial que no ha servido para sustituir la reforma agraria en ningún país que haya sido aplicado en Asia, África y Latinoamérica. País tras país ha reconocido que necesita además o principalmente de la reforma agraria. Por ello la reforma agraria vuelve, no solamente en Venezuela o Bolivia, sino incluso en Honduras, donde la noche del pasado 12 de marzo fue expedido el decreto correspondiente ante el fracaso del mercado subsidiado.

En Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra, MST, mediante la movilización directa ha logrado múltiples asentamientos de reforma agraria exitosos. Esto no lo quiere saber el ministro pero si lo han visto ya numerosos líderes campesinos de varias regiones de Colombia, invitados a conocer los asentamientos y aprender en la práctica cómo se hace reforma agraria, no esperando a que los parapolíticos de turno les entreguen alguna tierra de aire, sino organizándose, movilizándose, capacitándose, produciendo, mejorando la producción, procesando la producción y mercadeando la producción, conservando la autonomía empresarial, sin someterse a proyectos encabezados por los grandes empresarios o las transnacionales.

El sofisma final del ministro, la madre de todos sus sofismas, es su concepción neoliberal de la igualdad, proclamada a grito entero, según la cual en el estado uribista su hijo tendrá las mismas oportunidades que el hijo de un desplazado. Esta ideología, trasplantada a los subsidios para el sector agropecuario, pretende que un campesino concurse con un Ardila Lülle o con una transnacional o un cartel de latifundistas por el subsidio para un programa de riego, por ejemplo. Basta ver los requisitos que ahora le exigen en un subsidio para adquirir tierras a un campesino, para darse cuenta de que serán lo que tienen los que se queden con el dinero del estado mientras los que no tienen quedarán sin nada.

La ideología neoliberal oculta que tras la igualdad formal se encuentra una terrible desigualdad real. Es la misma ideología que se encuentra tras el TLC que pretende igualdad entre Estados Unidos y Colombia cuando hay una desigualdad gigante.

Como lo recordaba el senador Robledo, el ciudadano Arias tiene el derecho de profesar esa ideología, pero le ministro Arias tiene que obedecer la Constitución de Colombia en sus acciones de gobierno y el artículo 13 de esa Constitución no acepta la igualdad formal sino que opta por conseguir la igualdad real y por ello ordena que:

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
 
Al leer esto uno piensa en primer lugar en los desplazados por la violencia, que cumplen cada uno de estos puntos señalados por la Constitución Nacional. Pero una política que pretende aprovechar el desplazamiento forzado de cuatro millones de personas para instaurar el modelo económico de la exclusividad gran propiedad, legalizar el despojo y eliminar la soberanía alimentaria del país con el TLC, solamente por dorar la píldora entregará o sería mejor decir devolverá tierra a muy poquitos desplazados y para los demás sólo dejará miserables planes asistenciales para distraer el hecho de que se ha desconocido el derecho de los desplazados a la reparación. La reparación de la tierra no la va a hacer un gobierno con tal política, ni mucho menos la va a garantizar un Congreso donde los parapolíticos desplazadores han estado tan bien representados. Le reparación se hará pues en un capítulo próximo de nuestra historia, por el cual ahora simplemente, luchamos.

- Héctor Mondragón, Asesor de Convergencia Campesina, Negra e Indígena.
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org