Al cabo de cuatro años de negociaciones y dos citas de alto nivel (Ginebra 2003 y Túnez 2005), la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información llegó a término en Túnez el pasado 18 de noviembre. Para quienes esperaban que salgan compromisos concretos encaminados a cerrar la llamada “brecha digital”, la Cumbre ha sido un fracaso. Los acuerdos abundan en recomendaciones, pero los compromisos siguen ausentes, sobre todo en cuanto a los recursos requeridos para alcanzar las metas establecidas en la fase de Ginebra.

En cuanto al marco de normas, principios y mecanismos para ordenar la gobernanza global en el área de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tampoco se puede hablar de mayores cambios concretos; sin embargo, se vaticina una modesta pero notable apertura hacia una mayor participación multilateral y multisectorial en la orientación de políticas para el gobierno de Internet, dominio controlado casi exclusivamente por el sector corporativo y el gobierno estadounidenses.

En esta segunda fase, la Cumbre adoptó el “Compromiso de Túnez” y el “Programa de Acciones de Túnez para la Sociedad de la Información”, este último con tres capítulos: sobre financiamiento en TIC para el desarrollo, gobierno de Internet, y mecanismos de implementación y seguimiento de los acuerdos de Ginebra y Túnez.
A pesar de los escasos avances concretos, en una época marcada por el unilateralismo de la mayor potencia mundial, no deja de ser significativo que se haya logrado abrir un espacio de diálogo mundial, y concertar ciertos criterios y principios, en un ámbito como la información y la comunicación, cuyo desarrollo no puede quedar simplemente en manos del mercado, sino que resulta fundamental diseñar políticas públicas.

En cuanto al evento mismo, más de 19.000 participantes de unos 170 países acudieron a la CMSI. No obstante el carácter de Cumbre, apenas unos 30 jefes de Estado y gobierno estuvieron presentes, la mayoría de África, y apenas uno (Suiza) de países del primer mundo, Finalizados los documentos en vísperas de la apertura del día 16 de noviembre, la Cumbre transcurrió en medio de los parámetros formales: discursos de las delegaciones oficiales e invitados; programación de eventos paralelos y una exposición sobre TIC para el desarrollo, donde las empresas del sector se codeaban con las iniciativas ciudadanas. Como trasfondo, en medio de una impresionante operativo de seguridad, afloraron en el ambiente las tensiones en torno a la falta de libertad de expresión en el país sede y las presiones contra cualquier acto o evento alusivo al tema.

Gobierno de Internet: prosigue el diálogo

Con la aprobación de los documentos de la Cumbre, la noticia de que EE.UU. había triunfado recorrió el mundo, aclamando la ratificación de su control sobre el gobierno de la Internet, con lo cual ésta se “salvaba” de ser acaparada por la burocracia de la ONU. La realidad, sin embargo, es algo más compleja; y de hecho diversos actores, entre ellos la mayor parte de sociedad civil presente en el proceso de la Cumbre, también saludaron los acuerdos, desde otra perspectiva.

La principal novedad fue la decisión de crear un “Foro para el Gobierno de Internet”. En este Foro tendrán plena participación, en pie de igualdad, los gobiernos de las distintas regiones del mundo, la sociedad civil y el sector privado. Este es concebido como una instancia de diálogo -mas no de decisión- sobre temas de política; su mandato incluye, entre otros, la facilitación del diálogo entre las instancias responsables de los diferentes aspectos del gobierno de Internet, el abordaje de temas que no son de competencia de ninguna de ellas, y la identificación de temas emergentes. Para su conformación inicial se encargó al Secretario General de la ONU, y se ha previsto que la primera reunión será en Grecia en el curso del 2006.

La idea del Foro fue propuesta por el Grupo de Trabajo sobre Gobierno de Internet (WGIG, por sus siglas en inglés), instancia multisectorial creada por mandato de la primera Cumbre para aclarar los conceptos y formular recomendaciones. Surgió como una solución de compromiso entre la postura de EE.UU. de mantener el statu quo<D> y la de diversos países -sobre todo del Sur-que reclamaban -y reclaman- un mayor espacio de participación en la materia. Washington rechaza cualquier cambio en la situación de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), un organismo privado responsable de la administración de los nombres y números IP del sistema de dominios de Internet, que opera bajo ley estadounidense y con la supervigilancia del Departamento de Comercio de este país. Como lo testimonian numerosos artículos de prensa del último mes, EE.UU. se considera la mejor garantía de la libertad de expresión en Internet.

Los países que discrepan con este criterio exigen internacionalizar la participación en la definición de políticas, postura que obtuvo la adhesión de la Unión Europea. Se teme que, en última instancia, el control unilateral por un solo país podría potencialmente darle la potestad de negar el acceso a Internet a otro país con el cual esté en conflicto, situación inadmisible, ya que la propia Cumbre ha reconocido que Internet es “un recurso mundial disponible para el público”, (no se logró, toda vez, un acuerdo para designarlo “bien público global”).

El Programa de Acciones de Túnez establece, justamente, que: “La gestión internacional de la Internet debería ser multilateral, transparente y democrática, y hacerse con la plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta gestión debería garantizar una distribución equitativa de los recursos, facilitar el acceso de todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de la Internet, tomando en consideración el multilingüismo.” (Art. 29) Además reconoce que: “ el gobierno de Internet, llevado a cabo con arreglo a los Principios de Ginebra, es un elemento esencial de una sociedad de la información centrada en la persona, incluyente, orientada al desarrollo y no discriminatoria.” (Art 31).

Adam Peake, co-moderador del Caucus de Gobernanza de sociedad civil en el proceso de la Cumbre, señala que el acuerdo es un avance, pues: “EE.UU. pudo simplemente haberse marchado e igual mantendría su control. Pero de hecho ha realizado concesiones. Ahora otros gobiernos tendrán un espacio para tratar estos temas, incluyendo no solo ICANN sino también todos los procesos de elaboración de políticas relacionadas con las tecnologías de información y comunicación (TIC). Y podrán vigilar que estos procesos sean transparentes e incluyentes; y si están inconformes, podrán plantear su reconsideración. No es control, ni supervisión, pero sí es un cambio”.
Claro que el Foro podría ser simplemente una forma elegante de postergar el problema sin admitir el fracaso. Pero hay esperanzas que sea más que esto. Incluso, como resultado de este debate en la CMSI, dentro del propio ICANN se está reconociendo la necesidad de abrir más sus estructuras de consulta, y ya se discuten internamente las alternativas de transición.

Por su parte, Carlos Afonso, de RITS (Brasil), quien fue miembro del WGIG, sostiene: “La CMSI ha contribuido a ampliar la conciencia pública de la importancia de la inclusión digital para el desarrollo humano. Ha expuesto la necesidad de crear mecanismos de apoyo a los países menos desarrollados para la utilización adecuada y eficaz de las nuevas tecnologías, y ha diseminado la comprensión de que la gobernanza mundial de Internet es necesaria, importante e ineludible para que se preserven las conquistas de comunicación, libertad de expresión y conocimiento que Internet nos ha traído”.

Si el WGIG encaminó la propuesta a la Cumbre, el concepto del Foro fue formulado por la sociedad civil, con un amplio grado de consenso. Ésta ve con buenos ojos el hecho que tendrá una participación en pie de igualdad en el Foro, si bien aún no están claros los mecanismos de designación de sus miembros. Toda vez, entre las organizaciones de sociedad civil no existe acuerdo sobre el tema de ICANN: hay quienes creen que ICANN es el mal menor, ya que conserva un alto grado de autonomía operativa. Otras consideran que debe ser transformado, y subrayan que hay temas políticos que rebasan su competencia, como, por ejemplo, los códigos de países no reconocidos como miembros de la ONU.

Más allá de los mecanismos de gobernanza, en el capítulo sobre gobierno de Internet, la principal crítica de la sociedad civil apunta al párrafo 40, que hace una referencia muy amplia al combate al cibercrimen, sin contrabalancearlo con una mención de los límites que se deben establecer para proteger derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad. Se teme que este párrafo podría ser utilizado para justificar la represión al disenso legítimo. (Una mención al respecto sí se encuentra en el párrafo 42, pero queda diluida en un tema más amplio).

Financiamiento: ¿combatir las brechas con buenas intenciones?

En el tema del financiamiento, también se había creado un grupo de trabajo por mandato de la Cumbre de Ginebra; pero éste arrojó pocos resultados, limitándose a examinar las soluciones existentes. La línea central de este capítulo sigue siendo la de alentar la inversión privada, mediante políticas de apertura, con énfasis en el área de infraestructura. Se encuentran, toda vez, algunas menciones de soluciones que no dependen del mercado.

Se reconoce, por lo menos como problema, la carencia de finanzas para alcanzar las metas de desarrollo definidas en Ginebra, y se admite que las soluciones no pasan únicamente por la inversión privada. Además, se afirma la necesidad de financiar otras áreas además de la infraestructura, incluyendo capacitación, creación de contenidos (especialmente locales), entre otras. Se establece un vínculo entre las TIC y las Metas de Desarrollo del Milenio, particularmente en la reducción de la pobreza; y se reconoce la necesidad de elaborar políticas públicas en la materia. También se respalda la rebaja de las tarifas de interconexión internacional para los países menos desarrollados (que generalmente pagan más caro que los propios países desarrollados) y se señala la conveniencia de crear sistemas de interconexión intrarregional, para reducir costos.

Para Chantal Peyer, de Pan para el Mundo (Suiza), el debate sobre financiamiento giró demasiado en torno a los recursos, haciendo falta reorientar el discurso hacía las políticas públicas relacionadas con las TIC para el desarrollo. Además, considera que el proceso del grupo de trabajo conformado por la ONU fue poco transparente, y la sociedad civil, por su parte, encontró dificultades para organizarse en torno al tema. Vale señalar que este hecho sin duda está vinculado a las limitadas posibilidades de participación de instancias del Sur en el proceso.

En el tercer tema de esta fase de la Cumbre: los mecanismos de implementación y seguimiento, las decisiones son poco claras. Si unos gobiernos apoyaban ampliar el rol de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, organizadora de la Cumbre), otros se oponían. También hay resistencias frente a la UNESCO. Finalmente, la instancia principal designada para el seguimiento es ECOSOC (el Consejo Económico y Social de la ONU), y en particular su Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, cuyo mandato, agenda y composición serán revisados, para tener en cuenta la participación multisectorial (o sea, de gobiernos, sociedad civil y sector privado). Por lo demás, en muchos aspectos del seguimiento, los documentos se limitan a reafirmar lo aprobado en Ginebra hace dos años.

Los gobiernos de América Latina, por su parte, avanzaron en Túnez en la definición de un mecanismo de implementación y seguimiento de su propio plan de acción regional, “E-Lac 2007", aprobado en Río de Janeiro en junio pasado. En Túnez, crearon un grupo facilitador provisional liderado por Ecuador, que en el curso del próximo semestre deberá encaminar la designación de un mecanismo definitivo. En Río, varios gobiernos se habían opuesto a que el mecanismo siga bajo la coordinación de la CEPAL, que tuvo un rol destacado en la organización de las dos conferencias regionales, de Bávaro (2003) y Río, pero con agenda propia.

Balance de la sociedad civil

Mientras tanto, la plenaria de la sociedad civil inició su balance de la Cumbre, que se plasmará en un documento consensuado que se hará público dentro de algunas semanas. Mientras reconocen varios avances de la Cumbre, señalan que mucho más pudo haberse logrado, en la meta de desarrollar sociedades de la información más democráticas, incluyentes y participativas; y particularmente en materia de mecanismos financieros y para apoyar la construcción de capacidades.

Entre los primeros señalamientos, se expresa satisfacción con la ratificación de los derechos humanos, si bien faltan compromisos en algunos aspectos como la no-discriminación y los derechos laborales. Se critica que el respeto a la privacidad de las comunicaciones no es tratada adecuadamente (a penas se le menciona en relación a la seguridad, como si fuera más un obstáculo a la seguridad que una condición para ella) y hay poca referencia a mecanismos concretos de implementación de los derechos.

En materia de género, se saluda la reafirmación del empoderamiento de las mujeres y de la superación de la brecha entre géneros; no obstante, se señala que falta un compromiso explícito con líneas de acción que garanticen los derechos de las mujeres y la transversalización de género en la implementación de programas y políticas.

Respecto al acceso al conocimiento, el hecho de que el software libre haya sido destacado como una opción igualmente válida que el software propietario es visto como un avance (si bien para algunos, ello es insuficiente); pero se lamenta que no se haya podido abordar el régimen de propiedad intelectual, ni reafirmado la importancia del dominio público y de los “contenidos abiertos”.

Las referencias al rol específico de los medios de comunicación y la libertad de expresión en la sociedad de la información son destacadas. Existe también una mención de la diversidad y pluralidad de los medios. Sin embargo, faltan mecanismos para desarrollar la diversidad mediática, incluyendo los medios comunitarios, populares y de la sociedad civil y los telecentros.

Muchas personas señalan que en esta Cumbre, la sociedad civil ha logrado mayores espacios de participación y reconocimiento que en cualquier otra conferencia de Naciones Unidas, hecho que se puso en evidencia en esta segunda fase del proceso. Los acuerdos oficiales establecen, por ejemplo, que todos los mecanismos de seguimiento deben incorporar las distintas partes interesadas: gobiernos, sociedad civil, sector privado y organismos multilaterales.

Existe, sin embargo, mucha incertidumbre en cuanto a cómo se implementarán los mecanismos de seguimiento: cuál será su composición, su coordinación, cómo se nombrarán los y las integrantes, hecho que suscita dudas en cuanto a su efectividad.

Pero más allá de estos aspectos, también quedan abiertas interrogantes en cuanto a la legitimidad y transparencia de los eventuales mecanismos a crearse, y a quiénes rendirán cuentas los actores de sociedad civil. A menudo se ha señalado en los procesos de la ONU que “las ONGs solo se representan a sí mismas”. Cuando ya se trata de tener una participación en un organismo tripartito, ¿como ir más allá del nombramiento a dedo, y de las posiciones individuales?

La experiencia de la WGIG deja algunas lecciones que podrían perfeccionarse. Sin duda el mecanismo de nombramiento no estuvo exento de problemas, pero es destacable que se buscó concertar criterios de diversidad (geográfica, de género, de tipo de experticia, etc.), y que se realizó un proceso de intercambios para el nombramiento de candidatos. Las personas designadas se mantuvieron en consulta con los miembros del caucus respectivo (instancia abierta) para la definición de las posiciones a defender, las cuales se nutrían a la vez, de los criterios y posiciones generales fijados por sociedad civil en la primera fase (sintetizadas en la Declaración de la Sociedad Civil de Ginebra 2003). La sociedad civil ha venido planteando su participación en los mecanismos de seguimiento. Ahora le toca el reto de asumirlo con mecanismos de transparencia y democracia.

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Túnez: Libertad de expresión en entredicho

El empecinamiento de las autoridades tunecinas para silenciar cualquier expresión de su oposición interna estuvo constantemente presente durante la Cumbre, aunque quien seguía la Cumbre por la prensa nacional nunca se hubiese enterado. Resultó significativo que diversos gobiernos hayan interpelado a la ONU a examinar con mayor atención la situación interna de los países que postulen, en el futuro, a ser sede de una conferencia mundial.

Túnez ofreció una imagen poco compatible con los objetivos expresos de la Cumbre. Mencionemos solo algunos hechos que corroboran esta afirmación: la represión violenta del día 14 de noviembre contra nacionales y extranjeros, cuando en la ciudad de Túnez las fuerzas del orden impidieron a la realización de una reunión de organización de la Cumbre Ciudadana independiente que se estaba planificando (evento que luego tuvo que anularse por no encontrar un local dispuesto a alojarlo); la negación de la entrada al país del presidente de Reporteros sin Fronteras; los intentos (infructuosos) de impedir la realización de ciertos eventos sobre libertad de expresión dentro de la exposición que acompañaba la Cumbre; y el bloqueo al acceso a decenas de sitios Web.

Varias delegaciones oficiales –europeas y latinoamericanas- en sus discursos en la plenaria de la Cumbre, hicieron alusión a esta situación, e incluso la delegación estadounidense –país del cual Túnez es un aliado cercano-emitió un pronunciamiento expresando su decepción frente al tema.

Para la oposición tunecina, ocho de cuyos dirigentes habían llevado a cabo durante un mes una huelga de hambre, que levantaron al final de la Cumbre, ésta ha sido una oportunidad para llamar la atención internacional y presionar internamente sobre la situación que impera en el país. Los organismos de derechos humanos han pedido a la comunidad internacional e instancias solidarias que permanezcan vigilantes, en las semanas y meses venideros, a fin de constatar si la situación mejora o si se producen nuevas represalias.