Introducción Buenos días para todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer al Programa de Desarrollo Paz del Magdalena Medio (PDPMM) y al Laboratorio de Paz por esta invitación, así como a los amigos que me acompañan en la mesa, por haber dejado sus actividades y venir a Barrancabermeja para participar de estas reflexiones y compartir con nosotros sobre el tema del “desarrollo alternativo”. Quisiera comenzar con el título, pues parte del mismo está entre comillas. Un entrecomillado es “guerra contra la droga” y el otro es “desarrollo alternativo”. Quisiera dejar como mensaje inicial y final de esta charla, que no soy defensor de la “guerra contra las drogas” sino de una Estrategia de Reducción Integral de Daños (ERID) y que tampoco soy un fiel defensor e impulsor del “desarrollo alternativo”, sino del Desarrollo Rural Integral Sostenible y Sustentable (DRISS). He seleccionado cinco puntos para desarrollar el día de hoy. Uno, los efectos de la “guerra contra la droga” en dos aspectos: erradicación/fumigación y políticas interdictivas. Dos, las diferencias andino–amazónica sobre las drogas y la coca. Tres, las complejidades de la hoja de coca en el caso del Perú, teniendo en cuenta las enormes diferencias con Colombia y algunas pequeñas diferencias con Bolivia. Cuatro, realizar un balance crítico del “desarrollo alternativo” ala luz de la experiencia peruana. Y, cinco, compartir un conjunto de propuestas que vienen de abajo y de adentro, que han estado siendo desarrolladas en el Perú luego de varios años de diálogos entre los movimientos sociales cocaleros, las autoridades locales y los Gobiernos de turno. 1. Efectos de la “guerra contra la droga” La bala de plata de la “guerra contra la droga” es la erradicación de cultivos de coca y/o su disminución, bien sea por medios manuales o por fumigación terrestre y/o aérea, química y/o biológica. En realidad se trata de una guerra contra los agricultores que el Gobierno de Estados Unidos considera “narcocultivadores”. Esta política ha tenido por lo menos tres efectos sobre los países PBC, que no es el acrónimo de Pasta Básica de Cocaína sino Perú, Bolivia y Colombia (ver en el Mapa 1 las zonas de cultivos de coca en estos países). Uno primero es el efecto globo que es el más conocido y que también es llamado efecto traslado (ver el Gráfico 1) No es que se trasladan los cultivos, sino que comienzan a aparecer nuevos en otras zonas o regiones del mismo país o en otro país. Esto sucedió en el Perú, entre 1985 y 1990, en la región del río Alto Huallaga hacia el Valle del Monzón y el Apurímac–Ene. Se fumigó, se trató de erradicar o se amenazó con ello, pero no disminuyeron los cultivos sino que aparecieron en otros lugares, como sucedió entre 1996 y 2000 desde el Alto Huallaga hacia el Valle Urubamba - conocido por Quillabamba y Macchu Picchu – y luego se “trasladaron” hacia Colombia y Brasil. En Bolivia sucedió lo mismo entre 1991 y 1994 desde el Chapare hacia el Beni, Apolo y Santa Cruz. Después, entre 1997 y 2001 al aplicarse el ”Plan Dignidad”, los cultivos se “trasladaron” hacia La Asunta en los Yungas de La Paz. En Colombia, el “traslado” fue primero desde el Guaviare y el Meta hacia el Putumayo y el Caquetá entre 1994 y 1999 y, más recientemente - del 2002 al 2004 como efecto del Plan Colombia -, desde el Putumayo y el Caquetá hacia Nariño, el Sur de Bolívar y probablemente Venezuela y Brasil. El segundo es menos mencionado y se conoce bajo el nombre de efecto mercurio o efecto dispersión en diversas cuencas y micro cuencas, en parcelas cada vez más pequeñas aunque altamente productivas o entre follaje de cultivos lícitos o bajo árboles. De esta forma los cultivos no son captados o fotografiados fácilmente desde el aire o con sensores satelitales. Esto fue lo que pasó en el Perú entre 1996 y 2000 que, gracias al reinicio de la erradicación forzosa de cultivos de coca que había sido suspendida en 1989, se pasó de nueve cuencas con cultivos de coca, a 24 cuencas actualmente. En Bolivia sucedió otro tanto de 1997 a 2002 cuando se aplicó el “Plan Dignidad” y se pasó de dos cuencas – Chapare y Yungas – en dos departamentos, a siete cuencas en cinco departamentos. En Colombia, entre 1990 y 2003, se pasó de tener cultivos de coca en 10 departamentos a 23 o más. Otro tanto se habría producido en los casos de los cultivos de amapola y marihuana. Al tercero lo hemos llamado efecto membrana bautizado así porque son más fuertes en los extremos, tal como saben los biólogos. También se conoce como efecto fronterización o, como se me ocurrió aquí en el Magdalena Medio, efecto atarraya, ya que viajando hace una semana hacia la isla de Morales observé a unos pescadores que arrojaban su red para pescar con el efecto centrípeta del plomo hacia los extremos de la atarraya. Las políticas de erradicación o fumigación al ser aplicadas por un país en sus bordes fronterizos, difícilmente son coordinadas con otros y si se aplican hay protestas al otro lado de la frontera. Para muestra un botón: en los primeros días de mayo 2005 hubo un pronunciamiento de la cancillería ecuatoriana respecto a las fumigaciones colombianas porque estaban afectando al campo de Ecuador. Entonces, pues, los traficantes y/o los campesinos tienden a “trasladar” sus cultivos e irse hacia la frontera. Las otras balas de plata de la “guerra contra la droga” están entre los tres únicos indicadores que le interesa al gobierno de Estados Unidos para certificar cómo un país colaborador o no en la lucha contra las drogas: disminución de cultivos, número de presos tomados y cantidad incautada de droga. En cuanto a las incautaciones y los presos, que son los indicadores de propiamente la política de interdicción de la “guerra contra las drogas”, su aplicación ha traído como consecuencia cuatro procesos: descartelización, diversificación, articulación vertical y mimetización. El primero es la descartelización, es decir las actividades de los traficantes o “empresarios de alto riesgo”, se han dispersado en minicarteles, firmas y bandas. Esto es lo que sucedió en el Perú entre 1996 y 2000, cuando de las cinco o seis firmas existentes en las zonas de producción de coca, se pasó a 35 bandas. También sucedió en Bolivia entre 1995 y 2000, años en los que se pasó de los famosos traficantes “Barbaschocas” y “Trompebuque” a ser 40 grupos. En Colombia, según las autoridades de antinarcóticos, existen actualmente alrededor de 242 minicarteles luego de haber tenido hasta principios de los noventa 4 o 5, como los de Cali, Medellín, del Valle, Costeño y Oriental. El segundo efecto es la diversificación de mercados y productiva hacia coca, amapola, marihuana y drogas sintéticas o de diseño. La diversificación de mercados se produjo hacia Europa, Asia, África y América Latina y del Caribe. Este proceso se dio en el Perú entre 1996 y 2000 hacia Europa Oriental y Rusia. En estos años, desde el poder estatal en manos de Fujimori y Montesinos, se rompieron relaciones con el cartel de Medellín primero, después con el cartel de Cali y se asociaron directamente con el cartel de Tijuana en México. Asimismo, se estrechó sus relaciones con la mafia Rusa con la que se estableció un próspero tráfico de cocaína para pagar la compra de armamentos, supuestamente para ganar las guerras internas y las que se vivían en toda la región. Esta diversificación de mercados también se dio en Bolivia entre 1997 y 2002, cuyos traficantes abrieron mercados básicamente en Brasil, Argentina y África. Es así como Bolivia ya no exportaba hacia Estados Unidos, sino que su producción de cocaína comenzó a ser consumida casi totalmente por Brasil (Sao Paulo y Río de Janeiro) y Argentina (Buenos Aires). En el caso de Colombia, manteniendo el importante mercado de Estados Unidos, la diversificación se dio también hacia el resto del mundo, siendo este el país que más ha diversificado el negocio vendiendo en los cinco continentes. Respecto a la diversificación productiva este fenómeno se ha dado casi exclusivamente en Colombia. Por razones que tendrían que explicar los historiadores, antropólogos, sicólogos, no los economistas ni los politólogos, en el Perú y Bolivia no hay cultivos significativos de marihuana y amapola, ni tampoco de drogas sintéticas. Lo curioso es que tampoco hay cultivos de coca en Ecuador que tiene similares características culturales y agro ecológicas que los otros países andinos. Sin embargo, desde el siglo XVII no hay cultivos ni consumo de coca en ese país. El tercer proceso es el de integración vertical articulando toda la cadena productiva, sobre todo en Colombia, pero también en Bolivia y Perú. En el Perú, entre 1997 y 2000, se pasó del cultivo de hoja de coca y la elaboración pasta básica de cocaína lavada (PBC-L), que era lo que tradicionalmente se exportaba a Colombia, a producir directamente clorhidrato de cocaína (CHC). En Bolivia pasó otro tanto entre 1995 y 2000, pasando de producir hoja de coca y pasta bruta a pasta de cocaína lavada primero y clorhidrato luego. En el caso de Colombia, este país casi no producía hoja de coca. A fines de los ochenta y primeros de los noventa sólo se cultivaban entre 30 y 35 mil hectáreas, pero 10 años después se llegó a 150 o 160 mil hectáreas, aunque actualmente habría bajado hasta 115 a 120 mil hectáreas. Esto muestra que se ha integrado el proceso productivo tanto en Perú y en Bolivia hacia arriba con la producción de cocaína, como en Colombia hacia atrás de la cadena productiva con mayores cultivos de hoja de coca. Asimismo, se ha integrado todo el proceso productivo de la amapola hasta fabricar heroína y exportarla hacia Estados Unidos en donde ya ocupa el segundo lugar con relación a otras zonas del mundo. Un cuarto proceso es el de la mimetización de los traficantes haciéndose invisibles o cooptando organismos de seguridad. Lo primero se refiere a que ahora los traficantes de drogas ya no son como antes: escandalosos, violentos, groseros, con cadenas de oro en el cuello, armas y guardaespaldas a discreción, camionetas cuatro por cuatro, mujeres bellas colgadas de brazos y cuello, gastos suntuarios y asesinos compulsivos. Ahora los traficantes son discretos, vestidos sencillamente, con automóviles clasemedieros, educados en el trato y con estudios universitarios en Estados Unidos y Europa, sin violencias innecesarias, mimetizados muchos ellos como “yupies” y, generalmente, políglotas. Además de lo anterior, varios narcos ya no corrompen funcionarios públicos y de la seguridad: ellos mismos lo son. Es el caso del Perú entre 1994 y el 2000, en donde se pasó de los conocidos narcotraficantes de principios de los noventa, violento, semianalfabetos y que están presos condenados a cadena perpetua, como “Vaticano”, “Shushupe” y Cachique Rivera que compraban militares, funcionarios y subversivos, a los delincuentes internacionales conocidos como “Los Siameses”. Es decir, Vladimiro Montesinos Torres preso en la Base Naval del Callao y Alberto Fujimori Fujimori que, siendo Presidente de la República, fugó al Japón. Ahora tenemos pruebas de que entre 1997 y 2000, buena parte del narcotráfico en el Perú se gerenciaba desde el Palacio de Gobierno y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Mientras tanto, durante todos estos años el Perú era felicitado por los “zares” antidrogas de los Estados Unidos, que llegaban a Lima de visita para darle la mano al señor Montesinos, felicitándolo por ser un eficiente colaborador en los combates contra el narcotráfico. He trabajado en la Comisión Investigadora del Congreso de la República sobre la Corrupción 1990-2000 en temas de Tráfico Ilícito de Drogas y nos llegaron testimonios y pruebas documentales sobre el involucramiento en este delito por parte de altas autoridades del Gobierno de entonces y altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales que ahora están presos. Por ejemplo, fue investigado y descubierto que en una casa de playa en Arica ubicada a las afueras de Lima, perteneciente a Vladimiro Montesinos y su pareja sentimental, se acopiaba grandes cantidades de pasta básica de cocaína lavada proveniente del valle del río Apurímac y Ene. Esta droga era trasladada desde Palmapampa en ese valle en helicópteros del Ejército, que a su vez llevaba insumos químicos hasta esa localidad. La droga era acopiada y empaquetada en los sótanos de la casa de Arica y luego se trasladaba a un barco en altamar en el que se la cristalizaba en un laboratorio. Estos delitos están debidamente documentados en los archivos de la Comisión y la denuncia pasó a la Fiscalía de la Nación para ser considerada como parte de los múltiples procesos judiciales en los que está incurso el delincuente Montesinos y lo estará su siamés Fujimori cuando sea extraditado del Japón por criminal. En el caso de Bolivia se pasó de “Techoepaja” y “Trompebuque” en 1989 y 1990 a “Barbaschocas” en 1995. Este último, con barba rubia y trajes impecables, no era un delincuente cualquiera sino un hombre de la clase empresarial boliviana, con intereses en Santa Cruz, que tenía mucho dinero y que se mimetizaba como empresario fabricantes de muebles de madera. Este fue el empresario que contrató el narcoavión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para trasladar muebles de madera junto con cerca de 1 TM de cocaína, detectado en el aeropuerto de Lima a mediados de 1995. Esto sucedió unos meses después que 3 TM de cocaína fueran decomisadas en el puerto de Paita en el Perú, que pertenecían a otro empresario y corredor de automóviles finos llamado Lopez Paredes, probablemente competidor de ….. Vladimiro Montesinos. En Colombia ustedes conocen la historia más que yo. Entre 1990 y el 2002, se pasó del folklórico Carlos Lehder que fundó un partido anti-imperialista y compró una isla en las Bahamas para hacer nevar cocaína en California, al violento “Patrón” Pablo Escobar Gaviria que bombardeó Medellín, Cali y Bogotá y el no menos matón “El Ajedrecista” Miguel Rodríguez Orejuela. Hasta llegar a los Ochoa de Cali dueños de “Drogas La Rebaja” y varios otros “empresarios de alto riesgo” poco conocidos, así como a “La Candelaria”, bella traficante, inteligente, bien vestida, discreta, mimetizada y políglota descrita por Germán Castro Caicedo en su lograda novela. Los procesos descritos de descartelización, diversificación y mimetización, los he tomado del libro de Alonso Salazar “La cola del lagarto”, así titulado en base a una reflexión de Monseñor Belarmino Correo del Guaviare quien en 1994 sostenía que la erradicación y fumigación de cultivos es como esa cola: “Usted la corta y vuelve a crecer”. De ese libro de Salazar es que he tomado la idea de estos tres procesos que, junto con la integración vertical que es cosecha mía, son las consecuencias de las absurdas e ineficaces políticas de interdicción de drogas que se están aplicando en nuestros países. 2. Diferencias andino-amazónicas sobre coca y políticas de drogas Entre los países andinos existen varias similitudes, pero también diferencias importantes que vale la pena resaltar. En aspectos de seguridad tenemos que en Colombia hay una situación de guerra interna extrema que hace prácticamente imposible que se puedan aplicar políticas de desarrollo alternativo o impulsar movilizaciones de los agricultores por sus derechos. No es el caso de Bolivia en donde existe un movimiento social y político desde hace más de 20 años ligado al problema de la hoja de coca. En el Perú hay un movimiento social pero no político de reciente creación – no más de cinco años -, ligado a la problemática de la coca y dirigido principalmente por mujeres. Intentar igualar la situación de Perú con Bolivia en relación con la movilización social y política, es desconocer la realidad de ambos países. Ellos han tenido avances, aunque algunos piensan que es un retroceso que un montón de indios estén bloqueando carreteras y tirando piedras. En Colombia hay un conflicto gobierno-guerrilla–autodefensas desde hace 40 años con la guerrilla y desde hace 15 con los paramilitares. En esta situación, con relación al “desarrollo alternativo”, es evidente que es mucho más fácil impulsarlo en el Perú y en Bolivia que en Colombia porque se vive una situación de conflicto. Pero no sólo el “desarrollo alternativo”, sino en general el desarrollo rural. En asuntos de políticas antidrogas, en Colombia se aplica una extensa e intensa política de fumigación de cultivos, pero no es así en los otros dos países. En Bolivia se impulsa el Plan Dignidad pero con “desarrollo alternativo” y erradicación compensada, mientras que el Perú aplica la Iniciativa Regional Andina (IRA), pero con estrategias de auto erradicación y “desarrollo alternativo”. Estas diferencias de enfoques, hacen que sea muy difícil la articulación a nivel gubernamental de políticas y estrategias comunes, lo que lleva a discusiones y desacuerdos permanentes entre Perú, Bolivia, Colombia y eventualmente con Ecuador, en la Comisión de Estupefaciente en Naciones Unidas que se reúne todos los años en Viena. En Perú y en Bolivia no se aplica la fumigación de cultivos, en cambio en Colombia si. En esos países cuando se habla de erradicación nunca se trata de fumigación porque está prohibida, incluso constitucionalmente. En resumen, no se adoptan e impulsan políticas comunes sobre este tema. La extensión de los cultivos de coca en Bolivia es de aproximadamente 35 mil hectáreas en las zonas de Chapare y Yungas, aunque han sido identificadas otras zonas pero no son importantes. En Colombia son más de 115 mil hectáreas dispersas en 23 departamentos y se aplica intensa fumigación de cultivos. En el Perú son 60 mil hectáreas sembradas – aunque las cifras “oficiales” de la norteamericana CNC y la ONU son más bajas: 31 mil y 42 mil has respectivamente – repartidas en 24 cuencas cocaleras -, y se aplica una política de erradicación forzosa manual, combinada con autorreducción de cultivos y concertada con las comunidades. Lo importante a señalar aquí es que en 1992 entre en Perú, Bolivia y Colombia había 210 mil hectáreas sembradas de coca y en el 2004 siguen habiendo 210 mil hectáreas, luego de haber erradicado y/o fumigado más de 400 mil hectáreas en los tres países. Ello indica que el problema no se ha resuelto y que la política impulsada es un gran fracaso. En cuanto al comercio legal de coca, en Bolivia es respetado y está permitido a través de la Asociación de Productores de Coca (ADEPCOCA) en los Yungas de La Paz y otras empresas privadas, así como a través de los mercados primarios de Sacaba en Cochabamba. Este comercio es para abastecer a aproximadamente 1,5 millones de consumidores tradicionales de coca que tiene ese país y quizá 500 mil adicionales en el norte de Argentina y Chile. En Colombia el consumo está prohibido, salvo entre indígenas paeces, guambianos y otros que no suman más de 50 mil consumidores, aunque recientemente han surgido dos empresas pertenecientes a resguardos indígenas – Coca Nasa del resguardo Calderas y Kokasana de la Fundación Indígena Sol y Serpiente - que fabrican y comercializan bolsitas aromáticas de coca para infusiones. En el Perú, el comercio está permitido, pero a través de la ENACO, empresa privada de propiedad estatal que industrializa la coca – bolsitas filtrantes de coca con otras yerbas, además de extractos y jabones -, que distribuye una parte de la producción de coca legal para más de 4 millones de consumidores según un estudio realizado en el 2003 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En cuanto a la propiedad agrícola, en Bolivia hubo una reforma agraria radical en 1952, que golpeó a los terratenientes, produjo un intenso proceso de minifundización en el altiplano y los valles y desarrolló una casta de empresarios agrícolas modernos en Santa Cruz. Mientras que en Colombia no hubo reforma agraria alguna, desarrollándose una agricultura con colonos expulsados de sus tierras, jornaleros golondrinos y “raspachines” cosechadores de coca, al lado de terratenientes con inmensas extensiones de terrenos para la agricultura empresarial y la ganadería extensiva, base sustancial de los paramilitares. Por el contrario, en el Perú se produjo en los setentas un radical proceso de reforma agraria, que generó empresas asociativas en la costa y la sierra con posterior minifundización y surgimiento de empresarios agrícolas exportadores de espárragos, páprika, fríjoles, mangos y frutas en la costa. En Bolivia y el Perú no se ha tenido el fenómeno del paramilitarismo de Colombia, quizá en gran parte porque se hizo reforma agraria. El proceso de colonización de la Amazonía también ha sido diferenciado en los Andes. En Bolivia fue desordenado e inducido hacia el caucho en los años veinte, la coca en los 70 y la soya y ganadería en los 80. En Colombia esta colonización fue desordenada y violenta, con potrerización de la Amazonía y ampliación de frontera agrícola por parte del campesinado pobre. En este caso, un elemento de distinción es que en el Perú y en parte en Bolivia, el campesino migra de la sierra y la costa a la selva, no tiene en su cabeza la imagen de pastizales y vacas. Tiene el sueño de actividades agrícolas –café, cacao, yuca, maíz, arroz, cítricos, plátanos, etc. - y forestales – caucho, castañas, maderas, etc. -, pero no la instalación de pastos para criar vacas. En Perú la colonización es antigua, para la extracción de caucho, cascarilla (quinina) y cultivos de café a finales del XIX y comienzos del XX y, en los años setenta del siglo pasado, la explotación del petróleo, el oro, el barbasco y la madera. Los cultivos extendidos de coca en el Perú datan de mediados de los setenta, pero especialmente se expanden una década después. En resumen, mientras que en Colombia la colonización fue desordenada y violenta en la ampliación de la frontera agrícola, este no fue el caso de Bolivia y del Perú. Ha habido violencia, huelgas campesinas, movilizaciones y detenidos, pero no una situación de exterminio de dirigentes como ha sido en el caso de Colombia. Con respecto al tamaño de las unidades productivas en las que se cultiva coca, en Bolivia es de 3 a 5 hectáreas en promedio, con extensiones totales de 10-15 hectáreas para otros productos o bosques. En Colombia se trata de unidades de 5-10 hectáreas de coca entre los pequeños productores y de 10-30 hectáreas en los cultivos “empresariales”. En el Perú son extensiones muy pequeñas de entre 0,25 y 1,5 hectáreas de cultivo de coca en extensiones de terrenos que no llegan a 5 hectáreas. En cuanto a la organización cocalera, ¿quiénes y cuántos son estos productores?. Se trata mayoritariamente de colonos, a los que se suman indígenas y miembros de comunidades nativas de los países andinos que cultivan coca y en muchos casos son consumidores de las hojas de esta planta. En Bolivia su origen está en el sindicalismo minero-campesino de Potosí y Oruro que se trasladó al Chapare y cuenta actualmente con no más de 30 mil agricultores. En Colombia se trata de asociaciones de pequeños agricultores, “raspachines” y organizaciones indígenas que suman alrededor de 100 mil familias. En el Perú son también asociaciones de productores en la selva central – especialmente en el Apurímac y en el Alto Huallaga – y sindicalismo campesino en la selva del Cusco para un total no mayor de 50 mil agricultores cocaleros. En el norte de Argentina no existen cultivos de coca pero la consumen por lo menos 300 mil personas en Salta y Jujuy. En tanto que Ecuador existe un mínimo cultivo – no más de 300 hectáreas - y prácticamente no hay consumidores. En Chile tampoco existen cultivos, pero existen al menos 10 mil consumidores, mientras que en Venezuela el cultivo está en ascenso en la frontera con Colombia (Catatumbo) y no existe ningún consumo tradicional de coca. Finalmente, en el Brasil el cultivo de coca de la variedad Ipadú está en ascenso y el consumo es mínimo entre comunidades nativas del este brasileño colindante con Perú y en el río Negro. 3. Complejidades de la coca La hoja de coca y su entorno socio-cultural, económico y político tiene básicamente tres dicotomías, cuatro caracteres, varias diferenciaciones y algunas dimensiones que queremos resaltar para el caso del Perú (ver el Gráfico 2). La primera dicotomía es que la coca no es lo mismo que la cocaína, aunque sí la contiene. El “mate de coca” en bolsitas filtrantes contiene cocaína y la ingerimos al tomar una infusión, pero no es lo mismo que la sustancia derivada, el clorhidrato de cocaína que es obtenido mediante procedimientos químicos en base a la hoja de coca. A los andino-amazónicos en 4 o 5 mil años de historia verde de la coca, no se les ocurrió aislar la blanca cocaína. Para conocer algo, el pensamiento occidental requiere dividir los componentes del todo, pero para los andino-amazónicos hacer esto no es normal. Lo normal es considerar la hoja de coca como un todo. La cocaína fue aislada por primera vez a mediados del siglo pasado por el austriaco-alemán llamado Albert Niemann en la Universidad de Gonttingen. Al principio la cocaína fue aceptada e incluso alentada por los médicos y empresas farmacéuticas como panacea para curar de todo, pero fue satanizada hasta nuestros días por los organismos internacionales y los gobiernos de turno debido a prejuicios anti-étnicos, anti-campesinos y psiquiátricos, desatándose una guerra feroz contra la cocaína y la misma hoja de coca. La segunda dicotomía es que el productor de coca no es un delincuente o “narcotraficante”. Se trata de un productor campesino agropecuario, generalmente colono de la sierra que se trasladó a la selva, muy pobre y con pocas alternativas de ingresos, que tiene una planta más en su parcela agrícola llamada coca, que la viene cultivando desde hace muchos años. Este productor y cultivador de coca es un ciudadano como cualquiera de nosotros, un ser humano con su familia que además de trabajar para hacer producir la tierra con sus plantas y animales, es también consumidor de hoja de coca. Este productor agropecuario no es un delincuente y más bien lo que busca con sus movilizaciones y protestas es ser incluido como persona con derechos y con deberes, aunque sabe que una parte de la producción de coca se va como materia prima para las pozas de maceración y los laboratorios clandestinos de cocaína. La tercera dicotomía se refiere a que el coquero o consumidor de coca, el que “piccha” como en el Perú, el que “acullica” como en Bolivia, el que la “chajcha” como en el norte de Argentina o el que la “mambea” como en Colombia, no es un drogodependiente o un toxicómano. El coquero no siente síndrome de abstinencia cuando deja de coquear. Está demostrado científicamente que no existe la adicción a la hoja de coca, sino que simplemente se trata de un hábito benigno que el coquero puede dejarlo o tomarlo cuando quiere, principalmente en zonas de altura, aunque no sólo allí. El coquero pues no es un toxicómano, como lo calificaron los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los años 50, calificación anticientífica recogida por la Convención Única de Estupefacientes de 1961 que encerró a la planta de la coca, la apresó, como droga maligna sujeta a alta fiscalización en la Lista 1 de Estupefacientes de las Naciones Unidas. La primera característica de la coca es que se trata de un bien cultural, de una planta que constituye un cohesivo social importante y sirve para las faenas comunales. El consumo de esta hoja de coca es parte de las buenas costumbres del mundo campesino andino-amazónico. En el mundo occidental, cuando uno llega de visita dice “no hay cariño en esta casa” y lo primero que hacen es ponerle en la mano un vaso de cerveza, vino o whisky. El cariño en la casa campesina es que a uno le invitan coca, recibida con las manos juntas, porque es parte de las buenas costumbres, un cohesivo social extraordinario que facilita las relaciones entre las personas. Además, es parte consustancial de las faenas comunales del mundo solidario y de reciprocidad andino-amazónico, sin contar su uso ceremonial y mítico religioso cuando se ofrece a la Madre Tierra, a la Pachamama, o cuando sirve como intermediaria en las adivinaciones. La segunda es que la coca es la caja chica de la familia campesina y, aparte de constituir una proporción del gasto que tienen, también es usada para la inversión y el pago de jornales, fertilizantes, semillas y herramientas. La coca le permite al campesino sembrar café, cacao, palma aceitera, maíz, arroz, frutas, cambiarla por animales menores, por ganadería, etc. La educación de los niños y los jóvenes, la compra de sus lápices, cuadernos y libros, las medicinas adquiridas en la farmacia, las herramientas y materiales para construir sus casas, generalmente son proporcionadas por la coca. La planta de la coca, es prácticamente la única que tiene 3 a 4 cosechas al año y por lo tanto constituye un ingreso monetario regular o una fuente de trueque por otros productos como fósforos, velas, vestimenta, botas, herramientas, fideos, harina y tubérculos que no se producen en la selva alta. El tercer carácter de la coca es que es materia prima para su industrialización benéfica. La cocaína legal es la más conocida por su uso terapéutico, como anestésico local irremplazable en intervenciones quirúrgicas dolorosas a la laringe, los ojos o el cuello del útero. Pero también tenemos el mal llamado “mate de coca” o infusión caliente o fría de hojitas de coca que toman millones de personas en los Andes para combatir el mal de altura o “sorojche”. No hay turista que vaya al Cusco para subir a Macchu Picchu o que visite el Lago Titicaca en Puno que deje de tomar su mate de coca. Pero el producto industrial benéfico (?) de la coca más conocido en Occidente es la Coca Cola que ha invadido el mundo y cuyo extracto – la famosa fórmula 7x, que era secreta hasta hace unos años–, se fabrica en base a la hoja de coca importada de Bolivia y el Perú. Más de 400 TM al año de verde coca son importadas por la Stepan Chemical de New Jersey, que extrae la cocaína y el extracto restante lo envía a Atlanta para producir la fórmula y repartirla por el mundo a las embotelladoras de “la chispa de la vida”. Sin embargo, a decir verdad no sabemos bien todavía si la Coca Cola es veneno, droga o las dos cosas, ya que sirve para aplacar la sed, pero dicen que también sirve para desatorar inodoros, darle vuelta a tornillos oxidados, limpiar tubos de desagües, remover suciedad en los radiadores de automóviles o sacarle brillo a las monedas. Imaginemos lo que puede hacer la Coca Cola en nuestro estómago. En todo caso, es la bebida más conocida internacionalmente, habiendo incluso llegado a la luna. Pero también se fabrican las bolsitas filtrantes de infusiones de coca combinada con otras plantas aromáticas y medicinales como menta, hierba luisa, anís, boldo, uña de gato y otras presentaciones. En el caso del Perú, estos productos los fabrica una empresa estatal pero de funcionamiento privado, que se llama Empresa Nacional de la Coca (ENACO) S.A.. Esta empresa requiere de un siquiatra como gerente para tratar su grave esquizofrenia ya que es a la vez estatal y privada, es un monopolio en un país en el que constitucionalmente están prohibidos desde 1993 y debe sobrevivir con la compra y venta de un producto al que debe combatir. Existen otras empresas que han comenzado recientemente a producir una bebida en base a hoja de coca. Una es la empresa catalana Kokka Royal Food & Drink, con sede en Barcelona y sucursal en Lima, que está fabricando una bebida estimulante llamada K-Drink, con infusión de hoja de coca y limón. La otra se llama Vortex (o Coca Energy Drink) y está siendo producida por la empresa peruana Amadeus Corporation S.A.C. Se trata de una especie de Gatorade, pero con coca descocainizada – como la Coca Cola - y es un energético y reconstituyente para muchachos y muchachas o viejos que hacemos ejercicio. Ninguna de las dos tiene en su marca registrada el distintivo “coca” y ello es así porque este distintivo está patentado por la Coca Cola. Es más, esta transnacional tiene un artículo en la Convención del año 1961, que no menciona específicamente a la Corporación pero que es obvio que fue producto del trabajo de lobby que la empresa hizo durante los debates sobre la coca en los cincuentas, cuando se formuló la Convención del año 1961. El mencionado Artículo 27 establece que se puede elaborar un agente saporífero en base a hoja de coca “que no contenga ningún alcaloide y, en la medida necesaria para dicho uso, autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión de dichas hojas”. Nada menos. La cuarta característica de la coca es que es materia prima para la producción de drogas: la pasta básica y el clorhidrato de cocaína, para su uso ilegal y para el tráfico con estos fines. Esta característica es la más conocida y satanizada actualmente. Quienes trabajamos con los agricultores, con los coqueros, con los productores y consumidores de la hoja de coca, por lo menos en Perú y Bolivia, hemos aprendido que lo que ellos tratan de hacer es afirmar los tres primeros caracteres de la hoja de coca, frente al cuarto tan propagandizado. No son ingenuos, puesto que saben perfectamente que parte importante de su producción de coca se va a la poza de maceración para producir pasta y a los laboratorios de cocaína, pero preferirían que eso no sucediera y afirman lo que son las 3 primeras características de la coca. La problemática es sumamente compleja, no es sencilla y las políticas oficiales, tanto de nuestro gobierno como el de Estados Unidos o los gobiernos europeos, reducen su entendimiento a que coca es igual a cocaína. El problema fundamental para ellos es que alimenta al llamado “narcotráfico” y, a partir de ahí, impulsan sus políticas y estrategias ineficaces de “guerra contra las drogas”. El Doctor Fernando Cabieses, sabio peruano que junto con el Doctor Carlos Monge y desde 1946 defendieron la hoja de coca para sus usos tradicionales ante organismos especializados de la ONU, como la Comisión de Estupefacientes y la Organización Mundial de la Salud, sostiene que “de la coca se sabe poco y los que dicen que saben, no saben que no saben o no son lo suficientemente honestos como para reconocerlo”. Entre estos desconocimientos y complejidades están también las diferenciaciones de la coca. La primera diferenciación se refiere a las zonas de cultivo, tal como podemos ver en el Mapa II. No es lo mismo la producción de la selva del Cuzco o Puno, en las que desde hace cientos de años se produce la mayor cantidad de coca para el consumo “pijchado” y usos rituales (zona tradicional), que la del Alto Huallaga, el río Aguaytía y los afluentes del Ucayali que comenzó con el boom del consumo de cocaína (zona reciente). Pero hay cuencas en el país que cultivaban coca antes del boom (zona antigua) en la que una parte de su producción va para usos legales y otra se orienta a la poza de maceración y el laboratorio clandestino, como en el río Apurímac y el valle del Monzón (ver el Mapa 2). Además, tal como hemos señalado, desde hace 4 ó 5 años han comenzado a surgir cultivos de coca en la zona fronteriza entre los ríos Napo y Putumayo con Colombia, Yavarí y Alto Purús con Brasil y Madre de Dios con Bolivia Allí han aparecido cultivos de la variedad Erytroxylum (Coca-Ipadú), que es una planta muy alta, con nutrido follaje y bajo contenido de cocaína, adecuada para cultivar en zonas bajas de la selva amazónica. En general, la coca no se cultiva en estas zonas bajas sino más bien entre 500 y 1,800 metros a nivel de mar, pero los “narco-biólogos” han conseguido una variedad con un mayor contenido de cocaína. La segunda diferenciación es en cuanto al comercio de hoja de coca. Es importante precisar que no existen dos mercados para la coca, uno legal y otro ilegal, como dicen los propugnadores de la “guerra contra las drogas”, sino que por lo menos existen cuatro mercados. El mercado legal que es aquel en el que se compra y comercializa coca a través de la ENACO o de empresas privadas, y cuyo origen y destino es legal (se compra a campesinos empadronados legalmente y se vende a comerciantes también empadronados quienes distribuyen la coca entre los consumidores en costa, sierra y selva). El mercado semi-legal del contrabando o “tranqueras” que son comerciantes que compran la coca directamente a los campesinos y la comercializan para el consumo legal por parte de los consumidores. El mercado de uso legal del trueque de coca por faenas comunales, por jornales en las parcelas agrícolas o por productos de otros pisos ecológicos como papa, olluco, carne de carnero o productos industriales como sal, aceite, velas, fideos, pilas o fósforos. Y, finalmente existe el mercado ilegal de coca para los comerciantes, destinada a la poza de maceración. El tema es mucho más complejo pues que lo que oficialmente pontifica el gobierno de Estados Unidos, que llega a cuestionar incluso a la ENACO ya que considera que no debe fomentar el consumo de coca y debe ser una empresa transitoria hasta que el consumo tradicional desaparezca. Sin embargo, físicamente, no hay cómo equivocarse respecto a la hoja de coca. La que va a la poza de maceración es sucia, no interesa al consumidor y no es selecta. La coca semi-seca, selecta y sin impurezas es la que va a la boca de los consumidores tradicionales, generalmente con precios más altos por ser de contrabando. Una tercera diferenciación, es la de los precios. No es cierto, por lo menos en el Perú, que en todas las zonas y momentos el narcotráfico paga más altos precios. Así por ejemplo, en Tingo María, el precio actual por arroba que paga la ENACO a los productores es de entre 50 y 60 soles, o sea entre $ 1,3 USD y $ 1,5 USD por kilogramo. Pero el precio que paga el contrabandista para venta legal es de 100 a 120 soles ($ 2,6 a $ 3,1 por Kg.) y el que paga el “narco-comerciante” para la poza de maceración es de 80 a 90 soles ($ 2 a $ 2,3 por Kg.). En el valle de los ríos Apurímac y Ene los precios son aproximadamente iguales con respecto a la ENACO, pero el precio que pagan los contrabandistas para uso legal es al revés que en Tingo María, ya que pagan más los “narco-comerciantes”, $ 3,5 USD contra $ 1,5 USD por Kg. Últimamente, en el valle del Monzón, que es un afluente del Alto Huallaga y desemboca al lado de Tingo María, estos precios han llegado hasta $ 4 y $ 5 por Kg. Otra complejidad de la hoja de coca son las dimensiones que tiene. En cuanto a los productores, a nivel nacional en el Perú no son más de 50 mil. De estos, los que le venden su coca a ENACO y están empadronados, son aproximadamente 12 mil, los que la venden al contrabando de uso legal son 24 mil y los que la venden para el tráfico ilícito de drogas son aproximadamente 14 mil agricultores. En cuanto a la extensión de cultivos, aunque las cifras son cuestionables y cuestionadas, existen actualmente en el Perú alrededor de 12 mil hectáreas legales y empadronadas en ENACO, entre 19 y 53 mil hectáreas ilegales destinadas al narcotráfico y no menos de 60 mil Has. en abandono que pueden ser recuperadas por el incentivo del aumento de los precios. En cuanto al volumen de comercio de coca, alrededor de 3 mil TM al año son acopiadas por la ENACO, 6 mil TM por el contrabando con destino legal y entre 19 y 53 mil TM son destinadas para el tráfico ilegal de drogas, con las que se puede producir entre 75 y 210 TM de clorhidrato de cocaína para exportación. El consumo interno de cocaína es reducido y probablemente no llegue a 1 TM al año. El consumo tradicional en el Perú es de un poco más de 3 millones de "pijchadores" de coca y alrededor de 1 millón más que la consumen en infusiones u otros usos benéficos, tal como ha establecido la encuesta nacional que realizó en el 2003-2004 el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), por encargo de la Comisión Nacional para una Vida sin Drogas (DEVIDA). Asimismo, existen alrededor de 40 mil consumidores regulares de pasta básica de cocaína y 35 mil de clorhidrato a razón de 1 a 3 dosis semanales. 4. Balance del desarrollo alternativo En este tema voy a referirme básicamente al Perú que es la experiencia que más conozco. No obstante, varios de los problemas señalados también se han repetido con sus particularidades en el caso de Bolivia, pero no conozco suficientemente la situación colombiana para hacer referencias a ella. Comienzo informando que desde 1995 en el Perú se impulsaron proyectos y programas de “desarrollo alternativo” con el objetivo de: 1) reducir la pobreza rural; 2) promover el desarrollo integral sustentable; 3) contener la migración de la sierra a la selva; 4) proteger el medio ambiente andino-amazónico; y, 5) disminuir los cultivos de coca con fines ilícitos. Los proyectos y programas fueron ejecutados por ONGs, consultoras privadas y organismos públicos, principalmente con fondos del Tesoro Público (US$ 250 millones), Estados Unidos (US$ 190 millones), pero también de Europa (US$ 50 millones) y Canadá (US$ 10 millones). Sin embargo, el esfuerzo realizado en 10 años - la mitad con cooperación internacional y el resto con Tesoro Público -, ha sido ineficiente con relación a los objetivos buscados: 1) no se ha reducido la pobreza rural; 2) el desarrollo integral sustentable está pendiente; 3) la migración hacia la selva continúa; 4) ha continuado la tumba y quema de bosques para coca, pero también para productos del desarrollo alternativo; y, 5) los cultivos de coca con fines ilícitos se han dispersado y convertido en un blanco móvil, como hemos visto. Quizá eran demasiados objetivos para tan pocos recursos nacionales e internacionales que buscaban resolver un problema enormemente complejo. Creo sin embargo que el problema eje no ha sido la falta de recursos, tal como es la permanente queja del ente estatal que orienta estos programas – la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) -, sino la estrategia desarrollada y la manera de gastar estos recursos. Además de inversiones en infraestructura económica y social, así como en el fortalecimiento institucional de municipios, organizaciones de productores y educación medio-ambiental, los principales productos o actividades promovidas en los diversos valles han sido los siguientes: 1) café, cacao, ajonjolí, barbasco y frijol en el Apurímac-Ene; 2) cacao, palmito, té, banano y piña en el Alto Huallaga; 3) palma aceitera, palmito, cacao, banano, piña y reforestación en el Aguaytía; 4) palmito, ganadería para leche, banano y reforestación en el Pichis-Palcazu; 5) arroz, cacao, reforestación y ganadería en el valle del Monzón; 6) café, ganadería para leche, arroz, maíz, palma aceitera y pijuayo para palmito en el Huallaga Central; 8) café, achiote, cochinilla y ganadería en el Alto Urubamba (Quillabamba) y, 7) café, cacao, cítricos y ganadería en Sandia. Hemos dicho que el “desarrollo alternativo” en el Perú ha sido ineficiente con relación a los objetivos que se buscaron, pero además, durante el impulso de planes, proyectos y programas se han cometido errores y, además, se ha errado en la estrategia productiva impulsada. Esto ha llevado a muchos, especialmente a los agricultores “beneficiados”, a las autoridades locales y a estudiosos, a afirmar que el “desarrollo alternativo” es: 1) un éxito a medias, 2) un fracaso completo o 3) un éxito técnico-productivo pero un fracaso económico para las unidades familiares campesinas. Existen demasiadas evidencias, testimonios, evaluaciones y estudios que han demostrado que alguna o todas estas tres evaluaciones han sido así, pese a que los organismos del Gobierno y la cooperación internacional sostienen en sus publicaciones y propaganda que el “desarrollo alternativo” es un éxito rotundo con algunos errores corregibles. Muchas son las razones técnicas, sociales y políticas para considerar que el “desarrollo alternativo” es más bien un fracaso y que es necesario dar un viraje estratégico en su concepción e implementación. Aquí quiero compartir básicamente los siguientes hechos: 1) Se partió del principio de erradicar e incluso fumigar cultivos de coca, sin entender las complejidades socio-culturales y económico-ecológicas que este cultivo entraña, poniendo la carreta delante de los caballos, es decir la reducción de cultivos como condición previa para el desarrollo. Por lo menos en el Perú y Bolivia, los campesinos consideran que la coca no es ni puede ser erradicable, ya que es parte de su cultura y ellos mismos la consumen en relación con sus buenas costumbres y creencias míticas: es una hoja sagrada. 2) No se identificó productos y actividades que fueran acordes con la disponibilidad y aptitud de los suelos y con el conocimiento propio de las poblaciones en cada zona. Es decir, más desorden en el uso de tierras y menos cultura local es lo que trajo el “desarrollo alternativo”, al no impulsar primero un proceso social y político de Zonificación Económica y Ecológica y no respetar la cultura campesina local. 3) Las opciones productivas seleccionadas no han sido compatibles en varios casos con zonas ecológicas de selva alta que, en general, por lo menos en el Perú, no son aptas para agricultura de exportación. La fórmula mágica aplicada es muy sencilla: coca = cocaína, cocaína = dólares y dólares = exportación. Por lo tanto, hay que promover productos de exportación para que los agricultores tengan todo lo necesario que la coca les proporciona. No obstante, los estudios de ingenieros agrónomos y forestales sobre la selva alta del Perú, concluyen que no es apta para la agricultura de exportación, dada su fragilidad ecológica. Es apta para la agricultura y punto. No para la exportación, en un mundo globalizado que requiere grandes cantidades de producción y unidades productivas campesinas y parcelas son pequeñas. Creo que esta no es una situación aplicable para el caso de Colombia y menos del Magdalena Medio que en las tierras planas tiene más opciones productivas de exportación. 4) Parte importante de los productos agrícolas promovidos no estuvieron orientados a la construcción de mercados locales y regionales sino a la exportación cuyos precios fueron fluctuantes y en declive entre 1999 y 2004, como el caso del desplome de los precios del café. Los precios del arroz y del maíz, productos de consumo interno, fueron afectados hacia la baja por las importaciones y por estas políticas antirurales impulsadas. El caso del café es un escándalo ya que 35 a 40% de los fondos de USAID para el “desarrollo alternativo” en aspectos productivos, se destinaron a instalar 35 mil hectáreas nuevas para 25 mil agricultores entre 1995 y 1997 cuando ya se sabía que los precios se desplomarían hacia 1999 debido a la instalación de más de 1 millón de hectáreas nuevas de café en el Sudeste asiático …. Promovidas por el Banco Mundial y el Eximbank de Estados Unidos. 5) Hubo deficiencias y errores en la elección del paquete tecnológico-productivo para la unidad familiar campesina cuyo principal recurso disponible es la mano de obra familiar. La complejidad de la economía campesina, es un tema que no nos entra en la cabeza a los promotores del desarrollo. Esta complejidad es diferente en Bolivia y aquí en Colombia no la entiendo bien, pero diría que en general es poco entendida por nosotros: los campesinos no tienen la misma contabilidad y tiempos nuestros. La fórmula coca = cocaína = dólares, ellos no la entienden ya que ellos contabilizan horas o días empleadas por la mano de obra disponible en su unidad familiar. Esta unidad compleja no es sólo padre, madre y tres hijos, sino además primos, cuñados, abuelos, vecinos del frente, entenados y otros. Además los miembros de la unidad recorren diversos pisos ecológicos durante el año, de acuerdo con tiempos agrícolas que nosotros no solemos entender ni considerar al tomar decisiones por ellos. 6) Varias actividades económicas alternativas no consiguieron los rendimientos esperados y terminaron por inducir a los productores a regresar al cultivo de coca. Como hemos dicho, para la unidad familiar campesina no es siempre el dinero lo que cuenta y ello es algo que nosotros no entendemos. Asimismo, estamos acostumbrados a recomendar agricultura de mono o bi producción propia de realidades simples como las estepas de Europa o las praderas de Estados Unidos. No entendemos que la mayoría de unidades familiares campesinas andinas y amazónicas son productoras de diversos productos agrícolas y actividades económicas en varios pisos ecológicos. 7) Si bien varios productos eran reemplazables en el corto plazo respecto a la coca (arroz, fríjol, palma, cacao, ajonjolí y barbasco) no tuvieron mercados seguros y sostenibles, lo que llevó a la frustración e incluso ala indignación en demasiados casos. Se produjo desconfianza y esta impidió que los promotores del “desarrollo alternativo” comenzaran a recomendar el impulso de actividades agro-silvo-pastoriles sostenibles para la unidad familiar campesina. La formación y evolución de los precios indica que si bien varios productos “alternativos” eran rentables en el corto plazo respecto a la coca – arroz, frijol, palma, cacao, ajonjolí y barbasco, por ejemplo -, no tuvieron mercados seguros y sostenibles. Asimismo, la determinación de opciones y la información hacia los agricultores, subestimó costos y sobreestimó ingresos, induciendo a desarrollar actividades no resultaban rentables. 8) No hubo acceso a crédito rural favorable puesto que los sistemas crediticios existentes son actualmente incipientes y para actividades urbano-comerciales de ingresos medios (con garantías prendarias), lo que afectó la competitividad de sus productos. Se ha tendido a considerar a los agricultores como mendigos y no como empresa campesina compleja. Hay una diferencia muy grande con países desarrollados o ustedes en Colombia: nosotros hemos sido neoliberales fundamentalistas y por ello hemos eliminado el Banco agrario. Ya quisieran los campesinos peruanos tener una instancia que les de créditos y proteja su producción agrícola. 5. Hacia una propuesta desde abajo y adentro Frente a estos problemas derivados de una estrategia mal encaminada ¿qué plantean los campesinos cocaleros en el Perú? En resumen, lo que plantean es que el tema de la coca y los agricultores cocaleros es en primer lugar humano, luego político y finalmente técnico. En ese orden es que ellos y ellas formulan sus propuestas. No al revés, tal como exigen los “operadores” del “desarrollo alternativo” quienes sostienen que el tema es primeramente técnico y de falta de recursos, de ninguna manera es político y el resultado humano no es tal porque los agricultores de coca son “narcocultivadores” y la hoja es una droga. Planteado así, se trata de un diálogo de sordos. 1) El tema humano parte de una palabra clave: respeto. Es decir, la afirmación de derechos y la construcción de ciudadanía. Esto lo dijo una dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de la Cuenca Cocalera del Perú (COMPACCP) en un programa de televisión en Lima: Elsa Malpartida, productora agrícola y de hoja de coca de Tingo María en el departamento de Huanuco, selva central del Perú en pleno Alto Huallaga. Los cocaleros quieren dejar de ser excluidos y considerados delincuentes, buscan convertirse en ciudadanos con deberes y derechos, ser empadronados por los organismos pertinentes del Estado amparados en una nueva Ley de Coca, que sus organizaciones representativas sean reconocidas como interlocutoras válidas, que sus propuestas sean consideradas en el impulso de políticas, estrategias y acciones del Estado y la cooperación internacional y, finalmente, quieren ser considerados como parte de la solución y no como el problema con relación a los dos fenómenos que supuestamente se quiere combatir: la pobreza y el tráfico ilícito de drogas. 2) El tema político se basa en que los agricultores y sus dirigentes proponen a los gobiernos pensar con cabeza propia y elaborar e impulsar democráticamente una Política de Estado sobre Drogas y Coca y no seguir aplicando la Política de Estados Unidos sobre estos temas, ya que sus remedios resultan peores que la enfermedad que se quiere curar. La globalización no implica perder la soberanía en el diseño, discusión, aprobación e impulso de políticas a favor de cada país con respecto a los problemas que lo aquejan. La producción de coca en exceso, su transformación en drogas, el tráfico ilegal de drogas de uso ilícito, el tráfico de precursores químicos para producirlos, el lavado de dinero proveniente de estos tráficos y el abuso en el consumo de drogas son temas globales e interdependientes, pero cada Estado tiene el deber y el derecho de impulsar políticas nacionales para proteger a sus ciudadanos, siempre y cuando estas no atenten contra otros países o se opongan a los convenios internacionales. 3) El tema técnico es que los agricultores tienen propuestas que vienen desde abajo y adentro generales y específicas. Las propuestas generales son, en primer lugar, “desnarcotizar” las relaciones con Estados Unidos, priorizando comercio e inversión y diversificándose hacia Brasil, el Mercosur, la CAN, Europa, Canadá y Japón. Estos temas son los que han discutido los dirigentes en el II y III Congreso de la CONPACCP en Lima en el 2004 y 2005. Los agricultores se oponen a la forma como se está negociando el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y plantean esquemas de complementariedad, no de sumisión, con los bloques mencionados – Mercosur y CAN - buscando relativizar y/o subordinar el APTDEA concedido por Estados Unidos y al SGP de Europa ya que ambos están condicionados a la lucha antidrogas, es decir, ala erradicación de cultivos. En esta perspectiva diversificadora los productos posibles que proponen son: cafés especiales, cacao crudo y pasta sin desgrasar, hilados de algodón nativo, etanol de caña, achiote-bixina, barbasco-rotenona, camu-camu, cocona, cúrcuma, guanábana, kión-gengibre, macadamia, maracuyá, palillo, pijuayo-palmito, piña, té, uña de gato, yerba luisa, etc. Ninguno de estos productos ha sido favorecido realmente con el APRDEA y tampoco lo serán con el TLC con Estados Unidos tal como está siendo negociado. Por otro lado, los agricultores plantean participar activamente en la elaboración e impulso de una Política de Estado sobre Coca y Drogas, la defensa nacional e internacional de la hoja de coca, excluirla de la lista 1 de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Asimismo, los agricultores se oponen a la erradicación forzosa de cultivos y plantean una estrategia de auto reducción, manual, gradual y concertada con la participación de los agricultores y autoridades locales. En lo específico, los agricultores plantean que el problema de los cultivos de coca es agrícola y no policial represivo, que se requiere un trabajo previo de zonificación económico-ecológica, análisis de suelos y reestructuración parcelaria. También plantean participar en toda la cadena de planes, proyectos y programas, no solo en la parte inicial para recoger información y la parte final decirles muchas gracias por ayudarnos y se acabó la plata, sino en todo el proceso o ciclo del proyecto. Como hemos dicho, en el Perú se han invertido alrededor de 250 millones de dólares en ocho años para el “desarrollo alternativo”, por parte de la cooperación internacional y la verdad es que se ha quedado en el camino la mayor parte de este dinero. He trabajado en el organismo encargado del tema de drogas en el Perú durante los primeros meses de gobierno de Toledo y los cálculos que hicimos eran realmente escandalosos: 50% de los fondos comprometidos no entraban realmente al Perú, del 50% restante el 25% por ciento se quedaba en Lima y sólo el 10% llegaba a los campesinos en tanto que el otro 15% se usaba en gastos administrativos y cemento y fierro para obras inaugurables para efectos electorales. Entonces, los agricultores tienen razón en exigir que les den información transparente. Los dirigentes plantean también que se realice un estudio integral y de mercado sobre la coca en aspectos de cultivo, producción, comercio y consumo y no sólo esto último, que es lo que se ha hecho en el 2003, para realizar luego realizar un empadronamiento y registro de agricultores cocaleros y no cocaleros. Sostienen asimismo que es indispensable un programa crediticio agrícola que subsidie la pequeña producción parcelaria y que se deben construir y consolidar mercados locales, regionales y nacionales más que destinar todo para la exportación. Finalmente, plantean que es necesario reorientar las políticas agrarias nacionales y de comercio internacional. 6. A manera de conclusiones ¿Qué alternativas pueden plantearse con relación a la “guerra contra la droga” y el “desarrollo alternativo”?. Pues, en primer lugar y acorde con nuestra experiencia en el Perú, aprender y seguir las sugerencias que vienen de abajo y adentro. En cuanto ala “guerra contra la drogas”, se puede constatar que la demanda por drogas de uso proscrito en el mundo parece no amainar y cada vez más expertos, funcionarios y Gobiernos coinciden con que, mientras no sea posible adoptar una política internacional de legalización o normalización de las drogas, se debe “administrar” el fenómeno. Para ello, comienza a construirse un consenso respecto a que las medidas a adoptar deberían estar enmarcadas en una Estrategia Integral de Reducción de Daños (EIRD) que, resumidamente, consiste en: 1) Ser planteada e impulsada a nivel del consumo, la producción y el tráfico de drogas, no sólo en la parte final de la cadena que son los consumidores, tal como se discute actualmente en Europa, lo que significa necesariamente revisar y cambiar los tratados internacionales sobre drogas y las listas clasificatorias correspondientes. 2) En cuanto al abuso en el consumo, debe impulsarse políticas de prevención primaria y en medios de comunicación, junto con rehabilitación de drogodependientes con terapias de sustitución y tratamiento social ambulatorio, considerando el fenómeno de las drogas como un problema educativo, cultural y sanitario y no penal policivo. 3) Respecto al tráfico, debe encararse con fino trabajo de inteligencia y concepción integral, lo que implica que la interdicción debe ser sobre los eslabones intermedios de la cadena, no contra los consumidores finales y productores iniciales de la materia prima, es decir, contra los cabecillas de las bandas, los empresarios y banqueros lavadores de dinero, los traficantes de precursores químicos y los abastecedores de armas y explosivos para sicarios y terroristas. 4) A nivel de la producción, dado el cultivo de plantas proscritas es esencialmente un problema socio-económico y cultural, no penal represivo, significa distinguir campesinos de delincuentes, fortalecer sus asociaciones, respetar sus usos y costumbres como la coca para picchar y otros usos legales, concertar propuestas socio-económicas integrales alternativas e impulsar la reducción gradual y concertada de cultivos, sin uso de productos químicos o biológicos. 5) En esta discusión es cada vez menos verificable la división entre países productores responsables de la oferta y países consumidores responsables de la demanda, como enfoque unilateral que distorsionó el concepto de responsabilidad compartida que se adoptó como principio internacional en la Convención de Viena sobre drogas de 1988. En lo referente al “desarrollo alternativo”, todo parece indicar luego de más de 25 años de experimentos frustrantes aplicados en los países andinos y otras regiones, es necesario reformularlo e impulsar más bien un Desarrollo Rural Integral Sostenible y Sustentable (DRISS) que ponga los caballos delante de la carreta. Esto significa: 1) Comprender que los temas centrales son la pobreza, la exclusión, la falta de desarrollo humano sostenible, la precariedad de estructuras democráticas, la inseguridad ciudadana y la poca presencia institucional privada y pública y no centralmente los cultivos con fines ilícitos cuya disminución es el eje del “desarrollo alternativo”. Con esta otra perspectiva, la mejor forma de disminuir los cultivos con fines ilícitos es impulsando la lucha contra estos males y no poner esta disminución como precondición para apoyar y financiar un proceso tipo DRISS. 2) El impulso de un programa DRISS debe comenzar por conocer la realidad de cada zona mediante un proceso social, político y participativo además de técnico y no al revés, de Zonificación Económica-Ecológica (ZEE) para el Ordenamiento Territorial (OT). Este es el primer paso y precondición para las propuestas concretas de planes, programas y proyectos. 3) Los planes, programas y proyectos, discutidos participativamente con la población y autoridades de cada zona, deberán buscar viabilidad socio-económica, sostenibilidad en el tiempo, sustentabilidad ecológica y sinergias entre los esfuerzos de los agricultores, las autoridades locales, el Gobierno Central y la cooperación internacional. 4) De acuerdo con lo anterior, se debe identificar problemas y proponer soluciones en torno a un programa que debe basarse en una equilibrada articulación de sostenibilidades en las zonas de intervención en torno a los siguientes cuatro marcos: económica-productivo, ecológico-medioambiental, socio-cultural y político-institucional. Los indicadores claves y las acciones básicas para la formulación, monitoreo y evaluación del programa DRISS a impulsar en cada marco serían los siguientes: a) Niveles de ingresos familiares sostenibles y adecuados a consecuencia de una articulación de los bienes y servicios producidos en condiciones competitivas hacia los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales –preferentemente en eses orden -, mediante la construcción y mejoramiento de sistemas de riego, vías de acceso (caminos vecinales) y pasturas; b) Hectáreas con sistemas de manejo de cuencas para la protección y utilización de los recursos agropecuarios y forestales explotados en base a ZEE y OT, saneamiento de propiedad de tierras y estudios de impacto ambiental de las obras. c) Existencia de organización socio-económica (asociaciones, cooperativas, juntas vecinales, juntas de regantes, etc.) con capacidad de gestión, niveles adecuados de recepción/contención migratoria adecuados y respeto a patrones culturales de consumo en base a prácticas de democracia participativa, orientación descentralista y planificación estratégica participativa. d) Existencia de institucionalidad estatal y de sociedad civil organizada y fortalecida que garantice la continuidad de la democracia, gobernabilidad y eficacia a nivel local y regional, tomando como base los municipios distritales. 5) Estas sostentabilidades se deben dar en un entorno adecuado de: relaciones externas, seguridad nacional y ciudadana, fortalecimiento ético e institucional y equilibrio macroeconómico y sectorial sano. Los indicadores claves y las acciones básicos para cada una de éstas precondiciones del entorno deberían ser los siguientes: a) Relaciones exteriores que promuevan la seguridad fronteriza, el comercio justo, el aprovechamiento de las preferencias arancelarias, la integración económico-comercial regional y un clima adecuado para las inversiones y la colaboración de la cooperación internacional para el desarrollo. b) Seguridad ciudadana y estabilidad política que esté garantizada por el Estado y por el comportamiento de los ciudadanos organizados – partidos políticos y sociedad civil -, lo que implica controlar el TID, reducir los cultivos de coca con fines ilícitos y combatir los remanentes de la subversión terrorista c) Existencia de un Poder Judicial probo, sistemas de fiscalización eficaces, denuncia y procesamiento de individuos y/o instituciones públicas y privadas que incurran en actos de corrupción y persecución y procesamiento de la delincuencia común. d) Estabilidad macroeconómica en términos de control de la inflación, estabilidad cambiaria, tasas de interés adecuadas y presión tributaria sostenible, así como coherencia en el impulso de políticas sectoriales: agrícola, arancelaria, crediticia y manejo de recursos naturales. Termino con dos reflexiones de amigos agricultores cocaleros del Perú. Dante Deza, agricultor del Alto Inambari en la selva del Puno nos da su opinión sobre lo que venimos analizando: "Para nosotros el desarrollo alternativo es que solicitamos sal para hacer charqui y nos entregan detergente con el que no sabemos lavar ropa porque la lavamos con piedra en el río, pedimos semillas y crédito para plantar y nos plantan cemento y piedras para inaugurar, deseamos asistencia técnica y capacitación agropecuaria y nos dan talleres participativos para sacarnos información, pedimos información sobre los fondos internacionales y nos dicen que no se puede porque es secreto”. Por otro lado, en el “desarrollo alternativo” al parecer todas las puertas están cerradas para no dejar ver cómo marchan realmente los proyectos, planes y programas. Doña Azucena Veramendi, agricultora cocalera y alcaldesa de Cuyaco en el Valle del Monzón en donde acaba de culminar un evento sobre el tema del TLC lo expresa crudamente de esta forma: "Para nosotros el desarrollo alternativo es que siembran los proyectos en una mesa, los cultivan en una pizarra, los cosechan en computadora y los venden en spots publicitarios de televisión”. ***** Respuesta a preguntas de asistentes ¿Por qué no se explota más las posibilidades alimenticias de la hoja de coca lo que está debidamente demostrado por una investigación de la Universidad de Harvard? Hugo Cabieses: La hoja de coca no es alimento, pero el contenido medicinal de la hoja si es evidente. Uno ve a señoras y señores que se ponen dos hojas de coca o toman infusiones de coca para el dolor de cabeza. O las parturientas que “´picchan” o ‘mambean’ su coca antes, durante y después del parto porque es un extraordinario coagulante natural. Los usos medicinales y estimulantes de la hoja parece son enormes, pero como he dicho antes, de la coca se sabe muy poco debido a que está satanizada nacional e internacionalmente. Por lo tanto, la Universidad de Harvard no podía hacer investigación en base a seres humanos que consuman coca porque cometían un delito. Entonces, lo que hizo fue un análisis de la hoja de coca y su contenido alimenticio, pero no de la fisiología de la coca, es decir del comportamiento que su contenido tiene en el cuerpo humano. El término narcotráfico está mal utilizado porque lacoca y la cocaína son estimulantes ¿no es así? En efecto, cuando se habla de la lucha contra el “narcotráfico” el término está mal utilizado ya que viene del inglés “narcotics”, que era la droga adormecedora fundamental que se usaba en Estados Unidos a principios del siglo pasado. Pero el uso de este término, que es una caretgoría más bien ideológica y geopolítica que científica, se ha generalizado. Efectivamente la cocaína es un estimulante como la marihuana es un alucinógeno. Lo que es claro es que hay que distinguir el tipo de drogas de la que se habla y parte del discurso de la “guerra contra la droga” es el mal uso de los términos. ¿Cuándo comenzó el punto de inflexión del conflicto armado en el Perú? Hugo Cabieses: Cuando la población organizada se manifestó en contra de la violencia. En el momento en que esta denuncia y protesta se hizo masiva sin distinguir clases ni sexos ni religión. En ese momento es que comenzó a resolverse el conflicto. La alianza se por parte del Gobierno de entonces con los pequeños y medianos productores agropecuarios para enfrentar el fenómeno de la violencia. Esa alianza significó el respeto y no la criminalización de estos sectores. Ese es el caso del Perú, pero presumo que conflicto de Colombia es más complejo y enredado como el pelo de un loco. Seguramente me tomará varios años entender el tema de Colombia y, el que ustedes tienen en el Magdalena Medio es más complejo todavía. Es demasiado complicado y me parecería deshonesto y arrogante opinar sobre eso habiendo estado en la zona menos de dos meses y por primera vez. ¿Cómo es eso del ordenamiento territorial en el desarrollo alternativo y cómo nos podría ayudar en el Magdalena Medio? Hugo Cabieses: Lamentablemente el Ordenamiento Territorial no ha sido el primer punto de los programas de “desarrollo alternativo”. Sin embargo, sí ha sido el primer punto que los agricultores le han planteado al Gobierno. Lo primero que hay que hacer, dicen los agricultores y sus dirigentes, es un estudio de suelos para saber qué tipo de productos son buenos para ese suelo o para el piso ecológico en donde está el cultivo. Además, se trata de un proceso de Zonificación Económica y Ecológica y de un Ordenamiento Territorial que no es sólo ni principalmente técnico sino político y social. La que se ha hecho es contratar a cuatro consultores para que hagan el ordenamiento que es un proceso social y político como el que aplicaron en el sur de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Se trató de un proceso participativo con los alcaldes, los ciudadanos y los campesinos. Eso incluyó procesos de traslado de gente y de redistribución de tierras y actividades. Sin embargo, también es un proceso técnico en el que hay que usar el Sistema de Información Georeferenciado, el GPS, etc. En el Perú a los alcaldes y autoridades locales les exigen el Ordenamiento Territorial para lograr las transferencias municipales de fondos. Entonces, lo que hace el municipio es contratar a un estudiante recién egresado, le da un dinero para que haga un informe de 40 páginas que cumpla con el requisito. Pero ¿para qué sirvió ese ordenamiento?, ¿Qué resolvió en términos de propuestas y alternativas?. Prácticamente nada. Hugo Cabieses.- Quiero compartir con ustedes una observación y hacer una pregunta. La semana pasada venía de Aguachica a Barrancabermeja en un bus y observé unos palitos altos con unas banderas blancas. Entonces dije que paráramos porque ahí vendían chicha. En el Perú es así. Cuando hay un palito con bandera blanca es porque venden chicha, uno para y se queda ahí platicando con la gente y tomando chicha. Pero si la bandera es roja quiere decir que no han elaborado chicha ese día. Cuando pregunté, me dijeron que no eran palitos de donde se vende chicha, sino para evitar que choquen las avionetas que fumigan cultivos de palma aceitera. Pregunté si la palma aceitera se fumigaba en Colombia y me dijeron que sí. En el Perú hay un proyecto grande de palma aceitera, aunque pequeño para ustedes con cinco mil hectáreas con ampliación a 2.500 hectáreas más, que es de la empresa privada. Sin embargo, se cultiva con control biológico de plagas. La guerra que tuvimos obligó a la eliminación de fertilizantes e insecticidas químicos porque no podían entrar a la zona y cuando las avionetas intentaban fumigar se las echaban abajo. Entonces la empresa desarrolló un sistema biológico para el control de plagas. Mi pregunta es: ¿aquí se está tratando de desarrollar algo parecido? Respuesta.- Hasta donde tenemos conocimiento no y en efecto, sólo en Puerto Wilches, según los datos que tenemos estamos hablando alrededor de 40 mil hectáreas, sólo en Puerto Wilches de palma, con una 12 mil en Sabana de Torres y unas ocho mil en San Alberto y San Martín. En Puerto Wilches son manejados por tres empresas todas asociadas a Fedepalma. Conclusiones y comentarios Hugo Cabieses Cubas.- Después de las inmensas diferencias andinas que he intentado compartir con ustedes, me preguntó si son posibles políticas comunes andinas sobre el tema de los cultivos ilícitos y yo creo que sí. Esto lo desarrollo en los siguientes puntos. Primero hay que construir una perspectiva de reducción de daños por el lado de la producción, el tráfico y el consumo de drogas. En segundo lugar es necesario construir una Política de Estado Regional sobre el tema del tráfico ilícito de drogas, y hay bases para ello, como es la Declaración de Carabobo firmada no sólo por los países andinos sino por todos los latinoamericanos. Tercero, es indispensable realizar una evaluación común, transparente y con participación de los de abajo y adentro sobre los fracasos de la política de drogas que se está impulsando, en particular el “desarrollo alternativo”. Cuarto, es necesario convencer a nuestros gobiernos sobre una estrategia gradual, concertada, voluntaria de reducción de cultivos con miras a eliminar la fumigación y en particular en los parques nacionales. Quinto, creo que es necesario coordinar los planes, programas y proyectos que están orientados hacia ese desarrollo rural integral sostenible y sustentable. Los recursos internacionales salen del mismo sitio, estamos recurriendo a las mismas fuentes internacionales. Y, sexto, creo que es necesario que nos acompañemos mutuamente por el respeto de un recurso natural, un elemento fundamental de la cultura andina amazónica, como es la hoja de coca. Sé que para los colombianos este es un tema que está vinculado mucho más con el conflicto, con la violencia, que para nosotros. Pero necesitamos un apoyo internacional para que la coca salga de la lista uno de estupefacientes como ustedes requieren esta apoyo para cesar las funmigaciones. - Hugo Cabieses Cubas, es Economista, director de la Asociación Civil DRIS, asesor externo del Congreso de la República del Perú en Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, asesor técnico de organizaciones de productores agropecuarios de cuencas cocaleras y consultor internacional en desarrollo rural sostenible. Exposición realizada en Barrancabermeja el 17 de mayo del 2005.