Se atribuye a un político de la Vieja República la frase famosa: “Para los amigos, ¡todo! Para los enemigos: ¡la ley!”. Cuando las oligarquías de la región hacen las leyes, ciertamente no piensan en aplicarlas a sí mismas. Analizando el avance dentro de la legalidad de los partidos socialistas y socialdemócratas al final del siglo XIX, Federico Engels llamaba la atención sobre la necesaria reacción de las clases dominantes europeas contra este ascenso, cuestionando la legalidad democrática por la cual tanto habían luchado. Su grito de guerra, según Engels, sería el mismo de Thiers frente al avance de la Comuna de París: “¡la legalité nous tue!”, “la legalidad nos mata!”.

Lamentablemente, la historia nos dio varios ejemplos de esta actitud. Después del avance de los partidos socialistas, las burguesías europeas convocaron a la guerra en 1914 exigiendo de estos partidos su voto a favor de los créditos de guerra. Aquellos que se recusaron a votar con ellas, fueron puestos en la ilegalidad e incluso hubo muertes en extrañas circunstancias, como la de Jaurés en Francia, y los de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en Alemania.

Pero la demostración más clara de esta actitud política fue la apertura de los liberales italianos, y posteriormente alemanes, a la aventura nazi-fascista. Ellos abrieron el camino, junto con los conservadores, a Mussolini y Hitler para que ocupasen el poder, y permitieron todas las ilegalidades creando un régimen de excepción en estos países. Sin hablar del sometimiento de todas las burguesías europeas frente a la ocupación nazi y de la creación de regímenes de excepción fascistas en toda Europa bajo la ocupación alemana.

En América Latina vimos, en los años 60 y 70, la capitulación de los gobiernos y hasta el patrocinio abierto de los golpes militares, que condujeron a los regímenes militares para fascistas en toda la región, con raras excepciones. El comportamiento de los liberales y de toda la gran prensa de la región, con rarísimas excepciones, fue ejemplar: defendieron la “justicia” del uso de la fuerza contra los regímenes “populistas” o “pro-comunistas” o lo que, a sus ojos y de sus lectores y seguidores, fuera factible para justificar la ruptura de la legalidad.

“La legalidad nos mata”, cuando, respetándola, llegan al poder gobiernos de origen popular, y, a través del voto, imponen políticas contrarias a los intereses de las clases dominantes. Esta es una ley sociológica comprobada por los hechos históricos. Sin hablar en la célebre frase de Franklyn Delano Roossevelt: “Trujillo es un hijo de la puta, pero es nuestro hijo de la puta”. Principio que implementó y alimentó tantas dictaduras en la región (Batista, Pérez Jiménez, Somoza y otros tantos).

Esta política encuentra, sin embargo, limitaciones crecientes en la región. Debatimos en varios trabajos los motivos estructurales de esta nueva situación. Podemos resumirlos en la constatación de que hay una creciente pérdida de hegemonía de Estados Unidos y una crisis definitiva de las viejas oligarquías latifundistas en América Latina. Ellas perdieron particularmente su control ideológico sobre los militares, que se cansaron de servir a los enemigos de sus propios pueblos.

Creo que esto explica el fracaso de la campaña para que el gobierno de Venezuela mantenga la concesión del canal de televisión a la empresa RCTV. En lugar de apoyar la expectativa de los concesionarios de mantener su concesión, la campaña ha sido desarrollada cuestionando el “derecho” de la no renovación de ésta. Al acusar al gobierno de totalitario o autoritario y de no respetar la libertad de prensa, al ejercer un principio constitucional, la campaña se puso en el terreno de la ilegalidad. Si tomamos en consideración el pasado de esta empresa y, particularmente, su incuestionable y activa participación en el golpe de Estado de 2002, vemos que su respeto a la legalidad es bastante dudoso. Es interesante leer la afirmación despreocupada de la articulista del periódico O Globo de que participar en golpes de Estado no es motivo para suspender la concesión del Canal. Esto pone en evidencia la posición conspirativa y antidemocrática de la gran prensa.

Es muy peligroso que la gran prensa del continente esté patrocinando y apoyando esta actitud completamente ilegal. Durante los años 60, se intentó crear una Ley de Prensa en Brasil, que transformaba en automática la renovación de las concesiones de canales de televisión y radio. Los demás sectores empresariales, interesados en posteriores concesiones, lideraron una campaña contra esas absurdas pretensiones. ¿Qué pretenden estos señores: la absoluta falta de regulación en un sector tan fundamental? ¿El derecho de pedir y apoyar el derrocamiento de los gobiernos que ellos no apoyan? ¿O pretenden, por casualidad, el derecho de distorsionar los hechos para apoyar un golpe de Estado tan inconstitucional como el de 2002?

Hasta ahora, estas actitudes golpistas habían sido perdonadas por los golpes de Estado triunfantes. Pero, ¿y si los golpes fracasan? ¿No sería mejor defender la legalidad en vez de gritar por su ruptura? La oposición está pagando muy caro por sus actitudes ilegales y golpistas en Venezuela. Son otros tiempos. Las oligarquías deben meditar bien sus actitudes. La prepotencia no es buena consejera. (Traducción: ALAI)

- Theotonio de los Santos es Director Presidente de la REGGEN (www.reggen.org.br ), profesor visitante de la Universidad Provincial de Paraíba (UEPB).