El lucro es el objetivo de la empresa privada y las ganancias miden el éxito de su gestión en cualquier actividad. Esa ganancia es legítima cuando hay un mercado transparente - sin distorsiones y abierto a la competencia – y suele beneficiar el interés general. Ese beneficio - que es una externalidad de su objetivo principal - son precios más bajos y mejor calidad para los productos.

En los servicios públicos, cobertura y calidad son la medida del éxito. La condición de servicio público implica que se atiendan eficazmente todos los lugares poblados, aunque no sean rentables. Esa repartición capilar es el requisito sin el cual no hay un desarrollo nacional armonioso: homogéneo y próspero. La importancia de una cobertura total es tal que si no cubre su costo, se le debe subsidiar; no hay vergüenza en eso: quienes critican el subsidio a los servicios públicos en nombre del mercado, defienden los subsidios a la agricultura.

La ausencia o el acceso espasmódico a los servicios públicos más básicos obligan a emigrar de la comunidad rural hacia los centros urbanos. Buscan esa salud, agua potable y educación que les corresponde por derecho internacional y por el de casi todas las constituciones. Hay otros servicios públicos – sanidad, comunicaciones, transporte, seguridad - cuya cobertura nacional es también esencial para el desarrollo humano y de los recursos económicos.

La importancia política de los servicios es crucial. La desigualdad en su cobertura y calidad aumenta el desajuste entre tejido social y desarrollo económico, eso incrementa la inseguridad pública y hace precarias las políticas. También tienen gran importancia estratégica, porque determinan la calidad del desarrollo intelectual y técnico, además de ser esenciales para la producción y circulación bienes y los servicios privados.

La privatización de los servicios públicos

El problema de dar los servicios públicos en concesión a empresas privadas, es que buscan el lucro y rara vez existen en los servicios públicos las condiciones para que una competencia sana y transparente manifieste sus virtudes colaterales a escala nacional. La condición usual es la de monopolio y la de un mercado imperfecto cuando hay otros actores.

Sucede que las instalaciones indispensables – acueductos, tendidos eléctricos – no pueden ser duplicadas ni es razonable que lo sean. Para competir es necesario contratar en condiciones desiguales el uso de esa infraestructura. Un rasgo notable es que las empresas especializadas que licitan para administrar servicios públicos básicos son unas pocas transnacionales. Como el caso del agua donde se concentra en cuatro: Biwater, Suez y Thames Water y Vivendi[1]

La lista de escándalos en la gestión privada de servicios públicos es larga y abarca países desarrollados, en desarrollo y menos desarrollados de todos los continentes. Mencionamos solo un par, pero de trascendencia y referidos a la base de la vida: el agua.

• Cuando el suministro de agua de Kwa-Zulú, en Natal, Sur África fue privatizado, 10 millones de personas que no podían pagar quedaron sin agua potable; unos 250 mil contrajeron cólera y murieron 300[2].

• En Bolivia, bajo presión del Banco Mundial, se privatizo el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba. Se le dio en concesión a Bechtel – fraude con el agua de San Francisco, California, ya en su cuenta– y unas semanas después las tarifas subieron un 200%. Cuando la empresa rehusó revisar su precio se desencadeno una revuelta popular que la obligó a abandonar el país[3]. El asunto contribuyó al triunfo electoral de Evo Morales.

También es objetable la intermediación – impuesta por organismos de crédito internacionales como asistencia técnica - de consultoras muy conocidas en Norteamérica y Europa para evaluar como privatizar servicios públicos de países en desarrollo endeudados; tanto que se puede hablar de una próspera industria de la pobreza. He aquí algunos ejemplos[4].

• En Argentina, Pricewaterhouse-Coopers fue el consultor- pagado por un gobierno argentino obediente al FMI- que recomendó otorgar, en 1997, la concesión -por 30 años- del correo nacional a una empresa nueva llamada Correo Argentino. Fue la primera privatización del correo y tuvo un apoyo de $ 258 millones del BID y del Banco Mundial. La concesión tuvo que ser revocada por mal servicio y deudas en noviembre de 2003.

• En Tanzania, el Banco Mundial y el FMI exigieron la contratación de consultores para privatizar la empresa de Aguas y Alcantarillado de Dar es Salaam. Se seleccionó la británica Severn Trent Water Internacional como asesor principal y la concesión se otorgó a la transnacional británica Biwater, junto a la alemana Gauff Engineering. El detalle picante es que la agencia gubernamental inglesa para el desarrollo - DFID[5]- pago £430 000 -de dinero público- a la consultora en privatización Adam Smith International por una campaña publicitaria para suavizar a los escépticos tanzanianos.

• En Mozambique, una evaluación mostró que los países donantes de asistencia técnica habían pagado $350 millones a sus consultores, mientras que el total de los salarios del sector público era de sólo $74 millones[6].

Los fracasos y los conflictos de interés de empresas privadas en la gestión de servicios públicos son hechos muy conocidos. En Europa, la sociedad civil aboga para orientar las políticas de asistencia hacia objetivos más cercanos a la realidad social. Por ejemplo, se objeta el uso de dinero público para pagar consultores de la PPIAF[7] y se recomienda que se use en respaldar la asociación entre empresas locales de servicios públicos y contrapartes públicas europeas de experiencia exitosa. El gobierno noruego ya prohibió vincular con la privatización de empresas públicas su aporte a las agencias de asistencia al desarrollo.

Éxitos de la gestión pública de servicios públicos

Es muy comentada la ineficacia del sector público de los países en desarrollo en la gestión de servicios públicos. Es cierto que hay demasiados casos de irresponsabilidad y corrupción. Las estadísticas señalan muchos casos de atraso abismal en servicios esenciales como salud, sanidad, agua y educación. Pero, estas son realidades que la empresa privada no fue concebida para mejorar, no por una intrínseca maldad sino porque su objetivo es la ganancia. Los pobres de países pobres no pueden pagar el precio, aunque les cueste la vida.

Un ejemplo de sector público con éxito esa tarea lo tenemos en países europeos, donde en general hay un manejo eficaz, desde el nivel nacional hasta el municipal. No es un modelo excluyente, porque el sector privado y la sociedad civil hacen aportes importantes, como tecnología y cultura cívica, pero dentro de un sistema público. La satisfacción general con ese patrón opone fuerte resistencia a la privatización, pero si hay casos y esos empujan – con gobiernos cómplices- la tendencia actual a encarecer el agua y los seguros de salud. Una clave para la buena gestión es la prioridad e inversión. Los países de la OCDE gastan un promedio de 1,6 % del PIB (Austria 2%) en servicios ambientales, mientras que en América Latina el promedio es mucho más bajo.

También hay éxitos en países en desarrollo, que ya alcanzan las “Metas de Desarrollo del Milenio”. Sri Lanka muestra como no es sólo asunto de dinero, sino de eficacia gubernativa. Con un ingreso anual per capita de $ 4000 su cobertura es semejante a la de países mucho mas ricos: enrolamiento escolar 100%; mortalidad infantil 15/1000; cobertura de agua potable 86%; cobertura de sanidad 90%[8]. Otros ejemplos de buena gestión pública son: Barbados, Costa Rica, Cuba, Corea del Sur, Malasia; son distintos ambientes políticos, pero coinciden en buscar la cobertura total de los servicios básicos. El mismo camino tomado por los países europeos, después de un pobre resultado - en el siglo XIX- con la gestión privada[9].

Conclusiones

La mala administración en toda empresa pública no es una fatalidad, como pretenden los organismos financieros y algunas agencias de cooperación. Por ser un objetivo político, la satisfacción de las necesidades en servicios públicos pertenece a la gestión pública. La gestión privada busca la ganancia y eso excluye a quienes no pueden darla. El aporte importante del sector privado es el desarrollo de productos, tecnología y know how, que pueden venderse sin afectar la cobertura. Estudiar casos, deducir criterios exitosos, promover alianzas entre empresas públicas y crear conciencia cívica es un papel para la sociedad civil. Los servicios públicos debieran estructurarse como una coincidencia de intereses en una política social bajo un sistema público, con cada actor haciendo su papel.

Publicado en Este País, Guatemala.

Fuente: Instituto de Relaciones Económicas Internacionales (IREI), Ginebra

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